El pleno de la Asamblea Constituyente aprobó esta noche elevar a rango constitucional la prohibición de que ningún servidor público tendrá un salario superior al jefe de gobierno, además de que puso un límite a los privilegios de los funcionarios de la administración pública local al establecer en la próxima Carta Magna local que «no podrán gozar de bonos, prestaciones, compensaciones, servicios personales o cualquier otro beneficio económico o en especie que no se cuantifique como parte de su remuneración y esté determinado en la ley».
Durante la sesión ordinaria de esta noche, los constituyentes avalaron el artículo 66 de dicho texto normativo, en el que también se blindan los programas sociales, al detallar que la austeridad no podrá ser motivo para «restringir, disminuir o suprimir» dichos esquemas de apoyo social.
Este artículo, que forma parte de los dictaminados por la Comisión de Buen Gobierno, incluye, además, la obligatoriedad que tendrá el Congreso local de expedir la Ley de Transparencia de remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos en la Ciudad de México, en la que deberán detallarse las retribuciones nominales de los servidores públicos, que comprenderá la suma de toda prestación, sueldo, salario, dieta, honorario, contraprestación, apoyo o beneficio que perciba en dinero por el desempeño de una o más funciones en el servicio público, así también se tendrá que incluir la prohibición a establecer o cubrir con recursos públicos haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión.
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