La historia incómoda que no quieren contar en México sobre la » Pornografía Infantil»

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Por Lydia Cacho.

17:25 hrs.

Cimacnoticias/Ciudad de México, 2 de julio de 2019.- La anatomía de la impunidad está siempre a la vista, lo que hace la  diferencia para comprenderla es desde dónde se narra y quién trabaja para desviar la conversación hacia un lugar confuso que favorece al Sistema político que se retroalimenta de corrupción
todos los días, gobierne quien gobierne el país.

 

Aquí la explicación
concisa de por qué el ex gobernador de Puebla, Mario Marín y el
magnate Kamel Nacif Borge, quien compró niñas por 3 mil dólares
(según constancia judicial y llamadas telefónicas entre ellos
haciendo la compraventa), siguen prófugos, libres y sin ser
detenidos por haberme torturado y encarcelado ilegalmente.
En 2005 publiqué mi investigación Los Demonios del Edén: el
poder detrás de la pornografía infantil. El nombre y el libro siguen
vigentes porque todos los implicados, poderosos políticos y
empresarios, se han mantenido en el poder o cerca de él a pesar de
la evidencia judicial de su participación en una red de explotación
sexual comercial de niñas, lavado de dinero y pornografía infantil.
Publiqué todos sus nombres, desde Emilio Gamboa, hasta Kamel
Nacif. El único prisionero es el violador y vendedor de niñas Jean
Succar Kuri, sentenciado a 112 años y, hace un mes, sí durante la
4T, una red de corrupción al interior del Poder Judicial de la
Federación lo sacó del penal de alta seguridad de La Palma, para
llevarlo a la cárcel municipal de Cancún, donde ya pide pre-
liberación por edad y salud, a pesar de que el delito de trata de
niñas no admite ese privilegio.
Los responsables: jueces y magistradas del Poder Judicial Federal
coludidas con los de Puebla, Edomex y Quintana Roo. Se une a
ellos la omisión de la Suprema Corte de justicia y la inacción del
Consejo de la Judicatura que, como órgano disciplinario ya tiene
los informes y no actúa.
Desde diciembre 2005 debido a las amenazas de muerte y a la
acusación penal por difamación y calumnia en mi contra,
interpuesta por los tratantes de personas y orquestada por el Poder
Judicial de Puebla, bajo ordenes del entonces gobernador Mario
Marín y su financiador de campaña Kamel Nacif Borge, me vi
obligada a demostrar los crímenes y construir, con recursos
personales, mi propia defensa y la de las víctimas de entre 2 y 14
años. Junto a José Luis Santiago Vasconcelos, entonces Fiscal de la
Subprocuraduría de investigación de delincuencia organizada,
demostramos que mi libro efectivamente documenta una red formal
de delincuencia organizada, blanqueo de capitales, pornografía.
infantil y trata de niñas y niños. La evidencia quedó en manos de
tres instancias de PGR (hoy FGR) SIEDO (hoy SEIDO), y
FEVIMTRA entonces encabezada por Sara Irene Herrerías. La
corte de California que tenía detenido a Succar Kuri, admitió 7
videos y fotografías de pornografía infantil en que se veía a los
pederastas violando niñas hasta de 4 a 13 años, consideró prueba
legal suficiente para arrestarlo y extraditarlo a fin de ser juzgado
por esos delitos en México. Esto sucedió durante todo el sexenio de
Felipe Calderón. Bajo amenazas de muerte y, evadiendo a personas
financiadas por esa red, para desacreditarme, di una batalla legal
durante seis años más, cuatro abogados se vendieron, llevé el caso
a la Suprema Corte; viví 5 años con escoltas y atentados a mi vida.
Dentro de PGR fueron rasurando el expediente. El gobernador
Marín mandó a robar una computadora con evidencia a las oficinas
de CNDH. De pronto el expediente de Delincuencia Organizada de
fue minimizando, llevándolo hacia abuso sexual de menores y
tortura en mi contra, eliminando el lavado de dinero y la trata de
niñas; no pudieron desaparecer toda la evidencia de la cuál tengo
copias porque la volví a llevar cuantas veces la requirieron. El
entonces Procurador General Eduardo Medina Mora me dijo en sus
oficinas que al líder Succar Kuri sí lo iban a juzgar, pero a Marín,
Nacif y Yunes no, porque “estaba complicado”. Demostré que la
complicación eran los pactos políticos y favores recibidos. Ello me
costó una amenaza de muerte, un atentado y mi salida temporal de
México.
Las y los responsables: Emilio Gamboa Patrón. Felipe Calderón
protegió a Miguel Ángel Yunes Linares; la ex fiscal Sara Irene
Herrerías y entonces procuradora de Províctimas no impulsó la
evidencia de trata de niñas. Olga Sánchez Cordero Ministra de la
Corte (que negó mi tortura en 2007 y que en 2019 tuvo que
reconocerla forzada por ONU Ginebra, que ratificó formalmente
los hechos). Magistrado Ricardo Velázquez Cruz operador de
Mario Marín para facilitar la corrupción de la jueza en mi contra y
defensor encubierto de Kamel Nacif. Todos los funcionarios de
esas instancias del sexenio de Enrique Peña Nieto, que congelaron
los expedientes y entorpecieron cualquier pesquisa que logré abrir
con mis abogados, mientras el caso se juzgaba ante el Consejo De
Derechos Humanos en Ginebra. Ya han pasado 13 años de batalla
contra la delincuencia organizada y el sistema político/judicial.
Este 22 de junio 2019, plena 4T, de nuevo nombrada Fiscal, Sara
Irene Herrerías publicó una carta de 4 folios en El Universal,
respondiendo a un artículo de la periodista Elisa Alanís, admitiendo
que “hay una red que protege a Mario Marín en Puebla y por ello
no pueden detenerlo desde el 14 de abril, día en que salió la orden
de aprehensión”. Lo que no dice es que dicha red está conformada.
por un grupo de delincuencia organizada, vinculado con políticos y
jueces al interior de los gobiernos de Quintana Roo, Puebla y el
Gobierno Federal; que ella conoce toda la historia desde dentro y
sabe por qué no los detienen.
Más allá de mi, lo que me parece importante es que usted recuerde
que fui torturada por señalar con nombres y apellidos la existencia
de una red criminal que compra y vende niñas de diferentes países
para explotarles en México, que lava dinero y financia campañas de
gobernadores. A lo largo de 13 años han ido retirando delitos del
expediente, logrando de esa manera ceñir el caso a un juicio
individual por tortura en mi contra; así ocultaron la delincuencia
organizada de un cartel político empresarial dedicado a la
esclavitud sexual de chicas y al financiamiento de partidos
políticos. Próximamente liberarán al comandante José Montaño
Quiróz, policía poblano sentenciado por torturarme; él me advirtió
cuando me torturó: si me acusa y voy a la cárcel, la voy y a
descuartizar, aunque sea lo último que haga. Succar Kuri prometió
asesinarme también, lo hizo frente al juez cuando testifiqué en su
contra en el penal de La Palma. Las redes de esclavitud humana
funcionan así: vinculadas con un sistema político inamovible en el
que se anuncian pequeños logros y se ocultan grandes fracasos
prohijados por los poderes en turno.
Los logros más grandes que hemos tenido han sido que los medios
y las nuevas generaciones entiendan la trata de personas, discutan
sobre cómo abatir la pornografía infantil y su prevalencia; que se
reconozca que el Estado tortura para acallar la libertad de expresión
y la protección a víctimas de delitos, que las periodistas que
sobrevivimos somos la voz de las asesinadas. Que la OCDE
reconoció que México es el país con mayor abuso sexual infantil
del mundo, debido a su impunidad. Que se entienda que, sin
clientes y políticos que los protejan, no habría explotación sexual
comercial y pederastas libres.
También mantenerme viva ha sido un buen logro.
Mi hogar está en Quintana Roo, donde incrementan mensualmente
las desapariciones de mujeres y niñas. Ahora estará libre uno de
mis torturadores y probablemente, Succar Kuri. Escribo este texto
desde España, donde mis amistades me protegen por un tiempo
antes de volver a México, a seguir trabajando, a dar la batalla,
como millones de personas, para que la verdad no quede oculta
bajo respuestas oficiales que encubren el dolor real de un país sin
estado de derecho donde la corrupción es ley y la ley rara vez se
transforma en justicia.

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