CONFRONTACIÓN POLÍTICA

Por JUAN CARLOS ROJAS

PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, RESULTÓ INSULTANTE Y FUERA DE TODO ORDEN LEGAL LA INICIATIVA DE DECRETO “por el que se Adicionan Diversas Disposiciones al Código Penal del Estado de México y se Reforma el Párrafo Segundo del Artículo 116 de la Ley de Educación del Estado de México”, presentada en días pasados por el diputado del Partido Nueva Alianza Marco Antonio Rodríguez Hurtado, ante el pleno de la LVIII Legislatura del Estado de México. Actualmente está en comisiones para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, pero en cualquier momento será presentada para su aprobación ante el pleno camaral. Ante esto, vemos pertinente hacer las siguientes anotaciones:

EL PROYECTO EN CUESTIÓN NO HACE OTRA COSA QUE REPRODUCIR SITUACIONES JURÍDICAS PREVISTAS CLARAMENTE EN OTROS ORDENAMIENTOS como el mismo código penal, que ya de por sí contempla figuras como la del fraude y usurpación de funciones o de profesión. Evidentemente la misma Ley General de Profesiones hace lo mismo, por lo que resulta ociosa y muestra la ignorancia de un legislador ávido de notoriedad. La Ley de Educación del Estado de México, en su artículo 140 señala que “son infracciones de quienes prestan servicios educativos, las siguientes: XV. Ostentarse como plantel incorporado sin estarlo; XVI. Omitir en su documentación y publicidad la mención de que los servicios educativos que imparten no tienen reconocimiento de validez oficial; y XVII. Impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, sin contar con la autorización correspondiente”. Lo dicho, es ociosa.

TAMBIÉN ES UNA INICIATIVA TENDENCIOSA, CON DEDICATORIA A TODAS LAS ORGANIZACIONES DE LA IZQUIERDA SOCIAL que, en el Estado de México, han tenido que suplir las brutales deficiencias del Estado que, aun estando obligado constitucionalmente a prestar servicios educativos “de calidad” y para toda la población, ha resultado incapaz de proporcionar educación a sus gobernados, sobre todo en las zonas marginadas (suburbanas o rurales). No obstante, deja de tomar en cuenta que la misma Ley General de Educación y la Ley de Educación del Estado de México han puesto múltiples candados a la participación social en el ámbito educativo. Uno de ellos se expresa con claridad en el Artículo 24 fracción VI, que fija entre las atribuciones exclusivas de la Autoridad Educativa Estatal las de “Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación preescolar primaria y secundaria, la normal y demás para la formación de maestros”. Por añadidura, el artículo 102 de la misma Ley indica claramente que “Se requerirá que quienes desempeñen esa labor cuenten con estudios concluidos del nivel licenciatura o su equivalente”, cuestión que las denominadas “escuelas populares” hemos

cubierto con creces ante las exigencias gubernamentales para poder otorgar el registro oficial.

ESTO ES UNA CUESTIÓN QUE LAS ESCUELAS PARTICULARES NO HAN CUBIERTO porque, sus escuelas son proyectadas como negocios sumamente rentables, donde contratan maestros con menor nivel académico porque así son más susceptibles de explotación y pueden pagarles menos, al cobijo de la complicidad gubernamental. En sentido inverso, las organizaciones populares crean escuelas en las zonas marginales porque hasta ellas no llega la acción educativa del Estado y es el caso que cuando nace una nueva escuela popular, lo hace cubriendo todos los requisitos y solicitando su oficialización, es decir, la intervención gubernamental, precisamente porque no tiene fines de lucro.

DICHA INICIATIVA TIENDE A CRIMINALIZAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POPULAR EN LA EDUCACIÓN, lo cual forma parte de lo que a nivel general se considera como la criminalización de la protesta social, respuesta violenta del Estado cuando carece de argumentos para incumplir con sus obligaciones para con la sociedad. La iniciativa incurre en complicidad con esos intereses. La iniciativa del diputado Hurtado (hasta en el apellido lleva el anatema), no toma en cuenta que administrativamente, la Secretaría de Educación Pública cuenta ya con los mecanismos legales e incluso punitivos para someter a las escuelas que no cubren los requisitos o que no cuentan con el reconocimiento de validez oficial de sus estudios. Para ello echan manos de multas y restricciones administrativas que por lo general tienden a salvaguardar los intereses de los alumnos y padres de familia defraudados.

LA “INICIATIVA” NO TOMA EN CUENTA LO PRESCRITO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 5º DE NUESTRA CARTA MAGNA: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”. ¡Y qué puede ser más lícito que la educación de nuestros hijos, los hijos de los marginados, los más pobres de éste país! Seguramente al diputado Tony “hurtado” le gustaría legalizar junto con la marihuana (de la que ha de fumar a lo bestia), el fraude electoral, la antidemocracia sindical, el charrismo, la compra-venta de plazas, el tráfico de inmuebles de interés social para los docentes, la malversación de fondos sindicales y ¡cómo no decirlo!, la corrupción de los partidos políticos que, como el Panal, gastan sumas millonarias del erario público para sus intereses personales disfrazados de partidistas.

HACE MÁS DE SEIS AÑOS, FUERON DESCUBIERTOS EN EL ESTADO DE MÉXICO más de seis centenares de maestros, todos ellos operadores electorales del PRI, entre ellos multitud de directores escolares, subdirectores, secretarios y orientadores, que habían desempeñado la docencia durante décadas, muchos ya a punto de jubilarse, que

ostentaban licenciaturas con documentos falsos. Los echaron a la calle, pero jamás se supo de ninguna consignación o fincamiento de responsabilidades penales pues las autoridades estatales les protegieron la retirada. Ya los romanos lo decían: “para el enemigo justicia…para el amigo: justicia y gracia”. No nos pueden engañar los diputados del Partido Nueva Alianza, no son otra cosa que testaferros de la asesina y corrupta cacique sindical Elba Esther Gordillo Morales y la dirigencia charra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cómplices de los grupos “Mexicanos Primero” y “Fundación Chespirito”, aliados de Televisa y principales impulsores, todos ellos, absolutamente todos, del beligerante proceso de privatización de la Educación Pública, para beneficio de los intereses de la iniciativa privada.

EL DIPUTADO “HURTADO”, EX PRESIDENTE DE TLALNEPANTLA, SALTIMBANQUI DE LA POLÍTICA, proveniente de la derecha panista y ahora diputado por la alianza PRI-PVEM-PANAL, obedece a intereses turbios y mezquinos, es un vil instrumento de los priistas, que no quieren dar la cara para no crearle más problemas al pirrurris que ocupa Los Pinos ilegalmente, luego de haber comprado a billetazos la presidencia de la República. Nos vamos a oponer a esta iniciativa, de la misma manera que nos estamos oponiendo a la arbitraria e inconstitucional Contrarreforma Educativa, a la Contrarreforma Laboral y a todas sus contrarreformas “estructurales” que no son otra cosa que la involución del sistema político mexicano, ordenado por el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que tienden a seguir poniendo en manos de los capitalistas todos los recursos naturales, energéticos, laborales y educativos que el pueblo necesita para su verdadero desarrollo.