NECESARIA LEGISLACIÓN FEDERAL CONTRA “DISPAROS AL AIRE”: CRISTINA OLVERA

• México ocupa los primeros lugares en AL, junto a Brasil y Colombia, en muertes por “balas pérdidas”.

“Es indispensable que el Estado contrate los seguros necesarios para dar atención médica integral a quienes sean lesionados por una bala perdida, y en su caso indemnice a los familiares de las víctimas”, subrayó.

En entrevista, la legisladora de Nueva Alianza aseguró que las muertes, resultado de las llamadas “balas perdidas”, es un tema de gran relevancia por los graves daños que ocasiona a las víctimas, pero que permanentemente ha sido relegado por las autoridades federales.

Mencionó que este tipo de eventos “sólo son atendidos mediáticamente, se les da el nivel de noticia en la medida en que van ocurriendo, sin que la autoridad atienda cabalmente este problema”.

Señaló que tan sólo en la Ciudad de México, de acuerdo con datos de la Procuraduría local, apoyados en investigación hemerográfica, de 2006 a enero de 2015 en la zona metropolitana del Valle de México, se dieron 139 casos en 109 meses.

Es decir, una o dos lesiones mensuales, con 15 víctimas al año incluyendo los fallecidos; pero esta cifra aumentó a 25 en el 2014, a pesar de que en la capital del país existe ya una legislación que penaliza los disparos al aire.

La también Secretaria de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados indicó que una de las obligaciones fundamentales del Estado es la protección de la integridad de las personas y sus bienes.

En esta condición, agregó, “es indudable que tiene la responsabilidad de garantizar y salvaguardar la seguridad y la integridad de todas las personas y en caso de no dar cumplimiento a estas obligaciones, debe resarcir los daños que se causen a los afectados por esta carencia”, insistió.

Olvera Barrios recalcó que si el Estado mexicano ha implementado los mecanismos para resarcir a los particulares que sufran daños en sus automóviles, a consecuencia de deficiencias en las vías públicas, “es evidente que cuando se trata de la integridad, salud o vida de las personas con mayor razón debe resarcir estos daños y apoyar a los familiares de quienes pierden la vida por una bala perdida, originada por la incapacidad del Estado para impedir el uso ilegal de las armas de fuego”.