RECHAZAN DIPUTADOS Y DIRIGENCIA DEL PRD LA CRIMINALIZACIÓN DE ESCUELAS SIN REGISTRO

Por Jesús Esquivel

Nezahualcóyotl, Méx.- La dirigencia estatal del PRD y diputados locales de la misma filiación política rechazaron la reciente aprobación del dictamen de decreto donde se sancionará a maestros que den clases y su plantel no cuente con el registro respectivo extendido por la Secretaría de Educación del gobierno del estado de México.

Entrevistados por separado, Juan Hugo de la Rosa García, dirigente del Sol Azteca, Héctor Miguel Bautista López, coordinador de la fracción parlamentaria y los diputado por, Octavio Martínez Vargas y Armando Portuguez Fuentes,  señalaron que esa actitud asumida por el gobierno de Eruviel Ávila Villegas es criminalizar a gente bien intencionada que crea escuelas populares y que estas a través del tiempo puedan exigir su registro oficial.

Juan Hugo de la Rosa García, presidente PRD en la entidad, denunció que la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México tal como fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado viernes pasado, criminaliza a quienes buscan paliar el déficit en materia educativa.

 Señaló que si existen este tipo de escuelas es para contrarrestar los problemas que en materia de educación el gobierno del Estado no ha podido atender, ya que “actualmente existen en el país 50 millones de personas en rezago educativo, de ellos 15 millones son analfabetas y 5 millones de niños de 6 a 12 años no van a la primaria.

En el Estado de México para el año 2010 de acuerdo con el INEGI sólo el 26% de la población de 15 años o más cuentan con estudios de educación secundaria, por lo que resulta absurdo que en lugar de procurar incorporar más escuelas al sistema educativo se busque criminalizar a quienes buscan brindar educación”.

Héctor Miguel Bautista  López señaló que el gobierno del estado de México no tiene la capacidad para construir escuelas a la velocidad que crece la población estudiantil en la entidad.

“Yo calculo que en el estado de México hay aproximadamente dos mil escuelas que han tenido este origen, donde por falta de capacidad del gobierno del estado, vecinos, estudiantes suman sus esfuerzos, fundan una escuela pelean por el reconocimiento del plantel y los profesores en la medida de sus posibilidades van adquiriendo los conocimientos de docencia a través de cursos, que no son maestros, pero les imponen ciertas horas para capacitarse principalmente en pedagogía”.

De esta forma es como se ha atendido la demanda estudiantil que el gobierno del estado ha dejado de atender. “Nosotros creemos que le hecho que hoy se tipifique como delito, el que tengan una espíritu solidario y creas una escuela, me parece que es un exceso”.

Por su parte, el legislador por Ecatepec, Octavio Martínez Vargas señaló que ese es un grave error, por que el gobierno mexiquense no debe de actuar contra escuelas públicas que no tienen su registro, lo que debería de hacer es sancionar a quien lucre a través de escuelas particulares, quien abusan en el costo de las cuotas, es ahí donde la problemática se debe atender.

Aseveró que con estas nuevas disposiciones de reformas a la ley educativa se sancionará con una pena que va de cinco a diez años de prisión y una multa de mil 500 días de salarios mínimo,  al que preste servicios educativos que conforme a la ley requieren autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y no los haya obtenido.

Martínez Vargas señaló que esta nueva ley se equipara a la usurpación de funciones públicas la prestación de servicios educativos por parte de persona física, miembros o representantes legales de una persona jurídica o de una sociedad, corporación, empresa o grupo, con la promesa de entregar un certificado, título o grado académico o de que se obtendrá o se encuentra en trámite la incorporación correspondiente. Lo anterior, sin autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, expedido por autoridad educativa competente.

 En este sentido,  Martínez Vargas , propuso el que esta   iniciativa  no sea  golpear a las organizaciones sociales, sino que sea golpear  a la iniciativa privada  que  esta lucrando , sorprendiendo donde hay actores políticos, es decir agregar  la frase de lucrativas , ese es el secreto, “las que cobren mensualidades inscripciones , que tangan un fin lucrativo”, pero que no estén reconocidas , ahí estamos de acuerdo. No vamos a  permitir  que se criminalice a los profesores y a las organizaciones sociales en eso estamos en contra, dijo

Finalmente Juan Hugo de la Rosa García mencionó que la reforma no sanciona a quienes lucran de manera indebida con servicios educativos fraudulentos, sino persigue de forma indiscriminada a educadores que no estén autorizados o reconocidos por el estado.

A su vez, el diputado Armando Portuguez Fuentes, en representación de la Fracción Parlamentaria del PRD, señaló  que la iniciativa se entiende como una conducta de represión social que tiene un trasfondo político por parte del gobierno del Estado de México.

 El legislador explicó que la reforma al código penal no debería sancionar a quienes promueven la incorporación de escuelas al sistema educativo, y que el grupo parlamentario del PRD no coincide con una visión represiva de quienes promueven el desarrollo de la población a través de la educación.

Cebe mencionar que la iniciativa fue presentada por la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza  y  fue aprobada en lo general con 44 votos a favor 13 en contra. La reforma señala que se sancionará “al que preste servicios educativos que conforme a la ley requieren autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y no los haya obtenido”, en este caso las penas serán de cinco a diez años de prisión y una multa de mil a mil quinientos días de salario mínimo.