ESTADOS UNIDOS: LIBRE COMERCIO EN EL DISCURSO, PROTECCIONISMO EN LOS HECHOS

Abel Pérez Zamorano

El 26 de agosto la prensa informó que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos fijó una cuota compensatoria, un impuesto a la importación de azúcar mexicano (de hasta 17 por ciento), aduciendo que aquí se subsidia a la industria azucarera y que ésta hace dumping; pero de entrada surge la duda: ¿por qué estas acusaciones, de ser ciertas, no son llevadas a un panel de controversias de la OMC? No ocurre así porque el argumento es sólo una cortina de humo, pues si en algún lugar se subsidia en grande a los productores agrícolas es en Estados Unidos; los ejemplos abundan. En 2008 se aprobó la Farm Bill, que otorga a la producción agrícola subsidios por 289 mil millones de dólares durante cinco años, hasta 2013, en beneficio, principalmente, de agricultores ricos, con ingresos superiores a los 750 mil dólares anuales. Así el gobierno hace competitivos, a la mala, a sus productores. Por su parte la Unión Europea no se queda atrás: este año otorgará un subsidio a sus productores de leche y lácteos, principalmente de Holanda (que se suma al anunciado recientemente para frutas y hortalizas) por un monto de 170 millones de dólares. Realmente las acciones proteccionistas de Estados Unidos son consecuencia lógica de una elevada productividad en el contexto de una economía de mercado, que combinada con una producción anárquica crea un cúmulo tal de mercancías cuya venta se hace difícil: tan sólo entre 1950 y 1970 en Estados Unidos la productividad agrícola aumentó en 49 por ciento; y el año pasado registró una producción récord de azúcar, con el consecuente exceso en el mercado; por eso busca reducir las importaciones.

Mas nada nuevo hay en esto. A contrapelo del discurso de libre mercado, tradicionalmente Estados Unidos ha aplicado barreras arancelarias, y no arancelarias, a las importaciones de otros productos mexicanos: el tomate (en el año 2012) con argumentos de orden fitosanitario; durante los años ochenta y noventa, el atún; el aguacate (del cual somos primer exportador mundial), bloqueado en diferentes períodos; cemento, en el año 2003; acero en 2008, y varilla (castigada este año con una cuota compensatoria de entre 10 y 60 por ciento). Otros países también padecen esa política en sus productos: en 2012 los páneles solares, cables de acero y tablets chinos (Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico). En los años ochenta Japón fue obligado a reducir “voluntariamente” sus exportaciones de automóviles a Estados Unidos. En fin, contraviniendo el discurso de libre comercio, Estados Unidos y la UE operan en el mercado azucarero con un sistema de cuotas aplicadas por país; es decir, ninguna nación puede libremente vender en esos mercados la cantidad que desee.

Sobre el caso que nos ocupa, tras estas medidas se ocultan en realidad poderosos intereses, como los lobbies de empresarios agrícolas. La antes mencionada Farm Bill, por ejemplo, garantiza a los productores nacionales el 85 por ciento del mercado interno, en detrimento de las exportaciones de Latinoamérica, principalmente. Especialistas estiman que, favorecida por este esquema de subsidios, Cargill, la comercializadora de alimentos, incrementó sus utilidades en 1,000 por ciento entre 1998 y 2007.

Realmente el proteccionismo es un mentís a la prédica de economías abiertas y desarancelización total, donde pretendidamente opera el libre movimiento de mercancías entre países. Con base en tales supuestos, a México se le impuso desde el FMI, con el

ingreso al GATT en 1986 y al TLCAN en 1994, la apertura económica, a tal grado que nuestros gobiernos resultaron más papistas que el Papa: hoy tenemos el mayor número de tratados de libre comercio en el mundo, y la economía depende en altísimo grado de las exportaciones. En acatamiento al tratado, y cumplido el plazo de quince años, fueron suprimidos los aranceles en productos de consumo básico, como el maíz, y nuestras importaciones de alimentos han crecido de manera exorbitante.

Pero el proteccionismo tiene antiguas raíces históricas, y ha sido aplicado por las economías dominantes según su conveniencia. Desde los albores del capitalismo inglés, por el siglo XIV, hasta 1846, año de la derogación de las leyes cerealeras, operó una economía cerrada, con elevados aranceles a las importaciones, sobre todo de productos agrícolas; ¡un período de incubación de alrededor de 500 años en condiciones de economía protegida! Al concluir la Revolución Industrial, alrededor de 1830, Inglaterra alcanzaba niveles de productividad y competitividad sin precedente y, ya con la sartén por el mango, abrió la economía, inaugurando la era del libre mercado; pero ante la crisis del veintinueve la cerró de nuevo, y lo propio hicieron las demás potencias. La lógica del proteccionismo es que, como la cantidad de mercancías ofertadas supera a la demanda nacional, entonces exige frenar la oferta externa; o bien, con las crisis se frenan las economías y cae la demanda, por lo que el limitado mercado disponible debe ser salvaguardado. Finalmente, en los años setenta se restableció, oficialmente, el libre mercado, pero con un doble rasero: a los países débiles se les forzó a abrirse, mientras los fuertes se protegen, con aranceles, subvenciones y otros instrumentos, en aquellos sectores donde son sensibles a la competencia externa.

En nuestros días, y en grado mayor que antes, la saturación de capitales en los países ricos demanda no sólo la apertura de nuevos mercados a la excesiva producción alcanzada, sino, consecuentemente, cerrar sus propias fronteras a la oferta extranjera, para proteger a sus empresas nacionales. Pero todo eso provoca efectos de rebote: los aranceles afectan el bienestar social al encarecer los productos, aunque, claro, aumentan los ingresos gubernamentales. Finalmente, el proteccionismo norteamericano frena la economía mexicana al castigar nuestras exportaciones, de las cuales depende, exageradamente, el crecimiento, debido esto a su vez al sacrificio del mercado interno causado por el actual modelo económico.