INDALECIO DEBE SER INVESTIGADO POR CASO OHL, DEBIÓ CONOCER EL ASUNTO COMO SECRETARIO TÉCNICO DEL GABINETE

* Indalecio Ríos debe ser investigado por los contratos otorgados a la empresa OHL en la entidad; como secretario técnico del gabinete debió conocer términos y condiciones del contrato del Viaducto Bicentenario y las razones para promover la ampliación de las concesiones a las autopistas que la empresa opera, advirtió Octavio Martínez.

* El candidato a la presidencia municipal de Ecatepec recordó que el PRD se opuso a la ampliación de las concesiones, por considerar que el Estado renunciaba a tener utilidades anuales por dos mil cien millones de pesos y encontrar detrás de la iniciativa a la empresa OHL.

Indalecio Ríos Velázquez también debe ser sujeto de la investigación por el caso OHL, en virtud de que se desempeñaba como secretario técnico del Gabinete cuando Apolinar Mena, secretario de Comunicaciones, negoció con la empresa sus vacaciones, y cuando el Ejecutivo estatal promovió la ampliación de concesiones para las autopistas que opera, advirtió Octavio Martínez, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la presidencia municipal de Ecatepec.

“Él era el secretario técnico del gabinete de Eruviel, coordinaba a la Secretaría de Comunicaciones, tuvo que conocer el asunto, luego entonces es responsable”, señaló el perredista.

Entre las facultades jurídicas del secretario técnico del gabinete, aclaró, se encuentran las de “integrar y llevar a cabo el registro u seguimiento de los acuerdos e instrucciones establecidos entre los titulares de las dependencias que integran el gabinete”, y “recopilar y proporcionar al titular del Ejecutivo Estatal y a los miembros del Gabinete información de decisiones, dando prioridad a la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas”.

Martínez Vargas mencionó que apenas el pasado 12 de febrero la Legislatura mexiquense convocó a un urgente periodo extraordinario de sesiones para desahogar con celeridad una iniciativa del Ejecutivo estatal que pudo ser bautizada como “Ley OHL”.

Con la reforma, recordó, el Gobierno del Estado de México renunció a la oportunidad inédita para allegarse de dos mil cien millones de pesos que anualmente arrojan como utilidad las autopistas de la entidad, al proponer la ampliación de las concesiones para operar estas vialidades, a pesar de que las concesionarias ya hubieran recuperado sus ganancias.

“Es absurdo el argumento del Estado para justificar la modificación por la que se determina facultar a la Secretaría del Transporte para que decida sobre la ampliación de los contratos con las empresas que operan las autopistas, a pesar de que hayan recuperado su inversión antes de concluir el plazo establecido, mediante la contraprestación que considere pertinente”, subrayó entonces.

Detrás de la iniciativa de reforma al Código Administrativo del Estado de México que fue rechazada por el sol azteca pero avalada por la mayoría de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista (PVEM), recordó, dijimos que se encontraba la empresa española OHL, beneficiaria de varias autopistas, incluida la más cara del país: el Circuito Exterior Mexiquense.

La modificación, destacó, fue parte de una serie de acuerdos del Gobierno de la República con la concesionaria, y por eso fue aprobada con urgencia.

“Es en el Estado de México donde se encuentran las carreteras de cuota más onerosas de todo el país y de América Latina. Soy de los que cree que esta iniciativa se hizo en el corporativo de OHL, una empresa que se empezó a desarrollar en el estado de México, que mutó a la rama de aeropuertos y hotelera, atropellando permanentemente derechos de particulares”, señaló entonces el perredista.

Al día de hoy, insistió, el Circuito Exterior Mexiquense tiene litigios con más de mil 200 familias de Ecatepec, Tultitlán y Coacalco, porque dañó estructuralmente su patrimonio; “la empresa se comprometió a indemnizar en casos incluso de pérdida total y es la hora que no ha dado ni un centavo”, lamentó.

Autorizar la ampliación de los contratos, dijo, implicó renunciar a explotar y recibir más de dos mil cien millones de pesos, aunque hay otros datos que establecen que pueden ser dos mil 400, que podrían servir para el desarrollo de la entidad.

“El Estado no debió renunciar anticipadamente a esos ingresos; dice que no está en condiciones de asumir la operación (de las autopistas), pero se tienen utilidades equivalentes al presupuesto anual de Toluca, Naucalpan, o de 15 municipios rurales, recursos que podrían emplearse para obra pública, salud, programas sociales, educación y seguridad”, insistió.