· A partir del próximo
30 de noviembre, en Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y
Tlaxcala
· El 29 de febrero
de 2016, en Aguascalientes, Colima, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo
León, Quintana Roo, Tabasco y Distrito Federal
La Cámara de Diputados emitió la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, en 15 entidades federativas del país y en el Distrito Federal. El instrumento legal contiene elementos para combatir la corrupción, la opacidad y abatir la injusticia en el sistema penal vigente.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, expresó: “El Congreso de la
Unión declara la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 30 de noviembre de 2015 en los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala.
Y a partir del 29 de febrero de 2016, en los estados de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como en el Distrito Federal. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación”, abundó.
El Senado de la República informó que en su sesión del pasado 17 de septiembre hizo la declaratoria correspondiente, luego de dar a conocer los oficios suscritos por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, del secretario de Gobernación y de la procuradora general de la República, en los que solicitan al Congreso de la Unión la emisión de las
declaratorias.
Con ello se cumplió el primer párrafo del artículo segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El instrumento legal busca enmendar las fallas, la impunidad y sus consecuencias que enfrenta
el actual sistema, y unificar procedimientos a nivel nacional, como establece el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014.
El propósito es cumplir con el mandato constitucional estipulado en la reforma penal de 2008 y
transitar de un sistema de justicia inquisitorio a un modelo de corte acusatorio adversarial.
Se establecen nuevas normas en la investigación, procesamiento y sanción de delitos por parte
de los órganos jurisdiccionales locales y federales, tales como la regulación de juicios orales que se llevarán a cabo en audiencias públicas para que las partes en conflicto y público en general, puedan presenciarlas.
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