Los campesinos denunciaron presiones de la empresa Lince, del comisariado ejidal y de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que vendan sus parcelas para el proyecto de la autopista.
Hace más de un mes, más de 500 policías federales desalojaron a un anciano y a cinco perros, para destruir su casa de dos niveles que se encontraba en el paso del primer tramo de la autopista a las Pirámides.
Faltan por construir otro tramo de 13 kilómetros y el trazo pasa por el municipio de San Salvador Atenco, donde 24 comuneros serán afectados.
El gobierno federal está ayudando a la empresa Lince, ya que sí no logra comprar las parcelas, serán expropiadas.
Ante esta situación, los campesinos se ampararon en un juzgado en Nezahualcóyotl en contra de las determinaciones de la SCT, el presidente de la República y otras autoridades.