OPINIÓN: EL SECUESTRO DE DON MANUEL SERRANO VALLEJO, UN ACTO DE BARBARIE

Abel Pérez Zamorano

El domingo 6 de octubre, poco antes de las siete de la mañana, fue secuestrado en la cabecera municipal de Tultitlán, Estado de México, el señor Manuel Serrano Vallejo, cuando instalaba su puesto de periódicos, fuente del sustento de su familia desde hace 50 años. En medio de tanta inseguridad, éste podría parecer a simple vista un acto delictivo más, pero se impone como obligada la pregunta: ¿Quién podría estar interesado en secuestrar a un señor de ochenta años de edad que siempre ha vivido de la venta de periódicos, que no tiene ningún enemigo personal y que es reconocido como persona honorable y estimada por todos los que lo conocen? Pero si consideramos el contexto en que ocurre el hecho, hay elementos que una investigación seria debe tomar en cuenta: don Manuel es el padre de la licenciada Maricela Serrano Hernández, presidenta municipal de Ixtapaluca e integrante de la Dirección Nacional del Movimiento Antorchista, y que al frente de sus gobernados ha reclamado al Gobierno estatal obras para mejorar la vida de los habitantes de ese municipio. Con admirable valentía y firmeza ha mantenido su exigencia a pesar de las amenazas sufridas, ella y sus hijos, refrendadas por allanamientos de los hogares de familiares suyos en Ixtapaluca, acontecimientos puntual y oportunamente denunciados ante las autoridades competentes, incluidos organismos defensores de los derechos humanos, y comunicados a los medios en su momento. Maricela Serrano es una importante luchadora social en el Estado de México y a nivel nacional, cuyo único delito es haber llegado a gobernar en beneficio de los más pobres y no para servir a los poderosos, lo cual ha provocado la reacción del Gobierno estatal mediante el bloqueo administrativo y la negación de recursos, buscando ahogar financieramente a la administración municipal y hacerla fracasar.
La lucha que sostiene el pueblo de Ixtapaluca forma parte de un movimiento social mayor que libran decenas de miles de ciudadanos mexiquenses para que el gobernador Eruviel Ávila Villegas cumpla sus compromisos de campaña, reclamo que, bien visto, expresa los intereses de todos los mexicanos que desean el progreso. Detalles aparte, esencialmente es una muestra de la realidad política que viven los habitantes de los estados y municipios de México, ciertamente, llevada en el caso particular a extremos inauditos por el Gobierno estatal. En la entidad, como ocurre en otras partes del país, es práctica común que para obtener el voto popular los candidatos hagan falsas promesas, pero que una vez llegados al poder, sin el menor recato desconozcan lo que prometieron. Pero como todo fenómeno, éste ha generado su contrario: la ciudadanía poco a poco deja de creer en candidatos que prometen y en las elecciones mismas. Ante este desencanto, y para ganar credibilidad, algunos candidatos firman sus compromisos, y, ciertamente, aunque pocos, hay quienes ya como gobernantes sienten la obligación de cumplir. Pues bien, en su campaña por la gubernatura el Doctor Eruviel Ávila Villegas también firmó, ante notario público y ante miles de esperanzados ciudadanos, pero el gobernador no cumple ahora lo que el candidato prometió a la gente.

Y ahora resulta que, cuando los ciudadanos piden que se cumplan los compromisos, el Gobierno responde enfrentando a los peticionarios, desatando toda una ofensiva especialmente en contra de los mexiquenses organizados en el Movimiento Antorchista. Se ha instrumentado una intensa campaña mediática contra quienes expresan más destacadamente la inconformidad social, el biólogo Jesús Tolentino Román Bojórquez y la licenciada Maricela Serrano Hernández. Operando a coro, articulistas venales han pretendido deslegitimar las protestas y desacreditar a los dirigentes mediante un alud interminable de acusaciones e insultos, como el de ser chantajistas, invasores, fraccionadores ilegales y desestabilizadores de la paz pública; se les ha acusado además de enriquecimiento, de desquiciar el tráfico, y otras cosas por el estilo. Con esta campaña se pretende colocar al Gobierno del estado como víctima, y al pueblo que reclama, como victimario. En la misma sintonía, las autoridades del Gobierno estatal violan sistemáticamente preceptos constitucionales básicos, impidiendo la protesta pública, por ejemplo, cercando la plaza principal de Toluca o instalando bloqueos policíacos para complicar artificialmente el tráfico vehicular con el fin de irritar a los automovilistas y azuzar a la opinión pública contra los manifestantes.

Otro elemento del contexto que debe atenderse para realizar una investigación rigurosa es la acción de uno de los grupos más poderosos y violentos del Estado de México, la mafia del transporte, comandada por Axel García Aguilera, y que se vale de pandilleros y golpeadores para mantener el control de su monopolio; y ante los reclamos de los auténticos trabajadores del transporte que exigen su derecho a laborar, este imperio ha respondido asesinando a seis de ellos y a su representante legal, quemando unidades, propinando golpizas y promoviendo una campaña violatoria del derecho al trabajo, con letreros pegados en las unidades de transporte público donde se exige que Antorcha salga del transporte; han perpetrado asimismo, gozando de absoluta impunidad, allanamientos de casas donde viven estudiantes universitarios que simpatizan con la causa de los trabajadores; el último ocurrió en el Distrito Federal, el mismo día en que era secuestrado don Manuel Serrano. En el Estado de México, pues, el monopolio del transporte es un poder soberano que avasalla al aparato mismo de gobierno.

En fin, en este contexto cargado de violencia impuesta señaladamente por el zar del transporte y en una situación política caracterizada por el quebrantamiento del Estado de derecho en la entidad, ocurre el secuestro de don Manuel Serrano. Es obligación del gobierno, como garante de la tranquilidad y la seguridad públicas, investigar y asegurar el regreso inmediato de don Manuel, sano y salvo, a su hogar, y determinar la responsabilidad en la comisión de este delito, pues tiene los medios para hacerlo y es su responsabilidad. Es necesario también que se restablezcan la legalidad y los procedimientos civilizados en el ejercicio del poder en el estado y frenar la ola de violencia arriba descrita, para que todas las familias mexiquenses puedan recuperar su derecho a vivir en paz.
Vaya desde aquí mi plena solidaridad con la licenciada Maricela Serrano, sus hijos y toda la familia Serrano Hernández.
México, D.F, a 8 de octubre de 2013