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24 enero, 2022

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EJERCEN ACCIÓN PENAL CONTRA PERSONAL DE LA PGJEM POR CASO TLATLAYA

· La denuncia de la CNDH señala la probable responsabilidad de
personal de la PGJEM en los delitos de tortura, abuso de autoridad y falso
testimonio.

· La probable comisión de estos delitos se registró posterior a los
incidentes acontecidos en el municipio de Tlatlaya, el 30 de junio de 2014,
en los que perdieron la vida 22 personas.

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*Toluca, México, a 01 de julio de 2015*.-La Procuraduría General de
Justicia del Estado de México (PGJEM) ejercitó acción penal en contra de
siete Policías Ministeriales de esta Institución, por su probable
responsabilidad en el delito de tortura, derivado de la Recomendación 51/14
emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la
denuncia respectiva, por hechos posteriores a los incidentes registrados en
el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio del año pasado,
en los que perdieron la vida 22 personas.

La denuncia presentada por la CNDH se sumó a la investigación que la
Procuraduría mexiquense había iniciado de oficio el 30 de septiembre de
2014, en la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

El Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México
concedió orden de aprehensión en contra de cuatro elementos de la Policía
Ministerial, misma que fue cumplimentada y derivado de ello fueron
ingresados al Centro de Prevención y Readaptación Social de Almoloya de
Juárez, donde un Juez determinará su situación legal; por los tres
elementos restantes la orden de aprehensión está en proceso de ser otorgada
por la Autoridad Judicial.

Al respecto, de las investigaciones realizadas hasta el momento, se
desprenden datos de prueba suficientes para establecer que servidores
públicos habrían maltratado física y psicológicamente a las 3 víctimas
(V-23, V-24 y V-25, según la recomendación de CNDH) con el propósito de
obtener información sobre las 22 personas que perdieron la vida en los
hechos registrados en Tlatlaya y la presunta relación de éstos con un grupo
delictivo con orígenes en el Estado de Michoacán.

Para ello, la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos realizó
diversas diligencias, en las que las víctimas reconocieron a los servidores
públicos señalados como probables responsables de tortura y maltrato. Han
comparecido hasta el momento más de 40 servidores públicos del Instituto de
Servicios Periciales, Ministerios Públicos y Policías Ministeriales.

Asimismo, se ha brindado el apoyo necesario para que visitadores y personal
de la CNDH, y en dos ocasiones visitadores adjuntos, estuvieran presentes
en las diligencias cuando así lo solicitaron, además de que tuvieran la
oportunidad de revisar todos los avances de la carpeta de investigación de
manera libre y exhaustiva.

Por otra parte, en relación con los hechos materia de la denuncia de la
CNDH, en el sentido del probable retardo o entorpecimiento del servicio de
procuración de justicia, es preciso señalar que hasta el momento, la
investigación no ha arrojado elementos suficientes para establecer la
actuación dolosa de servidores públicos que procesaron el lugar de los
hechos, toda vez que:

*1. *La hora de llegada del personal de esta Procuraduría al lugar de
los hechos obedeció, como se ha aclarado en diversas ocasiones, a tres
factores:

*a) *La necesidad de organizar equipos de trabajo capaces de atender un
hecho de tales magnitudes; para lo cual, fue necesario reunir Peritos,
Policías Ministeriales y Ministerios Públicos de Toluca, Valle de Bravo y
Tejupilco.

*b) *La distancia del lugar de los hechos; ya que desde Toluca son
necesarias por lo menos 4 horas para completar el traslado; desde Valle de
Bravo, al menos 2 horas y 30 minutos, y desde la Fiscalía Regional de
Tejupilco, por lo menos una hora con 50 minutos.

*c) *Las condiciones de seguridad que prevalecían en la zona; ya que los
reportes de elementos del Ejército señalaban el riesgo de posibles
emboscadas de grupos armados en la región donde se registraron los hechos,
derivado de lo sinuoso y complejo de los caminos de acceso.

*2. *De las declaraciones rendidas por elementos del Ejército ante la
Procuraduría General de la República (PGR), se desprende que luego de los
hechos, el personal castrense acordonó la zona, desvió el tránsito de
vehículos por el lugar y al menos dos elementos del Ejército realizaron
funciones de vigilancia a la entrada de la bodega, función que desempeñaron
hasta que arribó personal de la PGJEM.

El personal ministerial procesó el lugar de los hechos tal y como fue
encontrado una vez que arribó al sitio.

*3. *Ante ello, cabe destacar que el 6 de noviembre del 2014 el Juez
Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en el Estado
de México, con residencia en Toluca, dictó auto de formal prisión en contra
de tres elementos del Ejército por su probable responsabilidad en el delito
de Alteración Ilícita del Lugar y Vestigio del Hecho Delictivo.

Esa Autoridad Judicial concluyó que los tres elementos del Ejército antes
mencionados habrían cambiado la posición de armas de fuego, así como la
posición de algunos de los cuerpos.

No obstante, la investigación continúa y, de ser el caso, se deslindarán
las responsabilidades de carácter penal que correspondan; ello, sin
perjuicio de que las omisiones o deficiencias que pudieron darse en el
trabajo del personal de esta Institución en el lugar de los hechos, también
son materia de una investigación de carácter administrativo a cargo de la
Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de
México (IGISPEM), por lo cual han sido citados 53 servidores públicos de la
Procuraduría estatal para su garantía de audiencia.

Es importante aclarar que la PGJEM tuvo a su cargo la indagatoria iniciada
por los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, por un espacio
no mayor a 72 horas, actuando en todo momento en auxilio del Ministerio
Público de la Federación, y posteriormente, la investigación quedó en manos
de la PGR, dependencia que meses después, y una vez concluidas diversas
periciales, como la reconstrucción de hechos, mecánica de lesiones, y la
obtención de nuevos datos de criminalística y los análisis balísticos, le
permitieron llegar a las conclusiones que dio a conocer a la opinión
pública.

La Procuraduría estatal está en total disposición de atender todos y cada
uno de los aspectos que tengan que ver con posibles irregularidades dentro
de las actuaciones de sus servidores públicos; por ello, se mantiene un
desglose de la indagatoria para continuar con las investigaciones.

Por cuanto hace a la reparación integral que esta Procuraduría debe
realizar a las tres víctimas, cabe informar que el 15 de junio pasado se
publicó en la Gaceta del Estado de México la creación del Fondo de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas de Violaciones a Derechos
Humanos.

Con ello, se prevé la creación de las reglas de operación por parte del
Órgano Rector del Sistema Integral de Protección a Víctimas y de un Comité
de Evaluación, el cual, una vez que sesione, determinará los montos y
conceptos de la reparación integral de manera individualizada a cada una de
las tres víctimas antes señaladas.

Es preciso aclarar que esta reparación integral corresponde estrictamente
por los hechos que se atribuyen a servidores públicos del Estado de México
en la recomendación 51/14 que realizó la CNDH.

Por otra parte, el Instituto de Atención a Víctimas de Delito ha llevado a
cabo de manera pormenorizada y puntual*, *la atención médica y psicológica
en forma continua a las víctimas V-24 y V-25, y a sus familiares que lo han
requerido*; *además, les ha brindado apoyos económicos para solventar sus
gastos, e incluso, ha realizado acciones para mejorar su calidad de vida,
entre ellas, facilitar su cambio de domicilio al Estado de México.

Por lo que se refiere a la víctima identificada como V-23, a pesar de
diversas reuniones y comunicaciones sostenidas con sus representantes, se
ha negado a comparecer ante la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores
Públicos, no obstante que fue citada en dos ocasiones. Estas diligencias
tenían por objetivo reconocer su estatus de víctima y rendir su declaración
sobre los hechos referidos.

La PGJEM lamenta esta situación, pues en todo momento se procuró mantener
estándares internacionales de protección a víctimas, e incluso, se contó
para ello con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, para que la víctima V-23 fuera citada en sus instalaciones.

La Procuraduría estatal, a través del Instituto de Atención a Víctimas de
Delito, gestionó que las tres víctimas quedaran debidamente registradas
ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con objeto de que puedan
acceder a las reparaciones que competen al ámbito federal.

Es importante señalar que más de 670 servidores públicos de esta
Procuraduría han sido capacitados en materias como inspección en el lugar
de los hechos, al igual que en Derechos Humanos y Protocolo de Estambul,
todo ello con el apoyo del Instituto Nacional de Ciencias Penales y la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

De igual manera, actualmente 500 servidores públicos se capacitan en línea
en temas de Derechos Humanos, con el apoyo de la propia CNDH.

También se lleva a cabo la actualización de 10 protocolos de actuación
Ministerial, Policial y Pericial, así como la emisión de nuevos protocolos
sobre la investigación de delitos relacionados con el procesamiento del
lugar de los hechos, bajo estándares de protección a derechos
fundamentales, tal como lo solicitó la CNDH.

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