· Sistema Sancionador de la Federación y Legislación estatal no contempla mecanismo para castigar al gobernador
En voz de la diputada Xóchitl Teresa Arzola Vargas, el PRD consideró viable la amonestación que formuló la Junta de Coordinación Política (Jucopo) al gobernador de la entidad, Eruviel Ávila Villegas, por haber transgredido el artículo 134 de la Constitución; en respuesta a la Resolución emitida por el Consejo General del INE (Instituto Nacional Estatal).
El votó del Grupo Parlamentario del PRD fue en abstención, ya que estimó viable la amonestación al gobernador, pero consideró que el mismo Consejo General del INE debió emitir la sanción, ya que a nivel estatal y federal no existe mecanismo que permita a la Legislatura sancionar al gobernador.
*“El sistema sancionador de la federación, no contempla la forma en que los gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal puedan ser sancionados por actos u omisiones en su desempeño de gobierno cuando vulneren algún precepto electoral… Ni por parte de la Legislación estatal…”* explicó.
Además, señaló que *“No hay pena sin ley”*. Sin embargo, en la Constitución se cuenta con la figura de Juicio Político en contra del Gobernador del Estado, pero este no es el caso, el cual por cierto, sólo es aplicable, según el artículo 131 de la Constitución del Estado, al Titular del Ejecutivo por delitos graves del orden común y por delitos contra la seguridad del Estado.
En ese sentido, los diputados perredistas reiteraron que el fuero constitucional que tienen algunos funcionarios debe ser parcial, no debe servir como escudo a la acción punitiva, por ello la bancada perredista ha iniciado la reforma correspondiente para su desaparición, sin embargo, ésta no ha tenido la respuesta que los mexiquenses requieren.
La legisladora Xóchitl Arzola comentó que tal omisión forma parte de la evolución que ha tenido el sistema electoral, puesto que no existe un sistema perfecto, pero sí perfectible, y consideró necesario heredar esta
responsabilidad a la próxima legislatura.
Finalmente, el PRD consideró que el Instituto Nacional Electoral no hizo uso de las facultades que le fueron concedidas en las últimas reformas electorales, pues en una interpretación más amplia, éste debió ser el que
sancionara la conducta del Titular del Ejecutivo sin renunciar a su atribución, y delegar la responsabilidad al Legislativo de la entidad.

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