SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, UNA ASPIRACIÓN TRUNCADA: SOCORRO CESEÑAS CHAPA

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción es, en principio, el
reconocimiento absoluto de la fractura institucional de la vida pública en
nuestro país, durante décadas, la aspiración nacional por construir un país
con mejores condiciones para sus ciudadanos, ha fracasado; afirmó la
Diputada Socorro Ceseñas Chapa, luego de que se prevé la aprobación del SNA
mañana en la Cámara de Diputados.

Criticó que tanto las dirigencias de los partidos políticos como los
coordinadores de los grupos parlamentarios, e incluso el propio presidente
de la república, hayan manifestado su beneplácito por este acuerdo,  “y
casi dan por hecho”,  que basta reorganizar el marco jurídico para terminar
con el cáncer público llamado corrupción, aseguró.

Asimismo, calificó como “un error inconmensurable, no reconocer que la
corrupción existe porque no se aplica la ley”; y agregó que  no se trata de
enunciar el fin de una era, aquella en la que el servicio público servía
para enriquecerse, para obtener prebendas y bienes sin conocer el origen;
para perpetuarse en empleos y plazas, sin trabajar ni aportar nada. Aquella
en la que la relación familiar o  laboral, implicaba estar por encima de la
ley y la “autoridad” lo veía como valor entendido.

La legisladora por Nuevo León, afirmó que este nuevo Sistema Nacional
Anticorrupción, no podrá tener buen puerto sin la voluntad absoluta de
ejercer la ley.

“Me parece ingenuo que quienes violaban derechos humanos hoy sean quienes
los vayan a defender. Quien robó o roba,  no puede defender la hacienda
pública; aquellos que hicieron de la justicia un instrumento para premiar o
perseguir a amigos o enemigos, difícilmente con un nuevo “SNA” van a
cambiar”; cuestionó.

Igualmente, reprochó que aquellos que entregan a los amigos concesiones
millonarias a cambio de propiedades, difícilmente lo reconocerán con esta
nueva legislación; los Fobaproas; Oceanografías; Créditos de Vivienda;
Ficreas; el desaseo en las telecomunicaciones; la procuración de justicia;
la discrecionalidad de los partidos políticos en su financiamiento, dijo,
han colocado al precio por encima del valor.

El problema, enfatizó, es que se abandonaron los derechos, la ética, la
defensa del patrimonio público, la nacionalidad, el honor; en el ejercicio
público se ha privilegiado el dinero, tanto para acceder a cargos, como
para mantenerse en ellos; la voracidad no tiene límite. La sumisión a los
pesos y hasta los dólares han envenenado el ejercicio público.

Aunado a ello -agregó-, el crimen organizado se infiltró en las redes del
gobierno al punto de que en muchos casos, se mimetizaron. La excesiva
acumulación de recursos económicos hace imposible que puedan ocultarse; de
hecho existe una idea perversa de que entre más se muestre el nivel de
despojo, más poderoso se es.

“Hoy vemos con gran asombro el nivel de desfachatez entre políticos,
dirigentes partidistas, sindicales, servidores públicos, ciudadanos que
debieran encarnar la transparencia como forma ineludible de conducción en
su vida. Sin embargo, no sólo no ocurre, casi siempre quien encabeza el
discurso del cambio, es precisamente quien no desea cambiar nada”, subrayó.

Al respecto, destacó temas como:

¿Que parece loable del SNA?:

1)    Que proceda la extinción de dominio.

2)    La intervención del Congreso, en principio del reconocimiento urgente
de combatir las practicas contra el patrimonio público y alejado de la
vocación de servidores de las instituciones.

3)    El fortalecimiento de instrumentos de fiscalización.

4)    La ampliación de facultades de la ASF, entre ellas la de promover
acciones ante las autoridades competentes contra quienes se les acredite
responsabilidad.

5)    Las declaraciones de los funcionarios, tanto patrimoniales como de
intereses, debieran ser un hilo de la conducta personal y no un instrumento
para no estar bajo sospecha.

6)    En la parte de las sanciones si bien se incrementan, debieran en todo
caso, aplicarse las existentes.

7)    La fiscalización en tiempo real.

8)    La ratificación del Secretario de la Función Pública por parte del
Senado

9)    La facultad de atracción de la ASF en materia municipal y estatal.

Los pendientes:

1)    Se establece un plazo de un año para que el Congreso de la Unión,
apruebe las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV y XXIX-W
del artículo 73, así como las reformas a la legislación establecida en las
fracciones XXIV y XXIX-H de dicho artículo. Esperemos que no se trate de un
plazo cómodo para despojar al país, antes de que el SNA este funcionando.

2)    Se establece de igual forma un periodo de 180 días  para que “El
Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, deberán, en el ámbito de sus respectivas
competencias, expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas
correspondientes”. El mayor problema de las reformas integradas en el Pacto
por México, fue que el espíritu de la modificación constitucional, no
armoniza con la ley secundaria, esperemos que esto no se repita.

3)    No hay una verdadera voluntad de terminar con la impunidad. Se
incrementa hasta por siete años, el periodo para que prescriban las
conductas administrativas graves. Nos parece que toda acción que perjudique
la hacienda pública o a las instituciones, no debieran de prescribir.

Finalmente, Ceseñas Chapa señaló que aquéllos que encabecen la tarea de
combatir la corrupción, debieran de tener la calidad moral, ética, para
esta gran cruzada. De lo contrario, dijo, “nuevamente estaríamos dándole
vida a un esquema corrupto que terminará por colapsar a nuestra sociedad”.