PARA HECHOS… INSULTAR, UN DERECHO LEGAL

Lorenzo Delfín Ruiz
Histórica y culturalmente acostumbrados a desahogar con una serie de insultos (mentadas de madre incluidas, por supuesto) la impotencia producida ante actos arbitrarios de autoridad, los habitantes de la Ciudad de México, a los que aún no saben cómo encajarle al cien por ciento un gentilicio lo menos injurioso posible, deberían festejar con carnaval permanente el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya declarado inconstitucional el “delito” de “ultraje a una autoridad”.Ñ
Copados legal y administrativamente por sucesivos gobiernos que como hasta ahora ultrajan de a de veras la economía de una inmensa mayoría a través de medidas impositivas y sanciones absurdas, tras las cuales se perciben descomunales cochupos de funcionarios sinvergüenzas y de escasa reputación, los capitalinos alguna vez amanecieron con la sorpresa de que el Capítulo V del Artículo 287 del Código Penal del Distrito Federal los pone de patitas en la cárcel na´ más por maldecir a quienes deciden y ordenan las represiones y a los represores.
Eso fue lo que le pasó a dos mujeres capitalinas -ya más notables en estos momentos-, por haberle acomodado entre ceja y oreja una respetable andanada de improperios a quienes, por un lado, realizaban un operativo de retiro de vendedores ambulantes en Xochimilco, y a los que, por otro, también detuvieron y encarcelaron a una manifestante el 2 de octubre de 2013. Interpusieron su respectivo amparo y he aquí que detonaron el fallo de la SCJN contra el gobierno de Miguel Ángel Mancera.
Lanzados al aire por el enojo y la impotencia, los “ultrajes” de la ciudadanía, a los que de manera nebulosa hace referencia el Código Penal y que los funcionarios de piel sensible no soportan, no tienen el efecto esperado; pero qué tal cuando se les endosan cara a cara… nada como mandarlos a Chihuahua a un baile. Eso sí duele.
Ahora en la flamante ciudad de México nada queda a la imaginación. Ante el atropello, la ofensa; es una realidad despiadada. La escena es cotidiana: “No, mi jefe; usted dirá lo que quiera, pero con mi jefecita santa no se meta”, argumentarán los despreciados pero codiciosos burócratas que hacen de un escritorio, arma o silbato sus herramientas para el atraco al contribuyente.
“¿Y qué con mi libertad de expresión?”, le replicará el ciudadano lastimado en su bolsillo y en su independencia por asaltantes oficinistas o con macana.
Fue precisamente ese el razonamiento que imperó entre los ministros de la SCJN que en su mayoría le acomodaron un nuevo revés a las ínfulas feudales del Gobierno del DF. El ministro José Ramón Cossío resumió que el susodicho “ultraje a una autoridad” a que se refiere el Código Penal, además de ser poco claro, “vulnera los derechos, ya que limita la libertad de expresión, sin que dicha restricción sea necesaria para una sociedad democrática como lo es México”.

Y por si en el GDF hay elementos de pocas entendederas, les restregó: “El artículo impugnado es la medida más lesiva contra el ciudadano que decide expresar sus ideas a través de ultrajar a la autoridad, pues sanciona con privación de la libertad esa expresión, sin que ello esté verdaderamente justificado o sea necesario en una sociedad democrática”.

Sin exagerar, y de no haberle metido freno a otra de las chicanadas que se le ocurren al Jefe de Gobierno Mancera para hacer crecer su changarro político y su ahorro para el retiro, sobrarán ciudadanos que estarían de acuerdo en invertir su libertad en cadena perpetua, a cambio de recetarle una carretada de ofensas a la camarilla de funcionarios regados por la capital con la corrupción como distintivo.

Es justo que si los servidores públicos de delicada y casta epidermis repudian los insultos, pues que no los busquen. De que los merecen, porque se conducen como si la capital de la República fuera suya y los habitantes sus lacayos, los merecen y de sobra. Y si el GDF ha pretendido ilusoriamente meter a macanazos a sus gobernados en un costal de civilidad, bien podría comenzar la tarea con los integrantes de su estructura podrida. Al final, las mentadas de madre que se ganen tendrán el mismo futuro que el “¡puuuuuuuuto!” en los estadios, que por más que quieren reprimirlo solamente lo acentúan.

La autodeterminación que la Reforma Política le procura a la Ciudad de México debe reflejar necesaria y verdaderamente la decisión ciudadana. De lo contrario, no dejará de seguir siendo un territorio para la libre actuación de pandilleros políticos embarrados con falsas dotes de administradores y que imponen el “derecho de piso” como vulgares delincuentes.
– – – 0 – – –