* Que Los Templarios demandaron seguridad en El Senado
* Resolver agravios del presente para conmemorar Revolución
* Regular las marchas en México para garantizar derechos
¿Los Templarios en el Senado? Fue la pregunta que todos se hacían en la Cámara Alta, después de que el mes pasado un grupo de 400 campesinos de Michoacán llegaron a su sede en la Ciudad de México para demandar seguridad, de la mucha que hace falta en esa entidad, y una comisión de 10 personas fue recibida por Omar Fayad, en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
“Cocoa” Calderón aseguró en ese momento de que había indicios de algunos eran operadores de ese grupo criminal que azota esa entidad, por lo que después de escucharlos como lo hacen con todos los grupos que llegan al Senado, se canalizaron sus peticiones al área del gobierno federal correspondiente, toda vez que es el ejecutivo quien puede responder a sus peticiones, a menos que hicieran propuestas legislativas a tomar en cuenta.
El presidente del Senado, Raúl Cervantes, fue categórico al reiterar que los miembros de este Poder no pueden actuar con base en juicios previos para recibir o no a los ciudadanos que llegan a su sede, en el entendido de que si alguien tiene la certeza y las pruebas de que algunos son infractores de la ley, hay que realizar la denuncia correspondiente y el Senado aportaría la información de los visitantes a la autoridad competente.
Lo que aseguró, no ha sucedido hasta la fecha ni la senadora del PAN ha solicitado que El Senado la realice con base en las probatorias con que cuenta para afirmar tal cosa.
Esto porque en los pasillos del Senado corrió la versión de que era necesario blindar las instalaciones ante la presencia de tales personas, de los que no se sabe si se identificaron con credenciales originales y porque razón fueron atendidos por la comisión de Seguridad y en especial de su presidente, senador tricolor, lo que hacía estos cómplices de atender a presuntos delincuentes, de manera que por todas las bancadas se propagó esta inquietud.
Los líderes de las bancadas expresaron su postura, pero en particular fueron los medios de comunicación los que más cuestionaron el hecho, otros comentaron que siendo esta la representación del pacto federal de los estados, cualquier ciudadano puede acudir a ella, trabajen de manera legal o no, ya que le corresponde a la autoridad competente buscar a los infractores.
AGRAVIOS DEL PRESENTE
Mientras las cámaras del Congreso de la Unión conmemoraron a su manera el inicio del 103 Aniversario de la Revolución Mexicana, escondidos por las valles en el Zócalo de la Ciudad de México, el Ejecutivo cumplió con los reconocimientos y ascensos en que esta fecha se entrega a los miembros de las Fuerzas Armadas, para evitar sorpresas.
Para el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, el mejor festejo de este movimiento armado, es emprender las reformas que son necesarias para evitar otro alzamiento popular como el que provocó la cerrazón de Porfirio Díaz en su momento.
Ahora México no pide simplemente que el voto cuenta y se cuente, sino que exige una verdadera rendición de cuentas de los políticos frente a los ciudadanos, que los órganos electorales sean independientes del poder local, un sistema político que funcione mejor y sirva a la gente, agregó.
Afirmó que “hoy la reforma oportuna es también la reforma política”. La que sigue es la reforma energética, dijo que los mexicanos exigen que el gas y el petróleo del subsuelo sigan siendo propiedad de la nación, así como un nuevo modelo y mayor eficiencia para la obtención de recursos a partir de ese patrimonio nacional que es de todos.
“El gran agravio de nuestro tiempo, desde hace décadas, es la falta de crecimiento económico sostenido y de generación de empleos formales”, señaló y aseguró que “ninguna reforma puede contribuir tanto como la energética a aliviar este agravio, a satisfacer esa necesidad de crecimiento económico y de generación de empleos”.
“Hoy, recordando la revolución del pasado, podemos juntos forjar la revolución del presente, la revolución que ha de ser pacífica; el camino lo sabemos, son las reformas”, finalizó.
REGULAR MARCHAS
Ante la omisión de las autoridades para cumplir los preceptos constitucionales manifestación y reunión, siempre y cuando no se ofenda a la autoridad o se afecte a terceros en sus derechos, El
Senado prepara la regulación de las marchas en México para darle vigencia al respeto a la legalidad.
Por ello, para terminar con el abuso de algunos grupos, y ante la falta de un marco normativo que regule las protestas públicas, senadores del PAN, PRI, PRD y PVEM presentaron la iniciativa de Ley General de Regulación de Manifestaciones Públicas, a fin de brindar certeza a los ciudadanos y generar condiciones que les permitan gozar y ejercer a plenitud sus derechos.
La bicolor Mariana Gómez del Campo indicó que esta iniciativa además de responder a una exigencia ciudadana, busca armonizar los derechos de manifestación, asociación y de libre tránsito.
La también integrante de la Comisión Especial de Movilidad en el Senado, marcó claramente la diferencia de esta iniciativa frente a otras que se han presentado, por ser producto de un consenso entre las distintas fuerzas políticas; también, porque no responde sólo a una necesidad local sino que va más allá, es de alcance nacional; además de ser una propuesta de vanguardia porque toma en cuenta experiencias internacionales y las mejora.
Gómez del Campo subrayó que ésta es una ley que cuida y amplía derechos, al retomar la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una jurisprudencia en la que contempla que la regulación de derechos fundamentales no es una limitante a su ejercicio.
“Obliga a las autoridades a respetar los derechos de quienes se manifiestan y a diseñar protocolos de actuación que privilegien el diálogo y dejen como última instancia el uso de la fuerza”, precisó.
También, añadió, retoma experiencias exitosas de otras partes del mundo, como es el caso de Reino Unido, España, Francia, Colombia, Rusia, Italia, Canadá, Egipto y ciudades como Nueva York donde existe legislación en la materia.
“Un ejemplo de esas acciones, es la obligación de dar aviso previo a las autoridades con 72 horas de antelación para que se tomen medidas de seguridad, se alerte a la población y se diseñen alternativas viales que se hagan de conocimiento público”, detalló.
De aprobarse esta propuesta, explicó, se obligará a las autoridades a que una vez que conozcan la intención de realizarse una marcha se instalen mesas de negociación para buscar dar solución a los manifestantes y se evite con eso afectaciones a terceros.
Y, en este sentido, aseguró, el aviso previo va a permitir que se lleve un registro puntual de quiénes son los organizadores de las marchas que serán responsables solidarios de lo que pudiera ocurrir y, en su caso, también serán responsables las autoridades cuando sean omisas.

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