Ciudad de México, 29 de agosto del 2018.- En el marco del día internacional del detenido desaparecido o de las víctimas de desaparición forzada, la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, iniciativa formada en el año 2010 y conformada por víctimas de desaparición forzada, organizaciones de derechos humanos, populares e indígenas, nuevamente denunciamos enérgicamente al gobierno de Enrique Peña Nieto por varios motivos.
1. El gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) profundizó la política de desaparición forzada en contra del movimiento popular y de derechos humanos iniciada por su antecesor Felipe Calderón. Del año 2006 al 30 de agosto del 2018, 166 personas luchadoras sociales han sido víctimas de desaparición forzada por su manera de pensar y de luchar, de las cuales 111 corresponden al periodo de la actual administración federal.
2. El gobierno de EPN también profundizó la política de desaparición forzada contra la población en general con el objetivo del control y disciplinamiento social para intentar paralizar al pueblo mediante el terror. A la fecha, 38 mil son las personas víctimas de desaparición reconocidas por el gobierno federal, sin embargo, diferentes organizaciones, han denunciado que las víctimas de desaparición forzada podrían llegar hasta las 300 mil personas.
3. Denunciamos que la desaparición forzada en México es sistemática, puesto que es planificada y ejecutada desde los organismos del Estado y desde particulares con el consentimiento, la autorización o la aquiescencia del Estado, es generalizada, puesto que en la mayoría de los estados de la República existen víctimas de desaparición forzada y también es transexenal, puesto que no ha habido gobierno que no haya sido señalado de cometer desapariciones forzadas.
4. La política de desaparición forzada es uno de los componentes (el más grave) de la política de terrorismo de Estado que incluye miles de ejecuciones extrajudiciales, tortura, encarcelamiento, detenciones arbitrarias, amenazas de muerte y hostigamientos en contra del pueblo organizado y no organizado.
5. Denunciamos que la falta de acceso a la justicia para las víctimas de desaparición forzada también es una política planificada desde la estructura estatal, lo cual se traduce en un manto de impunidad hacia los autores materiales e intelectuales y con ello la garantía de cometer las desapariciones forzadas sin ninguna consecuencia legal.
6. Respecto a la iniciativa de Ley general contra la desaparición forzada promulgada por la actual administración, ante la creciente exigencia de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, recordamos que como Campaña Nacional Contra la desaparición Forzada no la avalamos.
!NI PERDÓN NI OLVIDO! JUSTICIA, JUSTICIA!