· Autoridades obligadas a mantener el orden público para afianzar las garantías individuales de los ciudadanos.
Toluca, Estado de México.- En las últimas décadas las manifestaciones han incrementado su grado de violencia y de alteración del orden público; causando daños personales y materiales a terceros al faltar la libertad de tránsito, lo que resulta insostenible “y no se puede seguir ignorando este creciente y grave problema”, señaló Ulises Ramírez Núñez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, al presentar en Tribuna la iniciativa de Ley que Regula Manifestaciones y Reuniones Públicas en territorio mexiquense.
El Coordinador del GPPAN, afirmó que es necesario garantizar la libertad de seguridad, transito, trabajo, profesión e industria, armonizándolas para que se acredite su coexistencia y evitar abusos de parte de manifestantes o terceros, por lo cual se deben castigar las omisiones de las autoridades ante el incumplimiento de su deber: “de preservar el orden y la paz pública”.
Con el propósito de legislar sobre la coexistencia de los derechos fundamentales de las personas, reconociendo el de manifestación y de reunión, previsto en la Constitución Federal y local, Ramírez Núñez, resaltó que esta problemática social ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al investigar violaciones a derechos humanos, por ejemplo: los bloqueos sufridos en el Distrito Federal y que en la vía del fenómeno de la conurbación, afecta profundamente al Estado de México, demostrando la apremiante necesidad de legislar para la coexistencia de tan importantes derechos y libertades.
“La seguridad pública y las garantías individuales, no se contraponen, se implican y se complementan, por lo que se debe salvaguardar la seguridad pública para resguardar los derechos fundamentales, así como investigar la responsabilidad por el exceso de la fuerza, la falta de deberes constitucionales y las violaciones graves por incurrir en este tipo de omisiones”, concluyó.
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