PARA HECHOS: “P…EL QUÉ PISE LA CÁRCEL” FRASE PARA LA CAMADA DE PEÑA NIETO

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Lorenzo Delfín Ruiz

La conclusión puede ser más o menos así: con la clase de gobernadores, Presidente de la República, diputados, senadores y Poder Judicial que padece el país, es una verdadera chiripa que no hayamos sido invadidos o despojados de otra nueva mitad del territorio… bueno, al menos no oficialmente.
Así es como una buena porción de mexicanos debe concebir las formas poco discretas como poco inteligentes con que el gobierno de Enrique Peña Nieto aplica la estrategia de descarrilamiento de la próxima administración pública federal y estatales, y el blindaje que le procura a sus piezas más connotadas en esos menesteres de la corrupción a escala bestial.
Sabedores todos estos pillines de las carretadas de inmundicia que dejan tras de sí, la consigna, diseñada al más puro estilo de porra del Atlas, parece ser: “puto el que pise la cárcel”.
Para el caso, echa mano de menjurjes jurídicos pocas veces vistos; secundado por gobernadores de la más baja estofa y teniendo como aliados lo más notable de jueces y magistrados descompuestos a grado de pudrición, el Ejecutivo federal y la camada de estatales, fielmente representados éstos por el morelense Graco Ramírez a quien la plebe le acredita altísimo contenido de trastorno mental, se descosen denigrando los proyectos de inversión anunciados por el próximo mandatario Andrés Manuel López Obrador, tal como sucede con el tren turístico del sureste.
Ni con toda la lluvia concertada de spots sexenales, se deja de notar que Peña y su equipo experto en maquinaciones escabrosas, sin pudor maniobran para amansar a López Obrador en sus afanes rescatistas. Sienten que se les va la vida en las eventuales contrarreformas energética y educativa. La posible cancelación del nuevo aeropuerto de la CDMX debe ser como dolor de parto, mientras la amenaza de cárcel con varias cadenas perpetuas en la imaginaria a Emilio Lozoya Austin por su probable responsabilidad en la amplia y complicada trama corrupta con la brasileña Odebrecht, se dice (y puede ser que con un inmenso margen de verdad) que los mantiene al borde de la histeria, pero lanzando artificios jurídicos para blindarlo… porque para todo el gabinete las secuelas deben ser tanto o más peligrosas que la acusación primaria.
Y luego, tener que cargar con la madre de todas las estafas en el Senado, que si bien ocurrieron en el terreno legislativo, las debe soportar el Ejecutivo porque –se revela- la cometió su operador de cabecera Emilio Gamboa Patrón. Tener en la nómina senatorial a 300 empleados, tanto incondicionales como aviadores, no debe ser cosa fácil. Y menos tener que procurarles premios por alto desempeño y liquidaciones acaudaladas.
CONCURSO PERRÓN
En los gobiernos estatales, donde Morena ejercerá mayoría en los congresos locales o encabezará la propia gubernatura, pende la amenaza morenista de destruir las estructuras del poder barroco con que grupos políticos creyeron pasar a la inmortal impunidad. La competencia en la inventiva para la autoprotección y la labor de descarrilamiento se hace más que cerrada.
El primo incómodo que Peña Nieto tiene en el Estado de México haciendo talacha como gobernador, Alfredo del Mazo Maza, le compite en ocurrencias (tal como se le acusa) al truculento y tramposo pero ineficaz veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares. O a la aturdida gobernadora sonorense Claudia Pavlovich, quien inició la fiebre de ocurrencias legislativas para procurarle tropiezos a todo lo que huela a morenismo lopezobradorista.
El Del Mazo en cuestión, a quien por su apariencia lo tildan de ser más pieza de museo de cera que gobernador mexiquense, se lanzó duro por la supremacía de los disparates y con la anuencia de un congreso local domesticado a base de cañonazos de a millón, le encajó a los alcaldes la amenaza de ser destituidos si no pagan juicios laborales dejados pendientes por presidentes municipales del PRI, y que en conjunto superan los cuatro mil millones de pesos.
Mal disimulado es el castigo que el último cacique de Atlacomulco le enchufa a la población que lo rechaza a él y a su parentela de sangre y política por su alta vocación por el chanchullo.
La lectura es que si los municipios –que hasta hace una semana eran 121- carecen de recursos para pagar siquiera el consumo de luz eléctrica, con este decretazo literalmente estarán sentenciados a vivir a oscuras, sedientos y en las más crueles circunstancias de indefensión.
Sin mayor esfuerzo, el Graco Ramírez que todo el estado de Morelos ha ofrecido recordar durante décadas por ser el más perversito en lo que va del siglo, rebasó a todos sus colegas, incluido al multidenunciado como abusivo, camaleónico y pillo chiapaneco Manuel Velasco Cuello, quien empinó al congreso local y a todo juicio jurídico al lograr ser Senador de la República… y aún gobernador de Chiapas cuando se le dé la gana.
Graco, sin embargo, se encaramó en la vanguardia de la carrera por las mamarrachadas estatales. Y no solamente por entorpecerle el trabajo al futuro gobernador y su tenaz enemigo, Cuauhtémoc Blanco Bravo, sino para levantar muros de protección a las múltiples trapacerías que le atribuyen sus adversarios.
Se empeñó –y logró- nombrar al Fiscal General de Morelos. Con ciertas particularidades: es su cuate (Uriel Carmona); desempeñará el cargo por nueve años y podrá nombrar al fiscal anticorrupción… cosa que ya sucedió: Juan Salazar Núñez, ex abogado personal y consejero jurídico de Graco, casualmente cachó el nombramiento.
La cosa no paró ahí: la perpetuidad del nombramiento como fiscal general se extendió hasta en el sueldo. Y también a los fiscales especiales se les garantiza 50 por ciento del salario… de por vida.
Lo rocambolesco de todo el entramado no para ahí: una gasolinera, que estaba bajo la administración del DIF-Morelos, ahora pasará a manos de… cierto…. de la Fiscalía General.
¿Qué es lo que se busca con esa concesión absurda?
Cirpriano Sotelo, asesor jurídico de Cuauhtémoc Blanco, lo juzga así en una entrevista concedida a la agencia informativa de Proceso:
-Pues no quieren que se investigue por nueve años todo lo que sucedió en esa gasolinera.
El blindaje no para ahí. También la Fiscalía General tendrá a su cargo el Centro de Evaluación de Policías y Peritos. La probabilidad es que de igual modo se pretende ocultar “algo ahí” durante nueve años.
Para completar el cuadro de los yerros marca Graco, el Congreso adicto le permitió una modificación legislativa por la que cualquier futura reforma a la constitución local deberá acreditarse por dos terceras partes de los ayuntamientos, y no por la mitad más uno de los ayuntamientos.
La genialidad de que hacen gala los futuros ex funcionarios federales y estatales para evadir los reclusorios, no es tan genuina como parece… porque quienes invocan y aceleran todos las reformas legislativas y decretos para entorpecer el tránsito administrativo del país, saben que por el mismo camino es posible revertir el andamiaje protector que se han inventado: el legislativo… donde Morena es mayoría… absoluta.

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