
Por Julisa Mejía Guardado*
Justicia es una palabra que está en boca de todos los mexicanos desde que comienza el día hasta que este termina, porque es una de las demandas de la Revolución Mexicana que aún no se logra en todos sus ámbitos. La corrupción permite la impunidad y que el 98% de las denuncias de delitos queden sin castigo alguno de acuerdo a las normas que deben estar vigentes para que la sociedad mexicana reciba la justicia que reclama y que en ocasiones termina por hacerse justicia por propia mano, lo que no se justifica, pero la ausencia del Estado de Derecho promueve este tipo de acciones, donde en ocasiones inocentes mueren por estas razones, como pasó en Puebla recientemente.
Si bien quienes incitaron al linchamiento son los responsables, en realidad son las autoridades las responsables de tales homicidios por no cumplir con su obligación de brindar seguridad a las familias en su persona y patrimonio, por lo que esta omisión suscita hechos como los conocidos.
Sin ser México un país en guerra, el número de ejecutados triplica con mucho en este sexenio, los cometidos en el anterior gobierno que declaró la guerra a la delincuencia dejándonos a todos los mexicanos entre el fuego cruzado de unos cuerpos de seguridad mal armados ante una delincuencia con mejores pertrechos de guerra llegados de los Estados Unidos.
Miles de desapariciones forzosas de mexicanos y extranjeros que migran de otras naciones, es lo cotidiano en nuestro país, donde lo común es que policías y agentes migratorios se sumen a las actividades delictivas de la delincuencia organizada, de manera que la justicia que demandamos los mexicanos se hace nugatoria en los hechos.
Pero la justicia social que millones demandaron en la Revolución Mexicana y que sirvió como lema al partido surgido de esta lucha donde murieron miles de mexicanos, sigue sin tener vigencia en México, de manera que las familias se ven en la realidad, sobre todo los jóvenes, obligadas a buscar la sobrevivencia en las filas de la delincuencia que son los únicos que les ofrecen “trabajo”.
Si la justicia no llega a todas las capas de la sociedad, a través de empleo y mejores oportunidades de estudio y preparación sin distingo de géneros, sumado al combate a la corrupción que permite la impunidad a quienes delinquen, no será posible responder a las demandas de los ciudadanos.
Si repartimos las demandas de los mexicanos, veremos que exigen justicia alimentaria para contar con los recursos necesarios para darle de comer suficientemente a su familia, pero el gobierno se niega a apoyar la producción de los campesinos olvidados, y prácticamente convertidos en jornaleros agrícolas de los nuevos latifundistas exportadores de productos del campo. Millones de pobres el resultado.
Justicia laboral demandan millones de trabajadores sometidos a salarios mínimos de hambre que no cumplen con los requisitos de ser constitucional para que les alcance a las familias para alimentación, educación, vivienda y recreación de sus integrantes.
También demandan justicia de salud para que la atención que reciban sea la adecuada y eficiente para disminuir enfermedades de la pobreza y la violencia obstétrica que las mujeres padecen en los hospitales públicos, además de evitar su privatización que haría inalcanzable para millones su acceso de por si restringido para muchos sectores marginales en la actualidad.
Justicia política para que, de una vez por todas, la igualdad de género se vea en todos los ámbitos de los niveles de gobierno y poderes públicos, así como en todas las instituciones de la sociedad. Donde la clase política pregone con el ejemplo lo que declara a los medios y que los medios fácticos no se apoderen del Estado mexicano y cree a presidentes y gobernadores.
Justicia económica que permita a los mexicanos dedicarse al oficio o profesión que desee sin menoscabo de sus derechos por parte de grandes consorcios monopólicos trasnacionales que son promovidos desde las instancias de gobierno, para convertirnos en simples consumidores de las grandes empresas.
Aunque parezca lemas de las revoluciones que se han suscitado en el mundo, el de “justicia, justicia, justicia”, en realidad sigue siendo una demanda de este siglo XXI ante la inseguridad y violencia que se vive en México y que nos hacen recordar las cruentas luchas fratricidas que la historia relata entre las, entonces, naciones que se formaban al calor de ciertas familias y personajes.
Pero no, justicia sigue siendo la demanda de la gente de todos los estados del país, del Estado de México, entidad natal del inquilino de Los Pinos, del municipio de Ecatepec, tierra del gobernante en turno, por el creciente número de feminicidios y desapariciones de mujeres que se vive, por el alto número de ejecutados, cuyos homicidios quedan impunes y, aun así, se atreven a proponer al actual procurador mexiquense para que sea ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Si no ha podido procurar justicia en el Estado de México, ¿hay quienes piensan que podrá administrar mejor la justicia desde ese poder?, cuando las estadísticas muestran la impunidad que vivimos y que permite a los delincuentes seguir delinquiendo sabiendo que no serán castigados.
No es devolviéndole a las televisoras el negocio de la política como ahora lo propone el PRI, cuyo líder nacional, es suegro de la telebancada, como México abatirá la corrupción e impunidad para que la justicia se haga presente en todos los ámbitos de la sociedad que lo reclama.
Son tiempos de participar de manera organizada y tener otro México. De ti depende que cambiemos.
*Dirigente social

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