· Por acción u omisión, hay responsabilidad, la recomendación de la CNDH señala claramente que la PGJEM torturó testigos y manipuló evidencias
· Lamentable precedente y se refuerza la desconfianza de la población hacia las instituciones: Dip Xóchitl Arzola Vargas

Antes que proteger funcionarios del gobierno del estado de México, primero está el bien común de la gente, y en el caso Tlatlaya se está pasando por encima de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló la diputada Xóchitl Arzola Vargas.
Explicó que las declaraciones del secretario General de Gobierno del Estado de México, José Manzur Quiroga, respecto a que rechaza la renuncia del procurador de justicia, Alejandro Gómez, derivado de la recomendación de la (CNDH), viene a reforzar el por qué la ciudadanía desconfía cada vez más de las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia.
La investigación de la CNDH es contundente pues concluyó que el mandatario mexiquense y el procurador Alejandro Gómez Sánchez, no tenían pruebas para concluir, como lo hicieron, que los 22 muertos encontrados en esa localidad colindante con Guerrero cayeron durante un enfrentamiento con soldados, toda vez que desde entonces había pruebas en el sentido de que algunos de ellos fueron asesinados ilegalmente
Más aun, la CNDH sostiene que personal de la PGJEM torturó a testigos y manipuló pruebas periciales para encubrir los rastros dejados por miembros del Batallón 102 del Ejército Mexicano.
Ya sea por acción u omisión, el procurador tiene responsabilidad, pues es ilógico que esas violaciones a las garantías individuales, en este caso de los detenidos, fueran ajenas al procurador o peor aún, que ignore lo que pasa dentro de la PGJEM, lo que habla de una ingobernabilidad dentro de la misma.
En cualquiera de los dos casos, es grave que se le proteja al procurador de esa manera, pues ahora se entiende el fracaso de las políticas en materia de seguridad, caso concreto el programa de recompensas, pues qué garantías tiene la gente de colaborar con las instituciones, cuando éstas pasan por encima de la recomendaciones de la CNDH, concluyó la diputada Xóchitl Arzola Vargas

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