DESAFÍOS DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN PARA UN GOBIERNO EN TRANSICIÓN

* Recomendaciones y propuestas

Ciudad de México,  20 de junio de 2018.-
El Relator de la ONU sostiene que las agresiones, amenazas y limitaciones en contra del ejercicio de la libertad de expresión en México son una constante, sumado a los pocos esfuerzos y falta de voluntad de las autoridades.

A pesar de contar con una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, México ha hecho poco o ningún progreso para erradicar la impunidad; mujeres periodistas y periodistas indígenas enfrentan discriminaciones y
doble riesgo.
Las organizaciones de la sociedad civil confían en que el escrutinio internacional es una oportunidad para evidenciar la grave situación de derechos humanos que se vive en el país y desarrollar propuestas concretas para garantizar su ejercicio.
Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión y defensoras de los derechos humanos ante el informe que en este momento presenta el Relator de Libertad de Expresión de la ONU en el Consejo de Derechos Humanos, sobre la grave situación que vive México en esta materia, queremos manifestar lo siguiente.
Damos la bienvenida a este informe que consideramos llega en un momento oportuno para llamar la atención sobre uno de los temas más sensibles durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto y sobre la deuda de su gobierno en materia de libertad de expresión y derecho a la información.
El informe es un diagnóstico amplio y preciso de las condiciones que guarda a libertad de expresión y de prensa en México, en sus principales rubros como impunidad, protección, justicia, violencia contra personas periodistas, transparencia y acceso a la información, publicidad oficial, pluralidad y diversidad de medios, (radios comunitarias, género), lo que
deja establecido desde ahora y a partir de este informe, cuáles serán los principales
desafíos a partir de recomendaciones para quien sea electo como Presidente de la
República por los ciudadanos y ciudadanas el 1 de julio.
Posicionamiento conjunto de organizaciones civiles frente al informe
presentado por los Relatores de Libertad de Expresión de la ONU y  la CIDH ante el Consejo de Derechos Humanos.

Nos preocupa en particular la respuesta del gobierno mexicano frente al informe, el segundo realizado de manera conjunta en siete años por dos Relatores de Libertad de Expresión de la ONU y de la CIDH, durante su visita a México.
En este contexto y frente al contexto electoral que está por concluir queremos llamar la atención sobre la falta de interés y compromisos que los tres candidatos a la presidencia de la República, han mostrado durante las campañas electorales sobre el tema de libertad de expresión y derecho a la información. .
Por esta razón desde este espacio en el que nos encontramos reunidas diversas
organizaciones de la Sociedad Civil, lanzamos una petición concreta para que una vez definida la elección el 1 de julio, se establezca una mesa de trabajo con el gobierno en transición a fin de diseñar de manera inmediata un plan de gobierno encaminado a atender las recomendaciones del Relator para la Libertad de Expresión de la ONU.
19 de junio de 2018. México atraviesa una grave crisis de derechos humanos que ha
impactado la vida social de la población, afectando a las personas periodistas quienes son indispensables para dar a conocer la situación de conflicto, inseguridad, corrupción y
criminalidad, que azotan al país. A pesar del número de periodistas asesinados,
desapariciones, ataques físicos, psicológicos y digitales no se han adoptado las medidas necesarias en materia de protección al ejercicio de libertad de expresión, sobre todo en
un escenario electoral en el cual los candidatos presidenciales en sus correspondientes campañas no han hecho mención a esta crisis, ni mucho menos han presentado propuestas concretas dirigidas a la protección y garantía de los derechos humanos.
El Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), David Kaye, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra el informe final de la misión llevada a cabo del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017 en conjunto con Edison lanza, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH). En el informe se constata lo que periodistas y organizaciones de la sociedad civil hemos reiterado en múltiples ocasiones, respecto de la profunda crisis en materia de derechos humanos que vive México, misma que en lo transcurrido del año
ha cobrado la vida de 5 periodistas, presuntamente en relación con su labor y es producto de la descompostura del estado de derecho.

Nos preocupa en particular la respuesta del gobierno mexicano frente al informe, el segundo realizado de manera conjunta en siete años por dos Relatores de Libertad de Expresión de la ONU y de la CIDH, durante su visita a México.
En este contexto y frente al contexto electoral que está por concluir queremos llamar la  atención sobre la falta de interés y compromisos que los tres candidatos a la presidencia de la República, han mostrado durante las campañas electorales sobre el tema de libertad de expresión y derecho a la información. .
Por esta razón desde este espacio en el que nos encontramos reunidas diversas
organizaciones de la Sociedad Civil, lanzamos una petición concreta para que una vez definida la elección el 1 de julio, se establezca una mesa de trabajo con el gobierno en  transición a fin de diseñar de manera inmediata un plan de gobierno encaminado atender las recomendaciones del Relator para la Libertad de Expresión de la ONU.
19 de junio de 2018. México atraviesa una grave crisis de derechos humanos que ha
impactado la vida social de la población, afectando a las personas periodistas quienes son indispensables para dar a conocer la situación de conflicto, inseguridad, corrupción y
criminalidad, que azotan al país. A pesar del número de periodistas asesinados,
desapariciones, ataques físicos, psicológicos y digitales no se han adoptado las medidas necesarias en materia de protección al ejercicio de libertad de expresión, sobre todo en
un escenario electoral en el cual los candidatos presidenciales en sus correspondientes campañas no han hecho mención a esta crisis, ni mucho menos han presentado propuestas concretas dirigidas a la protección y garantía de los derechos humanos.
El Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), David Kaye, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra el informe final de la misión llevada a cabo del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017 en conjunto con Edison Lanza, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH). En el informe se constata lo que periodistas y organizaciones de la sociedad civil hemos reiterado en múltiples ocasiones, respecto de la profunda crisis en materia de derechos humanos que vive México, misma que en lo transcurrido del año
ha cobrado la vida de 5 periodistas, presuntamente en relación con su labor y es producto de la descompostura del estado de derecho.
Los ataques contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos son
generalizados en todo el país, sin que a la fecha existan resultados de las autoridades que permitan el ejercicio de ambas labores. La ausencia de recursos y/o fuerte fluctuación, personal capacitado, generación de capacidades técnicas y la inadecuada coordinación entre instituciones federales y estatales persiste, lo que mantiene la deuda del Estado
relativa a la construcción e implementación de una política pública integral en materia de protección.
Si bien se cuenta con diversos órganos especializados para brindar protección, como es el caso del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos en Contra de la Libertad
de Expresión (FEADLE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); ha quedado en evidencia que las autoridades no tienen planes de protección e investigación efectivos, al no reaccionar a la diversidad de formas de violencia y no agotar las líneas de investigación referentes a la labor periodística, ni de análisis contextual que permita identificar a los presuntos
responsables. Preocupa especialmente a los relatores los altos índices de impunidad reflejados en la falta de investigaciones sobre desaparición forzada y casos emblemáticos
de agresiones a periodistas. El informe señala que FEADLE carece de planes de
investigación eficaces, no agota todas las líneas de investigación, no identifica a todas las personas responsables de delitos (lo cual incluye a autores intelectuales y cómplices) y no analiza el contexto. Además preocupa la falta de independencia de la Fiscalía frente a las
agresiones cometidas por autoridades; por ejemplo, preocupa la falta de debida
diligencia así como las debidas garantías de imparcialidad e independencia respecto de
la investigación de los casos documentados de vigilancia arbitraria e ilegal cometida con
el malware Pegasus en contra de periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos, misma que a un año de iniciada sigue sin mostrar avances significativos. Además, la recién aprobada Ley de Seguridad Interior representa una amenaza legal a la libertad de expresión debido a los términos en que se establecen las actividades de inteligencia y vigilancia, así como el uso de la fuerza pública.
La ausencia de políticas integrales y un marco legal adecuado en materia de protección, impactan el ejercicio periodístico, en donde incluso numerosos periodistas enfrentan.
Y también las vulnerabilidades adicionales debido a su género u origen étnico. La situación a la que se enfrentan las radios comunitarias manifiesta la discriminación de los pueblos indígenas, los cuales a través de estas radios acceden a información en su propia lengua y desde una perspectiva cultural adecuada. Es necesario que el Estado mexicano tome medidas para fortalecer la radiodifusión libre y facilitar programas para asegurar su sostenibilidad, en lugar de aprobar iniciativas como aquélla de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados cuyo efecto es castigar por la vía penal a quienes operen una radio
comunitaria sin concesión.
Asimismo, los relatores reconocen que, al igual que los periodistas indígenas, las mujeres periodistas enfrentan dobles vulnerabilidades por cuestiones de género. Advierten que la falta de perspectiva de género en las etapas de investigación, juzgamiento o protección provoca
que no se atienda adecuadamente la particularidad de la situación de las mujeres periodistas.
Por su parte, en materia de acceso a la Información los relatores expresaron su
preocupación por el uso de la protección de datos personales para bloquear información relacionada a documentos históricos y el bloqueo a información relacionada con violaciones de derechos humanos. En este sentido, recomendaron “Asegurar la pre-eminencia del interés público en la clasificación de información relacionada con violaciones de derechos humanos y corrupción, asegurando que no sean testados datos personales que identifiquen personas en las versiones públicas”. La publicación de este
informe coincide con que el pasado 15 de junio de 2018 fue publicada la Ley General de Archivos en el Diario Oficial de la Federación. Dicha legislación contiene avances sustanciales, sin embargo, uno de los principales problemas que contiene consiste en el potencial uso que se puede dar a la protección de datos personales. El artículo 36 de la ley establece que los documentos de carácter histórico que contengan datos personales sensibles deberán permanecer bajo el resguardo de los sujetos obligados por hasta por
70 años y serán de acceso restringido durante ese tiempo. Esto puede fungir como una carta abierta para evitar el acceso a documentos bajo el argumento de la protección de los datos personales.
El informe manifiesta su preocupación por lo niveles de concentración mediática que ponen en riesgo la diversidad y el pluralismo. Si bien el nuevo marco normativo de telecomunicaciones y radiodifusión es un avance, persisten altas concentraciones en los servicios audiovisuales y en algunos casos aumentaron como es el caso de la televisión de paga, por lo que hace un llamado a reforzar las acciones que garanticen la diversidad y pluralismo para la sociedad mexicana. Al mismo tiempo remarca que el Estado mexicano debe realizar mayores esfuerzos para que la población más vulnerable tenga acceso a la banda ancha, pues aún se mantienen fuertes barreras para dicho acceso, especialmente para los pueblos y comunidades indígenas.
En el mismo sentido, refleja la necesidad de una reforma a la legislación en materia de comunicación social a fin de fijar criterios claros, objetivos y transparentes de la asignación, siguiendo los pautas establecidas en los Principios de regulación de publicidad oficial y libertad de expresión emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, instamos a la administración federal y las distintas instancias relacionadas con la política de protección e impartición de justicia, a que sean implementadas las recomendaciones emitidas en el informe dirigidas a: adoptar medidas para abordar la situación estructural de impunidad, incluyendo el establecimiento de las garantías de
imparcialidad e independencia necesarias para ello, asegurar una protección efectiva, garantizar la efectiva cooperación y coordinación entre los niveles federal y estatal para
proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, proveer al Mecanismo federal de Protección con los recursos humanos y económicos necesarios, prestar especial atención a las personas periodistas desplazadas, considerar la creación de un órgano independiente para supervisar de manera eficaz las tareas de vigilancia del
Estado e implementar una serie de medidas para prevenir la repetición de agresiones, como la existencia de un marco legal adecuado.
Nos preocupa en particular la respuesta del gobierno mexicano frente al informe, sobre todo en un contexto de violencia que afecta el ejercicio de la libertad de expresión, por lo que llamados la atención sobre la falta de interés y compromisos que los tres candidatos a la presidencia de la República, han mostrado durante las campañas electorales sobre el tema de libertad de expresión y derecho a la información.
Por esta razón, desde este espacio en el que nos encontramos reunidas diversas
organizaciones de la Sociedad Civil, lanzamos una petición concreta para que una vez definida la elección el 1 de julio, se establezca una mesa de trabajo con el gobierno en transición a fin de diseñar de manera inmediata un plan de gobierno encaminado a atender las recomendaciones del Relator para la Libertad de Expresión de la ONU,
y a la creación de una política pública integral que incluya a todas las instancias de los tres niveles de gobierno, tanto para personas defensoras de derechos humanos como periodistas.