· Transparentar el proceso en el transporte para cerrarle las puertas a la corrupción.
Toluca, Estado de México.- Tras señalar que el problema del transporte público no es exclusivo de la entidad, el diputado Alfonso Bravo Álvarez Malo, afirmó que ya se trabaja en la Ley de Transporte Público y Movilidad del Estado de México, y tiene como función principal cambiar la cultura y el esquema de cómo se vive actualmente en esta materia en territorio mexiquense.
Al participar en el foro “Juntos por la Seguridad Vial” con la ponencia “Ley de Transporte Público y Movilidad del Estado de México”, que se llevó a cabo en el Museo Modelo de Ciencias e Industria, el legislador presentó el esbozo de lo que será esta iniciativa, que en un primer capitulado habla fundamentalmente del transporte, visto como la columna vertebral de la movilidad.
Resaltó que hay estudios que marcan que sí el transporte público y la adquisición de vehículos sigue al ritmo actual, dentro de seis años se duplicarán a cinco millones, tan sólo en la ciudad capital, es decir que un mal transporte público perjudica e incide en los ciudadanos.
Álvarez Malo, explicó que las propuestas de la iniciativa contempla la existencia de un esquema de puntos, el cambio de modalidad de pago al electrónico, horarios de servicio, tarifas y trato digno a los usuarios, obligaciones de los transportistas, hacer público un Registro Estatal de Transporte en internet con actualización semestral, así como un padrón de los operadores de unidades y matrículas.
Destacó la importancia de contar con un Consejo Ciudadano de Transporte Público que tenga facultades de proponer tarifas, sistemas de cobro en diversas modalidades, difundir programas de educación vial, investigar, formular, además de proponer los programas para procedimientos y mecanismos de coordinación y consulta entre los sectores oficial, social y privado, entre otras.
Finalmente, apuntó que en ésta Ley se integra el concepto de Movilidad Sustentable para que la población pueda moverse libremente, así como el hecho de que los políticos saquen las manos del gremio, para que no haya intereses económicos, de votos o la coacción del mismo, en el transporte público.

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