Reforma educativa busca terminar con la gratuidad y derechos de los trabajadores de la educación

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El instituto que debe garantizar la infraestructura educativa no funciona

Es necesaria una reingeniería educativa en México para que el Sistema Educativo Nacional responda a las necesidades de miles de estudiantes y sobre todo garantice el derecho constitucional a la educación a todos los mexicanos por igual, pese a la reforma educativa que busca terminar con su gratuidad y con los derechos de los docentes, afirmó la diputada Julisa Mejía Guardado.

Al iniciar el nuevo ciclo escolar para 26 millones de estudiantes de educación básica, el censo de escuelas da por hecho que 6 millones de ellos irán a planteles no adecuados para la educación o en condiciones no propicias para esto por falta de infraestructura mínima o de mobiliario escolar, comentó.Se preguntó ¿cómo se gasta el presupuesto aprobado para la SEP?, toda vez que esta fue una de las dependencias beneficiadas con la reasignación de recursos por la Cámara de Diputados, ya que al presupuesto originalmente planteado por el gobierno, se le sumaron 2,576 millones de pesos, para operar en 2014 con recursos por 292,548.7 millones de pesos.

Y el titular de la SEP, señaló, de acuerdo a la ley, preside la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INFE), el cual se encarga de “regular la infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo nacional, en cuanto a construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados para escuelas en el país”.

Además, subrayó, que la norma establece que “el INFE deberá cumplir con las disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas”. Al tiempo de “garantizar la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública”.

Pero el panorama escolar no es el que la ley establece quedebe garantizarse para que los estudiantes tengan una infraestructura educativa digna para todos.

Mejía Guardado recordó que ya la OCDE de la que México forma parte, desde el inicio del actual sexenio dio a conocer que el problema de nuestro país no es solo que aumente el gasto educativo, que en 2014 tuvo un incremento de 6.7% en su presupuesto, sino en cómo se gastan estos recursos, porque de acuerdo a estudios en realidad este año tuvimos una disminución de 11.4% en términos reales, en gastos de inversión.

“Si la educación básica en México, hasta la media superior es obligatoria, es decir que los mexicanos estamos obligados a enviar a nuestros hijos a la escuela, a ¿dónde los enviaremos si la infraestructura educativa no permite garantizar el derecho constitucional a la educación? Porque muchas de las escuelas existen gracias al esfuerzos de los padres de familia que aportan lo que pueden para que estas se construyan, se remodelen, funcionen y se mantengan en pie”, subrayó.

Indicó que no basta con encarcelar a los líderes sindicales corruptos, si las fortunas que obtuvieron del desvío de recursos educativos no se reponen ni mucho menos se termina con la entrega de millonarios recursos al sindicato en vez de destinarlos a la infraestructura educativa nacionaly para las plazas de los nuevos maestros que egresan y queno tienen dónde ejercer su docencia.

De otra manera, aseguró, las noticias en los diarios serán como esta: “de los alumnos de prescolar, primaria y secundaria que regresan a clase en el país, cerca de 100 mil lo harán a escuelas sin paredes ni techos, mientras que otros 6 millones acudirán a planteles que se ubican en inmuebles adaptados, ya que el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial detectó que 14 mil 444 escuelas no tienen pizarrones y otras 36 mil 628 no cuentan con un escritorio para el maestro. Ante este panorama, profesores, dirigentes magisteriales y especialistas en educación destacaron que, pese a la reforma en el sector, no existe un proyecto educativo nacional”.

Y es que la reforma educativa del gobierno, terminó, acaba con los derechos de los trabajadores de la educación, desaparece la educación pública en los hechos, porque ahora los directivos, profesores y padres de familia tendrán que pagar el impuesto predial, agua y energía eléctrica de los planteles escolares públicos, además de mantener, con sus aportaciones, en óptimas condiciones las escuelas.