El Gobierno del Nuevo Chimalhuacán colabora con la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) en las investigaciones contra Geovanny Ibarra Arrieta, ex servidor público municipal presuntamente involucrado en diversos fraudes.
El ex empleado municipal fue detenido el día de ayer por elementos de la policía municipal y puesto a disposición del Ministerio Público de La Paz, acusado del presunto fraude y cohecho en agravio de 177 familias a quienes les pidió diversas sumas de dinero a cambio de la entrega de materiales del programa social “Vivienda Digna”.
“Recibimos varias denuncias por parte de vecinos de las colonias San Agustín y Xochitenco, quienes alertaban sobre la entrega ilegal de materiales de construcción de programas sociales a cambio de dinero… nosotros desconocemos a ese sujeto como servidor público, se ostentaba con credenciales y documentos de la pasada administración 2009-2012, los cuales ya caducaron”, afirmó la directora de Desarrollo Social municipal, Laura Rosales Gutiérrez.
Las autoridades locales informaron que hasta el momento han declarado ante el Ministerio Público 27 personas defraudadas, quienes aseguran haber entregado, al mencionado Giovany Ibarra Arrieta, diversas sumas de dinero a cambio de los apoyos.
“Estamos brindando nuestra ayuda jurídica a todos aquellos chimalhuacanos que resultaron defraudados… un grupo de abogados está al pendiente de esta situación en el Ministerio Público de La Paz. Hacemos un llamado a todos los chimalhuacanos que hayan sido víctimas de este delito, a que denuncien al defraudador”, aseguró Rosales Gutiérrez.
Cabe destacar que Geovanny Ibarra fue separado de su cargo como servidor público municipal e inhabilitado en enero de 2013, tras confirmarse diversas irregularidades cuando se desempeñaba como subdirector de la Coordinación de Adultos Mayores (INAPAM), adscrito al Sistema DIF Municipal.
La dirección de Desarrollo Social informó que todos los promotores del programa social “Vivienda Digna” se encuentran debidamente identificados y no están autorizados para recibir ninguna aportación económica.
“La aportación que hacen los beneficiarios para este programa es del 10 por ciento del costo total de la vivienda y se hace única y exclusivamente en la Tesorería municipal donde reciben documentos oficiales”.
La situación jurídica de Ibarra Arrieta se definirá en las próximas 48 horas.
DEBERIAN DE EMPESAR POR LA PERSONA DESPOTA DE DESARROYO SOCIAL LAURA ERES UNA DESGRACIADA POR Q TEMETES CON LA GENTE QUE ENVERDAD TRABAJA NO COMO TODOS USTEDES RATEROS Q CON SUS MARCHAS HIBLIGAN ALA POBREGENTE APARTICIPAR YA CUIDA TU VIDA Y LA DE TUFAMILIA CUANTO VALORAS TU VIDA DEJA DE ANDAR DE REVOLTOSA Y PARA TU INFORMACION YA SALIO PENDEJA PUDO MAS TU REVOLTOSIDAD O SU TRABAJO DE ESE MUCHACHO YA PONTE ATRABAJAR TU Y TODOS LOS ANTORCHISTAS DE MIERDA JAJAJAJA ADIOS Y CUIDATE Y LAGENTE NO QUIERE NADA TU PAGASTE ALAGENTE DE SAN LORENZO PARA ASER TODO ESO
Deverian no solo detener a uno si no a toda la bola de rateros de los antorchistas por k donde quedan ellos empezando por su gobierno y en segunda simplemente decir ANTORCHA es todo lo malo ahora resulta que todo lo que hacen es legal jajajajaj