El gasto total de los Programas Asistenciales de Combate a la Pobreza a nivel nacional de 1970 a 2012 ha sido continuo y no ha resuelto el problema de la pobreza: en dicho periodo el número absoluto de pobres se incrementó en 58.2%, al pasar de 31.5 millones a 54 millones de personas, declaró el senador Luis Sánchez Jiménez.
En conferencia de prensa en el Senado de la República manifestó que el porcentaje de “pobres” respecto al total de la población se ha mantenido en un promedio de 53% en los últimos 20 años. En términos absolutos, esto significó un incremento de 14.3 millones de mexicanos en condiciones de pobreza en los últimos veinte años.
La principal causa del crecimiento de la pobreza es la abusiva concentración de la riqueza: 200 mil empresarios e inversionistas, es decir el 0.17% de la población, concentran el 42.3% del valor de la economía mexicana.
Según la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, las 30 principales empresas obtuvieron en 2010 aportaron sólo el 10 por ciento de sus utilidades, muy por debajo de las tasas que pagan los ciudadanos comunes.
En el año 2014, el Servicio de Administración Tributaria reconoció que la evasión fiscal en México equivalía a 3.1% del Producto Interno Bruto: 485 mil millones de pesos anuales. Representó más de tres veces los recursos programados para Desarrollo Social, proyectados en 111 mil 211 millones para el mismo año. Esto es una prueba de la ineficacia recaudatoria prevaleciente en nuestro país denunció Sánchez Jiménez.
Ante esta realidad, es vital impulsar lo que nosotros denominamos la otra reforma estructural, “una reforma de política económica, social y fiscal redistributiva de la riqueza nacional, que de origen al Ingreso Básico Ciudadano (IBAC)” propuso el senador.
“Se trata de que todo ciudadano mexicano mayor de 18 años tenga un ingreso mensual equivalente a un salario mínimo, a partir de la eliminación de los programas de corte asistencial de combate a la pobreza en México y de una Reforma Fiscal Integral”. Esta propuesta reformaría al Artículo 25 de la Constitución para que establezca el derecho ciudadano al Ingreso Básico Ciudadano.
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