SUBIDRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DE VALLE DE CHALCO, LÁZARO SÁNCHEZ DELGADO, AMENAZA A REPORTEROS

“Los policías tienen armas, los periodistas solo la fuerza de la palabra escrita”.

Brutalidad Policiaca en Valle de Chalco.

Por Ángel Martín Yépez Estrella

·         El Subdirector de Seguridad Pública Municipal,  pone en entredicho la palabra empeñada del alcalde Jesús Sánchez Isidoro de que garantizaría el ejercicio de la libertad de expresión durante su mandato, así como la seguridad de las personas que cubren la fuente en esta localidad.

·         Primero oculta información y después trata de intimidar a los reporteros mediante el envío de amenazas.

Durante una reunión que hace un par de meses sostuvieran representantes de los medios locales con Jesús Sánchez Isidoro, Presidente Municipal de Valle de Chalco, a pregunta expresa por su servidor en relación  a cuál sería el respaldo que su gobierno daría a los reporteros para ejercer su labor de manera autónoma y sin cortapisas, él contestó que su administración garantizaría  el libre ejercicio de la libertad de expresión, así como velar por la integridad de las personas que cubren la fuente en este lugar, sobre todo  cuando la información es objetiva y apegada a derecho.

Sin embargo la palabra empeñada por el edil puede quedar en letra muerta, por la inexperiencia y falta de pericia para tratar a los medios informativos, por parte del Subdirector de Seguridad Pública Municipal, Lázaro Sánchez Delgado, quien despectivamente dice que “en Valle de Chalco, hasta los perros traen cuchillos”, cuando se le solicitó respetuosamente los nombres de elementos policiacos que en días pasados detuvieron a tres personas, uno de las cuales es integrante de este medio informativo y a quienes se llevaron a la comandancia con lujo de violencia.

Pues los elementos policiacos –de los cuales Sánchez Delgado, decidió ocultar los nombres- a punta de patadas subieron a los tres detenidos a la unidad, incluso a uno de ellos lo tomaron por los cabellos y prácticamente le arrancaron un puñado, que la víctima recogió y entregó a este medio informativo como testimonio de la agresividad con que actuaron.

Lo anterior sucedió en la calle Sur 2, esquina con la avenida Manuel Ávila Camacho, en la colonia Guadalupana I sección, cuando nuestro compañero Edgar López Ruiz se acercó a saludar a un par de conocidos de nombres Mario y Rodrigo, quienes le invitaron una cerveza, que ni siquiera probó, porque ya estaban los policías subiéndolos a la patrulla “a punta de fregadazos”, sin ni siquiera practicarles un examen toxicológico.

Además de mantenerlos en la unidad por más de una hora y pasearlos por diferentes calles del municipio, amenazándolos en todo momento, antes de ponerlos a disposición del Juez Conciliador Víctor Manuel Villena López, del tercer turno, quien les negó que realizarán una llamada telefónica, violentando con ello sus derechos, además que permitió que ya en galeras los elementos continuaran golpeando a los detenidos.

Fue hasta que la familia de nuestro compañero investigó y dio con él en la comandancia municipal, cuando después de pagar una multa de 350 pesos que le aplicó el Juez Conciliador pudo salir, él actúo siempre apegado a derecho comportándose como un ciudadano, sin ningún tipo de influyentismo, lo que le permitió observar el actuar de la policía local y ver hasta dónde eran capaces de llegar.

Después decidió que esta baja acción por parte de elementos policiacos, debía de ser dada a conocer a la opinión pública, para de alguna manera poner freno a las arbitrariedades que se siguen cometiendo en Seguridad Pública Municipal, a pesar de que ya van 100 días de la nueva administración.

Por lo que acudí hablar con el director de Seguridad Pública Municipal,  Alger Arriaga García, quien no me recibió; en su lugar lo hizo el subdirector Lázaro Sánchez Delgado, quien tras explicarle la situación y solicitarle los nombres de los policías que estuvieron involucrados en este caso,  después de actuar con total despotismo, entre otras cosas me dijo “yo no voy a poner a mis muchachos”.

Cuando me acerqué el me pidió una identificación del medio, a lo que respondí que en ese momento no contaba con ninguna a la mano, porque no estaba acostumbrado a “charolear”, pero si quería mayor información sobre mi persona, que entonces llamara a la Coordinación de Comunicación Social del municipio, para que confirmara mi identidad, le di mis datos y mi número de celular.

El enojo del Subdirector de Seguridad Pública se dio,  por la información que se publicó en el medio digital Reporteros en Movimiento, quien tomó la declaración de los afectados y la publicó en su portal.

Todo porque le fue llamada la atención, por parte de una autoridad municipal y él a su vez procedió hacer reclamos al titular de la Coordinación de Comunicación Social.

La situación no quedó en ello, sino que este “servidor público”, envió amenazas de que atentaría contra mi integridad física si salía otra nota en donde se le involucrara, por lo que compañeros nos pidieron extremar precauciones.

Estos son los hechos que reflejan la incapacidad del Subdirector de Policía Municipal para atender asuntos con medios de comunicación, que se reducía solo a ser transparente con la información y lo convirtió en un acto de intimidación en contra de un medio de comunicación, que lo único que estaba haciendo era su labor, lo que si puede ser comisión de un delito.

Dado el peligro que  sufren las personas que ejercemos el periodismo en este país, el 30 de abril del 2012 se aprobó una Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República, tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y Estados para implementar y operar las medidas de prevención urgentes, así como de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Es importante publicar esta información, porque los gobiernos locales lo desconocen y funcionarios públicos, sobre todos aquellos que tienen autoridad sobre otros, como es el caso de los policías municipales, se escudan en ese poder,  para cometer todo tipo de atropellos y vejaciones en contra de la ciudadanía y de los representantes de los medios de comunicación.

Como en este caso, por un mal manejo de tolerancia a la frustración, del que se dice “primo” del presidente municipal, que con su declaración incurre en otra falta que se llama nepotismo, pero eso es otro cantar, que requiere de una nota completa.

Es importante que Lázaro Sánchez Delgado, no se escude en su poder como funcionario o “pariente” del alcalde y que tenga conocimiento del contenido del Artículo 66 de dicha Ley, que dice “comete el delito de daño a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el servidor público o miembro del Mecanismo que de forma dolosa utilice, sustraiga, oculte, altere, destruya, transfiera, divulgue, explote o aproveche por sí o por interpósita persona la información proporcionada u obtenida por la solicitud, trámite, evaluación, implementación u operación del Mecanismo y que perjudique, ponga en riesgo o cause daño a la Persona Defensora de Derechos Humanos, Periodista, peticionario y beneficiario referidos en esta Ley.

Por la comisión de este delito se impondrá de dos a nueve años de prisión, y de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.

Y el Artículo 67. “Al Servidor Público que en forma dolosa altere o manipule los procedimientos del Mecanismo para perjudicar, poner en riesgo o causar daño a la Persona Defensora de Derechos Humanos, Periodista, peticionario y beneficiario, se le impondrá de dos a nueve años de prisión, y de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos referidos en esta Ley.

Por este medio hago un llamado al Procurador de Justicia del Estado de México, Miguel Ángel Contreras Nieto, al Ombudsman mexiquense, Marco Antonio Morales Gómez, para que volteen los ojos a Valle de Chalco y vean los constantes abusos que cometen los policías municipales, porque este no es un caso aislado.

Le pido al alcalde Jesús Sánchez Isidoro, que proteja y garantice la seguridad de los periodistas que cubren la fuente en  su municipio y tome cartas en el asunto para controlar las acciones de los funcionarios que están bajo sus órdenes, que desconocen el manejo de sus políticas.

Funcionarios que vienen de fuera y por ello violentan los derechos de los ciudadanos, desconocen a los líderes locales, carecen de educación y sensibilidad, que además se han dedicado a correr reporteros de las oficinas públicas, como fue mi caso cuando su secretario particular Fernando Salgado Salgado, me pidió que saliera de la sala de presidencia cuando esperaba audiencia con el Director General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Mantenimiento, Juan Manuel Arellano Carreón.

O cuando se dispuso todo un dispositivo de seguridad comandada por el director y subdirector de Seguridad Pública, para detener a la líder social del Cerro del Marqués, Benita Ayala Becerril, que lo único que estaba exigiendo era la atención a los ciudadanos, que no les era prestada por la oficialía del registro civil, para lo que se desplegaron más de cinco unidades y varios policías.

Ejemplos como estos existen muchos, por lo que se pide que el presidente municipal y los regidores, llamen al orden, no se pueden seguir dando hechos de esta naturaleza en un gobierno que está usando como una de sus banderas, la prevención del delito y la cultura de la paz, cuando los policías, así como los funcionarios,  son los primeros que actúan como delincuentes.

Hago responsable a Lázaro Santiago Delgado, de cualquier atentado en contra mía, de mi familia o bienes, que entienda que no puede amenazar a los representantes de los medios de información, ni enviar mensajes de intimidación, sin que existan consecuencias para ello.

Pues los diferentes órdenes de gobierno, los periodistas y la sociedad civil han trabajado mucho para encontrar mecanismos que garanticen el pleno ejercicio de la labor periodística y la libertad de expresión, por lo se acudirá a las instancias legales para fijar un precedente del hecho.