PARA HECHOS:LA CONDUSEF, FÁBRICA DE “MOCHES”

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Lorenzo Delfín Ruiz

Conocidos como son de estafadores los prestadores privados de servicios en este país, no es de extrañar que en las esferas públicas (en el gobierno, pues) existan ladrones de su misma calaña, porque uno no existe sin la complicidad del otro.

Hay otra razón de peso: en los últimos 40 años, y con el pretexto de “apoyar” a consumidores y contribuyentes, los gobiernos en turno han creado al vapor y con frenesí instituciones de “defensa” a la ciudadanía ante casos probados de estafas, incumplimientos de contratos, explotación, engaños o abusos. Sólo que al final se convierten en igual de extorsionadoras o tapaderas de los ladrones. Una forma estilizada de institucionalizar el “moche”.

Su actividad es semejante a la de las agencias del Ministerio Público, donde sus agentes utilizan las denuncias de las víctimas exclusivamente para extorsionar a los victimarios.

Bajo este esquema sinvergüenza, y con el distintivo de que todas consumen presupuesto por carretadas y le sirven al ciudadano para poca cosa, es que han brotado en el país comisiones y procuradurías de hipotética defensa del consumidor, del trabajo, del contribuyente, de la mujer, del menor y la familia, de defensa al ambiente… y la Condusef.

Para ilustrar el caso: la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), “conducida” en este sexenio por Mario Di Constanzo Armenta, una suerte de político de fácil acomodamiento en el ambiente partidista y llevado y traído como experto financiero para artimañas de toda especie, se ufana de haber “rescatado” cerca de mil millones de pesos en un año a favor de los usuarios.

Sólo que omitió revelar cuántos han sido los miles de millones de pesos que bancos y empresas aseguradoras, principalmente, le han sustraído con trampas e impunemente a sus clientes bajo la protección, indudablemente bien pagada, de la Condusef.

Es el caso del siniestro asignado con el número 417401200002655 y ocurrido a un usuario de la Aseguradora MAPFRE en diciembre de 2017, y sobre el cual la Condusef reiteró su indisposición a actuar con los elementos aportados para que la empresa reembolsara los gastos médicos originados por el robo con violencia de que fue víctima el usuario.

A pesar de todos los elementos comprobatorios que durante seis meses fueron aportados para ilustrar la conducta grosera, irresponsable y evasiva de MAPFRE, la Condusef al final se mostró complaciente con la aseguradora.

Remató su conducta permisible y encubridora al negar sin mayor argumentación el dictamen técnico del caso, sólo bajo el supuesto de  que la Condusef “no está en posibilidad” de emitirlo. Al menos así lo presumieron Elizabeth Gómez Espinosa, Laura Emilia Rodríguez Hernández y Octavio Guillermo de Jesús Sánchez Flores, los funcionarios de “Dictaminación” de la Condusef, cuyos títulos ostentosos de “licenciadas” y “maestro” resultan doblemente ofensivos para la víctima.

Es razonable suponer que la Condusef no puede quedar rezagada de la categoría de rufián que se ha colgado la actual administración federal. En la superficie, se muestra como una entidad para resolver dudas reclamaciones y quejas.

Pero ya en serio, con Di Constanzo a la cabeza se ostenta más que “defensora” de usuarios de servicios financieros, como lo que es evidente: defensora a sueldo de forajidos…

 

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