2 junio, 2026

Reporteros en Movimiento

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imageimage imageCHIMALHUACÁN, Méx.-  Por negarse a integrarse a la organización priísta, Antorcha Campesina, el ayuntamiento del Nuevo Chimalhuacán, envió a destruir las casas que empezaron a levantar vecinos de la organización social Tlali I Teotl Por Ayudar AC, a pesar de que también durante un año, funcionarios municipales les cobraron 10 mil pesos cada mes, por “protección para no ser molestados”.

Esto fue denunciado por la presidente y apoderada legal de la organización, Patricia Cornejo Ayala, quien dijo que el pasado viernes 24 de julio, personal del ayuntamiento se presentó en el predio en donde 38 familias comenzaron a edificar sus casas de las que ocho ya vivían en el lugar, para derribar sus viviendas y desalojarlos.

Patricia Cornejo explicó que la organización adquirió un terreno para un programa de vivienda para integrantes de la organización que no cuentan con una casa.

Fueron al ayuntamiento del Nuevo Chimalhuacán a solicitar informes para que la gente comenzara a realizar sus construcciones, platicaron con Rogelio Morales Pérez, quien dijo ser Jefe de Regularización de departamento de la Tenencia de la Tierra, quien les dijo que no había problema que le pagarán 10 mil pesos mensuales y se instalarán.

Por ello, desde el 15 de junio del 2013, se le comenzó a entregar 10 mil pesos, además de pagarle comidas en cada una de las reuniones que había con él,  para que se les permitiera establecerse en la zona.

“El problema surgió cuando nos dijo que nos afiliáramos a antorcha popular”, dijo Patricia Cornejo, pero les respondió que no, porque se lo impedía la misma porque no era política de la organización Tlali I Teotl Por Ayudar AC.

Cornejo Ayala, recordó que ante la respuesta negativa, una semana después, se presentaron funcionarios públicos del ayuntamiento, entre ellos la jefa del departamento de uso de suelo, Flora Nájera Avendaño y David Emmanuel Gonzalo Flores Ramírez, jefe de licencias de construcción, “quienes sin justificación alguna, ni presentar una orden de desalojo, con apoyo de la fuerza pública sacaron a la gente y destruyeron sus casas y pertenencias que había en el interior”.

La dirigente de la organización social,  dijo que cuando ella acudió les solicitó una orden de desalojo, nadie le pudo presentar el documento y aún así desalojaron y derribaron las casas.

“Sin seguir un procedimiento administrativo, ni notificar llegan y desalojan” dijo la representante legal, indica que existe una irregularidad.

Luego del desalojo, los afectados iniciaron un acta en la fiscalía especializada por delitos de servidores públicos, lo que quedó asentado en la carpeta de investigación 192820040011814, contra Flora y David Emanuel, por lo delitos de despojo, robo, abuso de autoridad y lo que resulte.

Patricia Cornejo dijo que en la ampliación de declaración ante el ministerio público, se agregarán cargo contra Rogelio Morales Pérez por extorsión, ya que se le entregaron 10 mil pesos mensuales durante un año “para que no nos molestara”, dijo la dirigente.

Ante la denuncia exigió justicia, por el desalojo y la recuperación de las propiedades dañadas, lo que valora en aproximadamente 750 mil pesos.

Por su parte el gobierno municipal, envió un comunicado, en donde la encargada del departamento de Licencias y Uso de Suelo, Flora Nájera Avendaño, informó que la zona recuperada pertenece al predio conocido como El Pocito, donde habitaban 42 familias.

“Detectamos que estos hogares se ubicaban en zonas ecológicas… son viviendas asentadas en sitios de alto riesgo, principalmente en barrancas…aquí durante esta temporada de lluvias son constantes los deslaves”, establece el comunicado.

Detalló que el operativo de recuperación de espacios ecológicos arrancó desde el momento en que la dirección detecta la construcción de cualquier estructura en zonas de conservación.

Y agrega que: “El departamento a su cargo emite las notificaciones correspondientes, informando a los habitantes sobre las irregularidades de dichos inmuebles”.

Sin embargo los vecino desalojados aseguran que no fueron notificados, ni se les dio derecho de audiencia, “pero eso si, nos extorsionaron durante un año y ahora que no quisimos pertenecer a su organización no desalojan”.

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