CONFRONTACIÓN POLÍTICA

Por JUAN CARLOS ROJAS

EL TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS EN SU CAPÍTULO MÉXICO, ES UN TRIBUNAL DE CONCIENCIA INTEGRADO POR CENTENARES DE JURISTAS, JUECES Y EX JUECES DE CASI TODO EL MUNDO, cuya función es la de escuchar a los pueblos en resistencia contra las políticas neoliberales. Su fuerza es ética y sus resoluciones constituyen un llamado con autoridad moral. La audiencia transtemática “Represión a los Movimientos Sociales” se realizó del 22 al 24 de noviembre, en Ciudad Universitaria. Presidieron el tribunal Anntoni Pigrau Solé (de España), Philippe Texier (de Francia), Marcelo Ferreira (Argentina), Matías Bailone (Argentina), Ramiro Ávila Santamaría (Ecuador), John Saxe-Fernández (México), Miguel Concha (México), Alejandro Alavez (México), y Enrique González Ruíz (México).

EL ABOGADO JUAN CARLOS ROJAS IBARRA PRESENTÓ LA ACUSACIÓN EN CONTRA DEL ESTADO MEXICANO por la criminalización de la protesta social y la represión en contra de luchadores sociales como Felipe Rodríguez Aguirre, encarcelado y procesado por realizar una protesta en demanda de solución a diversos problemas comunitarios en el Estado de México.

EL CASO DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS DIRIGENTES DE LA UPREZ EN EL ESTADO DE MÉXICO, TAMBIÉN FUE PRESENTADO ANTE EL TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS. La acusación, en contra del Estado Mexicano, fue presentada por el que esto escribe el pasado 22 de noviembre. Este caso forma parte de la política gubernamental de criminalización de la protesta social, de la represión a los movimientos sociales que no pueden ser mediatizados o contenidos por el aparato político estatal o por el aparato represivo del gobierno. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio, los gobiernos del neoliberalismo contemporáneo no se han detenido a respetar ni los derechos humanos ni los derechos políticos, si lo que está en juego son las ganancias del gran capital. Tal cosa se da con toda crudeza en el Estado de México,

entidad donde los grandes capitales han irrumpido atropellando el entorno ecológico y laboral, pero también el social y político.

 

LA UPREZ SURGIÓ HACE MÁS DE 25 AÑOS. HA DADO LUCHAS IMPORTANTES EN DEFENSA DE LA ECONOMÍA POPULAR, por la regularización de la tenencia de la tierra, por servicios públicos, por vivienda barata para los pobres y por educación para las colonias marginadas. Es un movimiento que busca la transformación social, un movimiento rebelde, una organización que no sigue las pautas de conducta de tantas otras que luego de dar la lucha, son cooptadas por el Estado, vía la compra directa de los representantes, la aceptación de prebendas o de los cargos públicos. Al no haber podido, durante tres décadas, cooptar a los dirigentes de este movimiento social de masas que ha seguido creciendo en forma constante y endureciendo sus tácticas de lucha, el gobierno del Estado de México ha recurrido a la represión, como una forma de criminalización de la protesta social, en medio de toda una campaña de difamación de sus móviles y objetivos, así como de sus tácticas de lucha: los medios masivos de comunicación en la entidad y los denominados nacionales, han puesto el acento más en los perjuicios que la movilización de la UPREZ supuestamente ocasiona a la ciudadanía o automovilistas, que en la urgencia de solución de sus demandas.

 

DESDE QUE ENRIQUE PEÑA NIETO OCUPÓ LA GUBERNATURA (PERÍODO 2005-2011), ANTES DE ARRIBAR A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, la Plaza de Los Mártires, ubicada frente al palacio de gobierno, donde acostumbrábamos manifestarnos, ha sido ocupada por centenares de policías y cercada con tubos de acero para impedir las manifestaciones de protesta de la población. El mismo Ayuntamiento de Toluca ha incluido en el Bando Municipal, sanciones para todos aquellos inconformes que quieran manifestarse en esa plaza. No hay libertad de tránsito: ningún autobús puede circular por la entidad, si está bajo sospecha de transportar a ciudadanos que quieren hacer alguna protesta frente al palacio de gobierno. La UPREZ por eso ha recurrido a la caminata por las carreteras de la entidad, aún bajo el riesgo de sufrir accidentes en las autopistas, porque no ha recibido respuesta a sus demandas, que son tan amplias como las necesidades de la población: servicios públicos, escuelas, vivienda, apoyo agrícola, etc.

 

EL DOS DE AGOSTO DE 2012, A LAS 8 DE LA MAÑANA, MILITANTES RECONOCIDOS DEL PRI Y LA ORGANIZACIÓN MOVIMIENTO VIDA DIGNA, integrada por supuestos ejidatarios de San Francisco Chilpan, invadió 17 hectáreas de un predio en Lomas del Parque, en Tultitlán, Estado de México, que la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) adquirió en 1992 a través de un fideicomiso del Fondo Nacional para la Habitación Popular (Fonhapo), en el que se

construirían mil 600 viviendas, para los agremiados. Tras una larga cadena de agresiones bajo el amparo de las autoridades, los ejidatarios agredieron brutalmente a machetazos a los miembros de la UPREZ, el pasado 26 de octubre de 2012. Hasta el momento los gobiernos municipal de Tultitlán y del Estado de México, así como la Procuraduría de Justicia de la entidad, no han actuado para desalojar y castigar a los invasores.

 

DESDE ENTONCES HEMOS ESTADO EXIGIENDO SOLUCIÓN A ESTE PROBLEMA Y SOLAMENTE HEMOS RECIBIDO OMISIONES de parte de la autoridad estatal, de Enrique Peña Nieto, siendo gobernador del Estado de México, de Eruviel Ávila Villegas, el nuevo gobernador. Es en este contexto que se dan los hechos que denunciamos ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. Denunciamos la represión, criminalización jurídica, criminalización mediática y estigmatización de los dirigentes, así como de los movimientos sociales. En la comisión de estos hechos se violaron los preceptos contenidos en los artículos 1º, 6º, 7º, 8º, 9º, 11º, 14º, 16º, 19º, 21º, 22º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También fueron violadas las normas contenidas en los tratados internacionales que tienen que ver con los derechos políticos y sociales y con la prohibición de la tortura, tratos o penas crueles, degradantes o discriminatorios.

 

LA DETENCIÓN DE DIRIGENTES SOCIALES COMO FELIPE RODRÍGUEZ AGUIRRE Y SU HIJO JESÚS ALEJANDRO RODRÍGUEZ NAVA, perpetrada el 21 de marzo de 2013, mediante un comando armado de aproximadamente diez individuos sin identificación (del que ahora sabemos, se denomina Grupo de Inteligencia Policial (GIP), integrado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, corporación policiaca estatal, comisionado en labores de apoyo al Ministerio Público Federal), en vehículos no oficiales y sin placas, “levantó” a Felipe Rodríguez, quién además de ser miembro de la comisión política de la UPREZ, es miembro de los Consejos Estatal y Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Su trayectoria como luchador social es amplia y conocida.

LAS DETENCIONES SE REALIZARON SIN APEGO A DERECHO, VULNERANDO SUS GARANTÍAS INDIVIDUALES, toda vez que no les fue mostrada ninguna orden de aprehensión y se les mantuvo incomunicados por más de 4 horas (durante las cuales Felipe Rodríguez Aguirre fue torturado física y psicológicamente, incluso la prótesis que utiliza en lugar de la pierna derecha, que le fue amputada hace varias décadas, fue objeto de mofa y escarnio, la pisotearon, al tiempo que lo amenazaron de muerte cortando cartucho a sus armas y colocándolas innumerables ocasiones sobre su cabeza. Su familia también fue blanco de las amenazas proferidas por los policías, quienes le gritaban al maestro Felipe que su esposa y sus hijos ya “estaban ubicados” y que también serían

secuestrados para asesinarlos y luego cortarlos en pedacitos y regarlos por todo el estado, para escarmiento de los demás agitadores.

HORAS MÁS TARDE FUE PRESENTADO JUNTO CON SU HIJO, EN LAS INSTALACIONES DE LA PGR EN EL ESTADO, bajo la acusación del delito de “ataque a las vías generales de comunicación”, agravado con “pandillerismo” y “asociación delictuosa”, motivo por el cual el juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Estado de México, lo puso tras las rejas en el reclusorio estatal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, y le dictó auto de formal prisión con sujeción a proceso a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las convenciones, tratados y pactos internacionales suscritos por nuestro país y ratificados por el Senado, consagran las libertades de tránsito, de expresión, de manifestación y de protesta. Denunciamos Violaciones al “Debido Proceso”: La detención de Felipe rodríguez Aguirre y su hijo Jesús Alejandro Rodríguez Nava, se dio en el contexto de una averiguación previa no integrada cabalmente, sin orden de aprehensión, sin la identificación de sus captores, más bien pareció un rapto o secuestro no una detención judicial.

 

EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTUÓ CON EL SIGILO PROPIO DE UN CONSPIRADOR, PARA MANTENER RETENIDO AL DIRIGENTE, negándole sus más elementales derechos como el de ser asistido por un abogado, el de ser puesto a disposición de autoridad competente en forma inmediata, de rendir declaración sobre los hechos que se le imputaron, también de forma inmediata y de gozar de su libertad bajo caución. Todo lo contrario, su abogado fue obstaculizado en todo momento de asistirlo e incluso de depositar la caución para garantizar su libertad provisional A pesar de que ya la había autorizado en los autos de la indagatoria, hizo dolosamente la consignación con detenido ante el Juez de Distrito, sustentándola en dos ordenamientos secundarios: la Ley de Vías Generales de Comunicación y el Código Penal Federal, que fijan, el primero en su artículo 533, la comisión del delito de ataques a las vías generales de comunicación, y la agravante de haberlo cometido en pandilla, que establece el artículo 164 bis, del segundo ordenamiento en cita.

 

EL JUEZ DE DISTRITO RESOLVIÓ CALIFICANDO DE LEGAL Y RATIFICANDO LA RETENCIÓN DEL DIRIGENTE SOCIAL, dictando auto de formal prisión contra Felipe Rodríguez por los delitos referidos, ordenando que fuera fichado y suspendido en sus derechos políticos. Dicho auto de término constitucional fue recurrido por la defensa ante el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito (mismo que resolvió el 9 de julio de 2013, bajo el Toca Penal Núm. 115/2013), la revocación de dicha resolución del juez segundo de distrito, al no encontrar acreditada la probable responsabilidad de Felipe Rodríguez

Aguirre, en la comisión del delito que se le había imputado, por lo que se decretó auto de libertad a su favor.

 

DICHA CONDUCTA REPRESIVA DEL GOBIERNO ESTATAL ATENTA CONTRA EL DERECHO DE MANIFESTACIÓN Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, conculcando el ejercicio de los derechos políticos de la población y los ciudadanos, al imponer una política del miedo, exhibiendo las consecuencias legales recaídas en los luchadores sociales, para atemorizar a la población y a los demás dirigentes políticos, utilizando la criminalización de la protesta social y la represión como vía para dirimir los conflictos con los gobernados. Lo anterior representa una abierta negación al Estado de Derecho.

 

EL GOBIERNO FEDERAL DE ENRIQUE PEÑA NIETO Y EL GOBIERNO DE ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS EN EL ESTADO DE MÉXICO, CRIMINALIZAN LA PROTESTA SOCIAL, reprimen a los liderazgos populares y permiten el libre accionar de bandas de golpeadores especializados en agredir a colonos, vendedores ambulantes y otros núcleos que buscan organizarse de manera autónoma y no bajo el cobijo del partido Revolucionario Institucional. Así lo demuestra su conducta omisa al no actuar para impedir la invasión de los predios de la UPREZ en Cuautitlán y Tultitlán, rayando en la complicidad al no detener en flagrancia a los agresores de los colonos, a pesar de estar presente la policía en el momento de los hechos y de estar notificadas las autoridades de la Procuraduría y del Gobierno del Estado.

LAS DEMANDAS Y EXIGENCIAS QUE TENEMOS SON LAS SIGUIENTES:. AMBOS GOBIERNOS, TANTO FEDERAL COMO ESTATAL, deben reconocer públicamente la arbitrariedad cometida y la criminalización de la protesta social, comprometiéndose a reparar los daños tanto a la conciencia pública como a la salud del dirigente. Exigimos también se esclarezca la función del denominado Grupo de Inteligencia Policial (GIP), quienes fueron los captores de Felipe Rodríguez; cuál es su mandato y jurisdicción, y por qué su forma de operación; y solicitamos se les finquen las responsabilidades respectivas tanto por la detención arbitraria, como por la tortura ejercida contra Felipe Rodríguez durante el tiempo que permaneció retenido por estos sujetos. Asimismo, exigimos el restablecimiento de las garantías constitucionales y el respeto a los derechos humanos y políticos de los gobernados del Estado de México. Exigimos, finalmente, el castigo a todos los responsables de las violaciones denunciadas y el establecimiento de un auténtico estado de derecho en nuestra entidad.