Impulsan senadores propuesta que prohíbe condicionar la educación a la entrega de cuotas

Los integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República, entre ellos Javier Corral, presentaron una iniciativa para adicionar el artículo 6° de la Ley General de Educación, a fin de que se establezca de manera explícita en éste, “la prohibición de condicionar la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado, a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación”.

Asimismo, dicha propuesta plantea ampliar el horizonte de los derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela de un menor, al exponer que “bajo ninguna circunstancia podrá ser condicionada la inscripción y permanencia de sus hijas, hijos o pupilos, a cambio de la entrega de dinero, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios”.

Javier Corral señaló que en el caso de las cooperaciones provenientes de las asociaciones de padres de familia, reconocidas en el artículo 67, fracción lll de la actual Ley General de Educación, es importante que se establezca el carácter voluntario de las cuotas, de lo contrario, se hará acreedor a una infracción, quien realice, permita por sí mismo o a través de tercera persona cualquier acto que condicione el acceso a los servicios educativos prestados por el Estado.

El también integrante de la Comisión de Educación recordó que en el marco de la reforma educativa se aprobó el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda, con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.

Sin embargo, ha habido quienes han encontrado en dicha disposición un resquicio para la validación del cobro de cuotas escolares, lo que a su vez ha dado lugar a que haya quienes digan que la educación se encuentra en un proceso de privatización.

Ante esta situación, Corral se pronunció por eliminar la imprecisión de este razonamiento, reiterando que si la educación es un deber del Estado y un derecho de la personas, el acceso a este servicio no puede estar condicionado a la capacidad de compra de ese derecho.