PRD PROPONE CREAR INSTITUTO ESTATAL PARA EL APOYO DE VÍCTIMAS

·         Crear mecanismos que mejoren el tratamiento y apoyo a víctimas

·         Ampliar el catálogo de derechos de las víctimas que refiere la Ley General de Víctimas, generando así una mayor protección.

Jocías Catalán Valdéz, diputado del PRD; presentó una iniciativa para crear el Instituto Estatal para el Apoyo de Víctimas, y con ello crear mecanismos que mejoren el tratamiento y apoyo a víctimas en el estado de México, con base en la Ley General de Víctimas de la entidad. Esto con el objetivo de coordinar la legislación general, respetando lo que se establece en la misma, y otorgar una mayor cobertura en los derechos de la población mexiquense.

“El Estado no puede renunciar a su función de apoyar a las víctimas en todos los ámbitos requeridos pues de lo contrario corre el riesgo de ser únicamente un Estado policía, parcial y sin respaldo social…” mencionó el diputado perredista.

De tal modo, se crea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, como lo mandata la Ley General, se designan las autoridades que lo conforman y se le otorgan facultades ejecutivas al Director General del Instituto Estatal para el Apoyo de Víctimas, pues es a través de esta nueva figura que se le otorga mayor efectividad a la actividad de apoyo a las víctimas.

Por ello, el diputado Jocías Catalán considera necesaria una una reestructuración de las instituciones de procuración a las víctimas, pues actualmente se cuenta con la defensoría de víctimas y el Instituto Estatal de Protección a Víctimas, siendo así que hay una dualidad de funciones, por tal motivo, se propone la derogación de los artículos 50, 51 y 52 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, para que las funciones del actual Instituto, sean retomadas por el de nueva creación, pero ahora dependiente de la Secretaría General de Gobierno, como es hasta ahora la Defensoría Especializada de Víctimas.

Con ello, un cambio en la denominación que se tenía en la Ley de Protección a Víctimas del Delito para el Estado de México, así como del concepto “defensa de la víctima”, por el tratamiento y apoyo a las víctimas, pues el hecho de ser víctima, se debe a la incapacidad que el Estado tuvo en un momento dado de proteger a la persona en sus derechos humanos.

Dicha propuesta, también toma en cuenta que desde el momento en que exista la simple presunción de ser víctima de un delito o de hecho victimizante, el Estado tenga la obligación de procurar justicia, otorgue un apoyo y un tratamiento especial por la calidad de víctima que tiene una persona que ha sido vulnerada en sus derechos humanos.

Así mismo, la reparación de daño material a través de una restitución para los derechos humanos, la indemnización, la cual permite compensar con un bien útil, como lo es el dinero; respecto al daño inmaterial, es el que se refiere a los efectos psicológicos y emocionales sufridos debe ser atendido a través de la utilización de los principios de equidad, pues cuanto mayor sea el daño, mayor podrá ser la indemnización por este concepto y el Estado podría contribuir a través de las instituciones de salud para la mejor recuperación anímica causada por el daño causado.

En ese sentido, se ampliaría el catálogo de derechos de las víctimas que refiere la Ley General de Víctimas, generando así una mayor protección, obligando a los agentes del Ministerio Público al respeto de los mismos, sin necesidad de que el asesor jurídico o la víctima, tengan que invocarlos al momento de estar ante su presencia.

Incluso, la propuesta retoma la obligación de la Ley General, otorgando la facultad al DIF para la entrega de paquetes escolares y uniformes adicionando becas que no contempla la referida Ley, mismas que deben ser suficientes para garantizar las condiciones dignas y su permanencia en el sistema educativo del Estado.