PEÑA NIETO SE ACOBARDA ANTE GRANDES MONOPOLIOS; LFCE NO SANCIONA A AGENTES ECONÓMICOS PREPONDERANTES: PRD

–Es una iniciativa rabona y refleja una cobardía del Ejecutivo Federal frente a los grandes monopolios en este país.

-México es un espacio formador de fortunas inconmensurables a costa del desarrollo de la economía; pagamos bienes y servicios caros y de mala calidad.

La Ley Federal de Competencia Económica presentada nos parece corta, nos parece que simula y hace acopio de su fortaleza que tiene de cooptación con los medios de comunicación para vender una falsa idea, vender lo que piensa el Ejecutivo en perjuicio de los demás y en beneficio de unos cuantos.

Nuestra posición de la Ley Federal de Competencia Económica es rabona, totalmente, y refleja, desde nuestro punto de vista, una cobardía del Ejecutivo Federal contra los grandes monopolios en este país.

La falta de objetivos fundamentales ha sido la constante de Peña Nieto en el sin número de reformas que ha planteado a esta Legislatura. ¿Por qué decimos esto? En primer término esta iniciativa presentada por el ejecutivo federal de la nueva Ley Federal de Competencia Económica,  reglamentaria del artículo 28 constitucional, no corresponde de forma suficiente para combatir a los grandes monopolios de este país.

México se convirtió en un espacio formador de fortunas inconmensurables a costa del desarrollo de nuestra economía; pagamos bienes y servicios caros y de mala calidad. No contamos con un sistema de sanciones suficientes para inhibir las prácticas anticompetitivas y fijación de precios.

En el año de 1993 se  promulgó la Ley Federal de Competencia,  pero no se tenía como objetivo central, la formulación de una política anti-competitiva. Sólo se establecieron barreras artificiales.   En 2006 se llevó acaba la primera reforma a la ley: se establecieron procedimientos internos y judiciales. Fue hasta 2011, la segunda reforma,  cuando hay un fortalecimiento institucional, de la Comisión Federal de Competencia,   pero no hay capacidad disuasoria  de la autoridad, pues se mantienen prácticas anticompetitivas, y se avanzó en la interacción de la Cofeco con otros reguladores.

Qué está en juego con esta reforma:

La posibilidad real de transformar la economía del país y obtener beneficios en todo el sector productivo, pasa por la lucha contra los monopolios. Todos los mercados se encuentran capturados, no hay uno solo que se encuentre regido por la sana competencia, recordemos que:

• 3 bancos dominan los servicios financieros
• 2 empresas controlan los canales de televisión abierta
• 1 empresa controla la red de conexión telefónica
• 2 grupos empresariales controlan la distribución de gas LP
• 2 empresas controlan el mercado del cemento
• 1 empresa controla dos tercios de la producción de harina de maíz
• 3 empresas controlan la producción de pollo y huevo
• 2 empresas controlan el 80% del mercado de leche
• 3 empresas dominan el mercado de carnes procesadas
• 2 empresas controlan el mercado de refrescos, jugos y agua envasados
• 1 empresa controla la producción del pan industrializado
• 2 empresas controlan la distribución de medicamentos.

No eliminar  las barreras competitivas es altamente perjudicial para los millones de consumidores y sobre todo, para la economía del país. La concentración del mercado es muy peligrosa, recordemos que se ha llegado a utilizar el control de las telecomunicaciones para manipular y orientar el sentido del voto en una elección.

La iniciativa del ejecutivo es una propuesta que protege a los competidores que no compiten y traiciona en los hechos el ordenamiento constitucional que en su artículo 28 segundo párrafo señala que “ la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.”

Lo más grave,  es que son los mismos grupos empresariales,  que tienen capturado el mercado, los que reciben todos los privilegios fiscales. Es un absurdo que quien controla el mercado del huevo, pague impuestos como si fuera un ejidatario. Por esta razón nosotros en diciembre pasado presentamos una reforma a la ley del Impuesto Sobre la Renta con visión de progresividad y con diferenciación en cada uno de los rangos para permitir equilibrio y que efectivamente pague más el que gane más;  pero hacienda y el gobierno, se amedrentó y protegió  a los monopolios.

Qué características tiene esta iniciativa:

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) estará integrada por un pleno de 7 comisionados. Aparece la figura de  Autoridad Investigadora con autonomía técnica y de gestión, la cual podrá solicitar a las autoridades públicas nacionales y extranjeras información para la sustanciación de los casos, además de que podrá presentar denuncia y querella ante la PGR por violaciones a los principios de libre competencia y concurrencia.

La reforma Constitucional  en materia de competencia y telecomunicaciones, otorgaron facultades en materia de competencia al Instituto Federal de Telecomunicaciones y se las retiró a la Cofece. Además estableció un tema que para nosotros es medular, la preponderancia en el mercado y se destaca que nadie puede  controlar más del 49% del mercado de telecomunicaciones.

Este porcentaje fue una derrota del Congreso porque las grandes empresas televisoras presionaron para establecer así la ley. Cuando existen dos competidores, francamente dejar 50-50 es una burla a la política de competencia.  Por esta razón nosotros insistimos en la definición plena de la preponderancia y demandamos la reducción del porcentaje  en el caso de telecomunicaciones y definirlo en el caso de la LFC, para declarar preponderante a un agente económico.

La Comisión Federal de competencia debe tener la facultad de investigar de oficio, absolutamente todos los mercados. La ley debe de contemplar y señalar los límites que deben de acatar los agentes económicos de forma inmediata, no podemos seguir trasladando miles de millones de pesos de todos los consumidores a empresas que abusan de su poder, controlan y fijan precios, eluden impuestos, no respetan la ley laboral sin que exista sanción alguna.

Se introduce el concepto de “determinación del insumo esencial” sin definición en el cuerpo de la ley lo que permite subjetividad, ya que para probarlo, la Cofece deberá considerar que: el insumo es detentado o prestado por un solo agente; que no sea viable su reproducción; o si el insumo resulta indispensable para la provisión de bienes o servicios.

Sobre las sanciones prácticamente no ha modificaciones sustantivas. Se mantienen penas de hasta el 10% de los ingresos del agente económico o hasta 180 mil veces el salario mínimo y como hemos sido testigos, no hay absolutamente ningún agente sancionado y multado por prácticas anti competitivas. Necesitamos elevar las multas, debemos de inhibir cualquier conducta contraria a la competencia y de realizarse, debe sancionarse ejemplarmente para que no vuelva a ocurrir.

De igual forma, es fundamental modificar el sistema de resarcimiento de daños, las acciones colectivas como garantía y derecho de los consumidores, no se encuentran en las mismas condiciones del mundo. En México, se decidió por no comprometer a los agentes económicos a pagar por el abuso de prácticas anticompetitivas y cualquier ejercicio de reclamo debe cumplir con ciertas características. En principio,  los derechos tutelados son en materia de consumo, sistema financiero y medio ambiente, por la Profeco, la Condusef y la Profepa; una asociación civil puede demandar colectivamente pero con restricciones pareciera que el objetivo es complicarle al afectado su derecho y proteger a los infractores.

En suma, esta es una iniciativa que debiera ser la defensa de los consumidores contra los grandes monopolios, pero el titular del ejecutivo, nuevamente se somete a los intereses de los agentes económicos que tienen capturada la economía de nuestro país. Urge en México,  una verdadera política de estado que someta a la ley a quienes abusan de su poder de control en el mercado, sin embargo, esta iniciativa no cumple con este objetivo.

Daremos la lucha por fortalecer  una institución anti monopólica,  que garantice y  refleje los derechos de los consumidores. Es indispensable modificar esta ley, pero no avalaremos  propuestas que simule combatir a los monopolios, sin dejarlo muy claro en la ley. Basta ya de someter y comprometer el crecimiento y desarrollo de nuestro país, solo para enriquecer a unos cuantos. El PRD, l@s legisladores de izquierda y particularmente nosotros, estamos comprometid@s a eso.