EL EDOMEX CRIMINALIZA LA EDUCACIÓN

MUJERES Y NIÑOS PRIMERO/ Por Tiaré Scanda

En el Estado de México ni pichan, ni cachan, ni dejan educar, y ahora quieren criminalizar a las madres.

Siete24.mx

Les cuento: Desde 2012 es obligatorio en todo el país que los niños cursen el nivel preescolar. En el Estado de México no hay suficientes planteles incorporados a la SEP o a la Secretaría de Educación de la entidad para atender a todos los niños, sólo al 70 por ciento.

Algunas mamás, preocupadas por esta situación, crearon los Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil (CCDI), usando sus casas, sus patios, sus recursos. Sólo algunos están constituidos legalmente como A.C. Unos se basan en el programa educativo preescolar de la SEP y otros trabajan con los métodos Montessori, Nezahualpilli y Educación Popular Comunitaria. En promedio el nivel de escolaridad de las educadoras es de secundaria, bachillerato o carrera técnica en puericultura o pedagogía. Las cuotas mensuales fluctúan entre 200 y 700 pesos. Estos centros existen hace muchos años.

Como pasa con todas las escuelas y todas las actividades en que hay seres humanos involucrados, las hay que son serias, formales y seguras y otras que no lo son.  Para proteger a los niños  y castigar a quienes engañan a los padres de familia prometiéndoles certificados y documentos que nunca les entregan, existe el delito de fraude (Art. 305 y 306 del Código Penal del Estado de México).

Tiene sentido, sobre todo después de lo ocurrido en Hermosillo con la Guardería ABC, que el control sea absolutamente estricto respecto a las condiciones de seguridad de niños y maestros. Lo que no tiene sentido es seguir metiendo gente buena a la cárcel.

Resulta que el Congreso Local propuso una iniciativa de ley y el Gobernador publicó un decreto que criminaliza parejo a buenos y malos.

A quien cometa en el Estado de México el nuevo delito llamado “Impartición ilícita de educación” se le dará entre 5 y 10 años de prisión. “La situación de trámite de incorporación no libera de la responsabilidad […] Este delito se perseguirá de oficio”. También podría acusárseles de “usurpación de funciones públicas” que se castiga con 15 años de cárcel.

Desde hace varios años, Save the Children, organización internacional pro derechos de los niños de la que soy vocera, trabaja con 68 CCDI del Estado de México dando capacitación a las educadoras, talleres a los niños y niñas y aportando materiales didácticos. Algunos también reciben apoyo de la Sedesol o el DIF. Al ser centros comunitarios, en muchos casos son las propias madres y padres quienes cocinan para los niños y se encargan de la limpieza y el mantenimiento, así que de paso, se están generando su propio empleo.

No sé si estoy loca o un buen gobierno tendría que regular y supervisar, sí, pero no inhibir las iniciativas ciudadanas de trabajo comunitario. ¡Claro que hay que exigirles extinguidores, salidas de emergencia, higiene y personal capacitado! Pero, ¿meterlos a la cárcel sin siquiera averiguar quiénes sí cumplen con estos requisitos, sólo por no estar incorporados a la SEP? ¿Alguien podría asegurar que la SEP es sinónimo de calidad educativa? ¿De seguridad? Cuando los “educadores ilícitos” estén en la cárcel por aportar a su comunidad un servicio que le hacía falta, ¿quién va a cuidar cada mañana a los hijos de las madres que se tienen que ir a trabajar? ¿Los diputados o el gobernador?