
Lorenzo Delfín Ruiz
Es una práctica viciada en México que los vacíos informativos, derivados ya sea por la falta de pericia institucional en la materia, por guerras políticas no declaradas o bien atribuibles a inconfesables intereses particulares y de encumbrados grupos saqueadores, son satisfechos por la imaginación popular. Esta imaginación deja de ser fantasía y es convertida en verdad sin argumentos, cuando a las instituciones públicas a su vez se les dificultan las verdades… y los argumentos.
Con independencia de otros lodazales en que se han atascado sin puerta de salida, en estos momentos la contaminación ambiental en el Valle de México ha metido otra vez en aprietos a los gobiernos federal y de la Ciudad de México frente a sus gobernados, cosa que en realidad les ha de preocupar muy poco si, como se ha visto en otros casos, han hecho cuero duro en esos menesteres de informar con certeza y oportunidad, tarea ésta a la que están obligados constitucionalmente.
La complicado del tema llama a un dilema: montados en los cuernos de un poder absoluto ¿los gobiernos están convencidos que no es su obligación informar y, en el colmo, mucho menos con la verdad?
Y surge otra conjetura parecida al vaso medio lleno o medio vacío: ¿mentir es una cosa y ocultar la verdad es otra? Porque en numerosas ocasiones ambos gobiernos han sido pescados en flagrancia mintiendo. Copados por la rabia y la exigencia popular ante acontecimientos de sospechosa legalidad, fabrican “sus” verdades bajo “su” convicción de que “sus” versiones oficiales no tienen huecos para la duda.
En todo caso, creen que continúan tratando con una sociedad iletrada y torpe, obligada a aceptar sin chistar lo que se le dice. Se le censura a esos entes porque ponen oídos sordos, porque se resisten a comprender que la realidad es todo lo contrario y porque con embustes hacen más grande el hoyo de su deshonrosa omnipotencia. En el extremo: tanto manosean la información que cuando esta es verdadera, ya nadie les cree.
Es el caso –se insiste- en el complejo tema de la contaminación ambiental, en el que a falta de información responsable y convincente, el pueblo arma sus propias hipótesis.
Al menos la última versión sobre el origen de la brutal degradación del aire en el centro de la República, atribuida al uso masivo de gasolina “refinada” en China y que, se afirma, es hasta 700 veces más tóxica que la importada de Estados Unidos, se hizo viral en las redes sociales en la última semana.
La alarma cundió también porque se calculó que la importación se hace de manera secreta ya que resulta más económica toda vez que China, en permanente contingencia ambiental y en su afán de deshacerse rápidamente del combustible de pésima calidad, hasta regala su transportación.
Picado en las costillas, el gobierno de la República a través de Pemex y de su secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, respondió con manotazos e improperios (“es infundado, una acusación vil”), actitud volátil que sólo acentuó la versión lanzada en las redes sociales y que… ES ACERTADA. Al menos a medias, porque la importación de la inmundicia china no era ni es un secreto.
En noviembre de 2007, el entonces jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Juan Camilo Mouriño, lo afirmó de manera categórica: parte de la gasolina que se consume en México, se refina en China.
Si en ese entonces la noticia no fue explosiva, ahora el rumor extendido en las redes sociales estalló porque, a decir del usuario común, México sigue siendo depositario de otra porquería china que es la que realmente degrada el ambiente en el Valle de México, mientras al contribuyente se le cargan todas las pulgas, se le obliga a pagar multas y carísimas verificaciones a los autos, y de todos modos se le prohíbe con peligroso autoritarismo utilizarlo para realizar sus tareas cotidianas.
Lo más castrante: las medidas represivas impuestas por el Gobierno de la Ciudad de México no disminuyen la degradación ambiental, incrementan en cambio las corruptelas entre los encargados de vigilar el cumplimiento de las restricciones a la circulación de los autos y el transporte público de pasajeros, como alternativa de traslados, sigue siendo un caos.
La conclusión de los cibernautas es que el oficialismo federal o local sostienen tramposamente como verdad a medias la calenturienta versión de que el automóvil es la principal fuente de contaminación del aire. La otra mitad descubierta es que la contaminante responsabilidad recae en la basura comprada a China… y en los que la compran.

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