Por: Mtro. Israel Pérez Valencia
El pasado 11 de agosto, el presidente Enrique Peña Nieto presentó a los mexicanos su iniciativa de Decreto por el que busca reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo al documento entregado al Congreso de la Unión, esta iniciativa de reforma constitucional en materia energética se sustenta en los siguientes ejes estratégicos:
Fortalecimiento del papel del Estado como rector de la industria petrolera: Dotarle de nuevas herramientas para la definición y conducción de la política energética del país, que permitan una adecuada y prudente administración del patrimonio petrolero nacional.
Crecimiento Económico: México está llamado a aprovechar sus recursos energéticos en favor de mayor inversión y generación de más empleos, a partir de iniciativas que promuevan el abasto de energía en cantidades suficientes y a costos competitivos.
Desarrollo Incluyente: El acceso a la energía permitirá democratizar la productividad y la calidad de vida de la población en las distintas regiones del país.
Seguridad Energética: Se debe aprovechar la disponibilidad de energía primaria en el territorio nacional para lograr la procuración continua, diversificada y económica del suministro energético para ésta y las siguientes generaciones.
Transparencia: Garantizar a los mexicanos el adecuado acceso a la información sobre la administración del patrimonio energético nacional.
Sustentabilidad y Protección del Medio Ambiente: Es posible mitigar los efectos negativos que la producción y el consumo de energías fósiles puedan tener sobre la salud y el medio ambiente, mediante la mayor disponibilidad de fuentes de energía más limpias.
La iniciativa presidencial de reforma energética, ha generado diversas opiniones, en especial, porque para algunos analistas, académicos y políticos opositores es un intento del gobierno por privatizar a Pemex y repartir la renta petrolera a particulares nacionales y extranjeros, con lo que se pondría en entredicho la soberanía del estado respecto a los recursos naturales de la nación.
Incluso, hay voces de académicos y científicos que desechan el argumento presidencial de que para modernizar a Pemex se requiere la inversión privada, pues insinúa que los mexicanos son incapaces de desarrollar, comprar o rentar la tecnología necesaria para la extracción del petróleo en el subsuelo, aguas someras o el océano, además de que contradicen, con datos oficiales, que Pemex esté en riesgo de quebrar por sus problemas financieros como lo llegó a afirmar el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.
De acuerdo a la revista Fortune Global 500, la paraestatal es la empresa 36 de las 500 más grandes del mundo, con un ingreso anual de 125 mil millones de dólares. ¿Ese sería el tamaño de una empresa al borde de la quiebra? Por todo esto, la reforma energética del gobierno federal se ha mantenido en el ojo del huracán y varios sectores de la población la perciben como inconveniente y dañina a los intereses nacionales. ¿Cómo hacer entonces que los mexicanos la vean con buenos ojos?
¿Hacia dónde se enfoca la comunicación social del gobierno federal?
Los argumentos, muy fundamentados, en contra de la iniciativa de reforma energética, han obligado al gobierno federal a diseñar una comunicación social más apegada a la persuasión que al convencimiento y para ello está recurriendo a los medios masivos, principalmente la televisión.
Por ejemplo, en el mensaje a la nación que dio el presidente Peña Nieto el pasado 12 de agosto en cadena nacional, queda claro que el discurso del gobierno federal se apegará más a persuadir al pueblo; a dar pocos datos, hablar del qué, pero no del cómo; recurrir a partes específicas de declaraciones históricas del presidente Lázaro Cárdenas respecto a la participación de particulares en la industria petrolera para ganar peso político; en el discurso tradicional, extraído del salinismo, de que con esta iniciativa bajarán los precios del gas, de la energía eléctrica y que con la reforma se crearán más empleos, mejor remunerados, que habrá crecimiento económico y que hasta bajarán los precios de los alimentos.
El mismo discurso se observa en los spot radiofónicos y televisivos; incluso se diseñó otra campaña para refutar los argumentos de los opositores a la reforma energética en la que, bajo la consigna de que ‘Pemex no se vende, ni se privatiza’, invitan al auditorio a ‘no dejarse engañar’ por las voces en contra de la iniciativa presidencial.
Esta estrategia discursiva, como se mencionaba, no es nueva: El presidente Carlos Salinas de Gortari en la década de los noventas, comprendió que sus planes privatizadores en áreas como los bancos, la compañía telefónica, puertos, aeropuertos entre otros, no tendrían el aval del sector de la población más informado como los académicos, políticos opositores e intelectuales, de ahí que su estrategia se enfocó a convencer a la masa a través de la televisión, principalmente en Televisa, con un discurso sencillo y apegado a las necesidades directas de la población.
En su momento, Salinas de Gortari señaló que, con la privatización de las industrias paraestatales, bajarían los precios de los productos y servicios, se generarían empleos y habría más crecimiento económico para los mexicanos. La realidad cotidiana y el recuento histórico de su sexenio nos puede decir si se cumplieron esas promesas.
La estrategia mediática de los detractores.
Por el lado de los opositores a la iniciativa de reforma energética, existe una estrategia de comunicación social impulsada principalmente en la calle, la Internet y redes sociales. Andrés Manuel López Obrador, junto con el férreo luchador social Gerardo Fernández Noroña y el reconocido periodista y académico, Dr. Alfredo Jalife-Rahme, quienes son los detractores más importantes de la endeble izquierda mexicana, han generado foros públicos con especialistas en el tema, principalmente académicos historiadores y científicos, que ofrecen a la población los argumentos que refutan la iniciativa presidencial. Se han abierto espacios en el canal de videos YouTube, además de que se han proyectado blogs y otras páginas de Internet para informar a la población respecto al tema.
¿Cuál estrategia mediática será la más efectiva? ¿Por qué se inclinarán los mexicanos en esta ocasión, por la información o los datos populacheros basados en cuestionables esperanzas? ¿Habremos aprendido de nuestra historia reciente? La reacción popular nos dará la respuesta.

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