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11 abril, 2021

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PARA ENCARCELAR A DEFENSORES DEL AGUA DE SAN PEDRO TLANIXCO, SE USARON TESTIMONIOS FALSOS: NANCY NAPÓLES

tlanixco

TOLUCA, Méx, 31 de diciembre de 2018.-La diputada Nancy Nápoles Pacheco en representación del Grupo Parlamentario de MORENA emitió un pronunciamiento en contra de la sentencia que emitió el Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, el pasado 27 de noviembre del año 2017, por las presuntas violaciones a los Derechos Humanos en agravió de pobladores de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango del Valle.
La legisladora recordó que el problema se detonó en los años; 1988 y 1989, al registrarse una disminución en el suministro del sistema de agua de la comunidad, por ello los habitantes hicieron uso del afluente del “río grande” (Texcaltenco) e instalaron una toma del agua.
Tras lo cual, Alejandro Isaak Basso, representante de Usuarios del Rio Texcaltenco Unidos, A. C., se inconformó e ingresó un escrito a la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM) y en la Comisión Nacional del Agua (CNA).

Mientras las autoridades del gobierno del Estado de México, informaron a los pobladores de San Pedro que no podían hacer uso del recurso hídrico al estar concesionado a los empresarios.

En la tribuna del Congreso del Estado de México, reveló que “Históricamente el agua del “río grande”, fue utilizada por la comunidad de San Pedro Tlanixco para uso doméstico y agrícola”.

En el recuento dijo en el año 2002, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anuló la concesión a la comunidad indígena de Tlanixco y la entregó al municipio de Villa Guerrero para uso comercial de las empresas de floricultores.

Esto fue “Con el apoyo de actores gubernamentales e importantes empresas, mientras que la comunidad no fue consultada adecuadamente sobre el cambio de concesión y uso del agua”.

Asimismo, indicó que el pasado 1 de abril del año 2003, acudieron 12 empresarios florícolas del municipio de Villa Guerrero a la comunidad de San Pedro Tlanixco, perteneciente a Tenango de Valle, con el propósito de apoderarse del manantial de agua conocido como “río grande”.

Pese a la defensa que emprendió un grupo de indígenas, los empresarios tenían el propósito de arrancar el manantial de las manos del pueblo. Para desviar el agua a los invernaderos para la producción de flores, indicó.

La diputada Nancy Nápoles Pacheco señaló que: “desde esta tribuna manifiesto mi inconformidad, ya que todas las sentencias que se emitan deben estar fundadas y motivadas. Evitar dejar en estado de indefensión a las partes en el proceso y, con ello, evitar sentencias que no se ajusten conforme a derecho”.

Expuso, “Los indígenas percibieron, en la incursión de los empresarios una posible agresión e hicieron tocar las campanas de la iglesia para reunir a la comunidad”. Pese a que los empresarios menospreciaron la intención de defensa los indígenas.

En tanto, un grupo de casi 300 personas, interceptaron y remitieron a la delegación del pueblo a los empresarios, y en asamblea decidieron resolver el conflicto, de acuerdo a los usos y costumbres del pueblo.

Pero, un grupo se llevó a Isaak Basso, “quien falleció en circunstancias todavía inciertas. Su cuerpo fue hallado en el fondo de una barranca de 300 metros de profundidad”, puntualizó.

Unos días después la policía irrumpió en repetidas ocasiones en la comunidad, con órdenes de arresto y “actuado con violencia, física y psicológica”.

Durante los operativos en la madrugada, los policías retiraron de sus viviendas a personas desnudas o en ropa interior, y las sujetaron contra el piso de las calles”.

A partir de este suceso se detuvo en el año 2003 a: Pedro Sánchez Berriozábal; Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles. Los líderes indígenas recibieron la máxima sentencia durante los años 2006 y 2009.

Pero, este fue el principio de una serie de irregularidades en contra de la comunidad indígena de San Pedro Tlanixco. Para el año 2006 también fueron detenidos: Lorenzo Sánchez Berriozábal, el 11 de diciembre de 2006, Marco Antonio Pérez González, el 12 de diciembre de 2006 y Dominga González Martínez, el 26 de julio de 2007. Sentenciados a 50 años de prisión sin la certeza de la comisión de un delito.

Después de un profundo estudio al proceso se detectaron una serie de violaciones e irregularidades en contra de los indígenas para ser juzgados y sentenciados después de 10 años.

La prisión preventiva a la que estuvieron sujetos fue excesiva, lo cual viola sus derechos humanos, aunado a su condición de personas indígenas que las hace estar en una situación más vulnerable.

“Hoy quiero intervenir a favor de estos ciudadanos, considerados como presos políticos, y en los cuales recae la falta de criterio jurídico y de profesionalismo de las autoridades competentes en el caso”.

Entre la serie de presuntas irregularidades puso como ejemplo que hay testimonios inconsistentes de presuntos testigos, como en los siguientes casos:

De Faustino Trujillo Perdones, se dijo que pateó al hoy occiso, algo imposible al ser una persona con discapacidad que se movía en silla de ruedas;

Benito Álvarez Zetina, fue señalado de haber sido una de las tres personas que sujetó al occiso, cuando él comprobó que, al momento de los hechos, impartía clases en una escuela de la Ciudad de Toluca.

Venancio Zetina González, de quien se dijo que estaba en el sitio de los hechos, resulta imposible, una vez que había fallecido en años anteriores a los sucesos.

Y subrayó que las pruebas testimoniales son la base fundamental para este proceso.

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