
Luego de los recientes rescates de 57 migrantes en Reynosa, Tamaulipas, así
como 103 más en el Estado de México, quienes permanecían secuestrados
víctimas de grupos criminales, la diputada Socorro Ceseñas del Grupo
Parlamentario del PRD instó al titular del Instituto Nacional de Migración,
Ardelio Vargas Fosado, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a
garantizar las condiciones necesarias de atención y asesoría para nuestros
connacionales y extranjeros; así como vigilar el respeto a sus derechos
humanos.
“Necesitamos una política de Estado para que los flujos migratorios se den
en condiciones legales de respeto irrestricto a los derechos humanos,
sancionando a quienes abusen de las personas migrantes”, advirtió.
Ceseñas Chapa, aseguró que “los casos de secuestro y extorsión de migrantes
deben atenderse y brindárseles la ayuda necesaria, legal, psicológica y de
respeto irrestricto a los derechos humanos; aprobamos recursos en tal
materia y deben aplicarse, México no puede seguir siendo escenario de más
impunidad”.
Recordó que en 2015 la Cámara de Diputados etiquetó recursos por más de 8
mil millones de pesos específicamente para temas migratorios, por lo que se
debe garantizar que tales recursos sean utilizados para brindar el apoyo
tanto legal como en materia de derechos humanos que sea necesario.
La legisladora, también integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, subrayó que recientemente la Secretaría de Hacienda anunció
recortes presupuestales que también afectarán la situación de migrantes en
nuestro país, sin embargo, aclaró, se debe vigilar que la aplicación de los
recursos públicos etiquetados vaya estrictamente a los rubros que aprobó el
Congreso.
“Por ejemplo, en México operan estaciones migratorias en condiciones
insalubres, con grandes carencias; en tanto el Gobierno Federal prioriza
1700 millones de pesos para ´foros multilaterales´ con paupérrimos
resultados. No se puede derrochar el presupuesto”, indicó.
Según datos recientes, el 54 por ciento de los migrantes que vuelven a
nuestro país no poseen documentos legales, por lo que las autoridades
responsables del tema, INM, CNDH, legisladores y el Ejecutivo Federal
tienen la obligación de impulsar acciones tanto legales como presupuestales
para auxiliarlos, pensando siempre en su reinserción social.

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