* 6 mil trabajadores en San Lázaro, 12 para cada diputado
* Reporte sobre las causas de la violencia contra las mujeres
Durante la comparecencia de los candidatos a magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, los senadores cuestionaron a Martha Concepción Martínez Guarneros, Alejandro Santos Contreras y David Cienfuegos Salgado –aspirantes a ocupar el cargo de magistrado en la sala regional de Toluca– sobre la posibilidad de implementar los juicios orales en materia electoral y el caso Monex
Martínez Guarneros dijo que “no es factible” este mecanismo porque existe un catálogo de pruebas que implican grabaciones y audios que se presentan conforme se desarrollan las diferentes etapas del proceso.
Sin embargo, en opinión de Santos Contreras sí es viable implementar este procedimiento, pero se requieren las condiciones para el desahogo de pruebas e incrementar las reglas que ya existen para los juicios orales.
En tanto, Cienfuegos Salgado coincidió en que es “poco probable que la oralidad tenga futuro” en este sistema de justicia, pero la transparencia de las sesiones públicas puede contribuir al proceso de legitimación de las sentencias.
Más tarde, los senadores recibieron a los aspirantes para cubrir la vacante en la Sala Regional de Monterrey y preguntaron a Marco Antonio Zavala Arredondo, Sergio Dávila Calderón, Eugenio Reyes Contreras, Carlos Vargas Baca, Reyes Rodríguez Mondragón y Julio César Cruz Ricárdez sobre la funcionalidad de la justicia electoral, la necesidad de un código electoral único y el caso Monex.
Zavala Arredondo manifestó que el sistema de justicia electoral “podría funcionar mejor”, pero tenemos un conjunto de reglas en materia procesal que con el tiempo “se ha vuelto abigarrado y poco se compadece del ciudadano común”, por lo que es indispensable simplificar el marco jurídico para que el procedimiento sea digerible para cualquiera.
Para Dávila Calderón la mayor preocupación es el origen, monto y aplicación de los recursos que ejercen los partidos políticos y en este sentido se requiere una reforma para transparentar este tema antes de la calificación de la elección.
Por su parte, Eugenio Reyes Contreras afirmó que no es viable un código único ni la desaparición de las autoridades electorales locales porque centralizar la justicia implicaría “menguar el derecho a ser escuchado”, pues con el sistema actual los ciudadanos pueden acudir a las autoridades locales sin necesidad de recurrir a un tribunal federal.
Respecto al caso Monex, Carlos Vargas aclaró que la competencia para investigar las irregularidades en materia financiera por parte de los partidos políticos en sus campañas corresponde al Instituto Federal Electoral.
En tanto, Reyes Rodríguez manifestó que en materia de fiscalización se tiene que aplicar el derecho con mucha pulcritud, ya que una de las principales garantías para que el proceso electoral se dé en condiciones de equidad es respetar las reglas.
En su intervención, Julio César Cruz señaló que cuando la distancia en el número de sufragios entre los candidatos es corta y se presentan violaciones graves “hay que desarrollar elementos para poder anular las elecciones”.
Al momento han comparecido ante la Comisión de Justicia 11 ternas de candidatos para magistrados electorales en las salas regionales del Distrito Federal, Guadalajara, Toluca y Monterrey.
REVISARÁN QUIÉNES TRABAJAN
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación pedirá al Comité de Administración un informe integral sobre el número de trabajadores en San Lázaro y sus funciones, para determinar quienes cobran sin laborar, afirmó el coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila.
“No quiero presumir, por eso estamos pidiendo la información, no queremos especular, es conveniente reforzar a la gente que trabaja, estimularla y respetarla, pero la gente que no trabaja y que recibe salario de Cámara creo que no, y el buen juez por su casa empieza”, dijo el legislador a la prensa.
Afirmó que según información “extraoficial”, en la Cámara de Diputados trabajan seis mil personas y dijo que eso “equivaldría a que por cada diputado hay 12 trabajadores”.
Señaló que en los últimos años en este recinto legislativo ha habido una insuficiencia de espacios con la creación de nuevas comisiones, lo que ha originado que la burocracia aumente.
“La Cámara tiene la obligación de hacer un balance integral, no se trata de despedir a nadie, se trata de saber si están trabajando y si la Cámara tiene posibilidad de asumir eso en épocas tan difíciles como las actuales”, dijo.
El legislador de MC también señaló que seguirán insistiendo en la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana, iniciativa que presentaron en la primera sesión de este periodo ordinario.
También quieren a su “Tío Lucas” en San Lázaro, podían pedirlo prestado al de Xalostoc a su compadre que tantos millones aportó para su campaña.
CAUSAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El reporte de la Comisión Nacional para erradicar la violencia contra las mujeres al Senado, destaca que la violencia homicida y feminicida en el país no baja cuando lo hacen los homicidios en general, lo que representa que la fuente de la violencia en contra de la mujer tiene un origen propio basado en la discriminación.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, quien encabeza la Comisión de Derechos Humanos subrayó que con el estudio se permite definir reformas legislativas pendientes en el ámbito local y específicamente acciones gubernamentales y políticas públicas para revertir el incremento de la violencia contra la mujer.
Al respecto, enfatizó la clara intensión de los grupos parlamentarios para que los temas de principal preocupación, como éste, tengan relevancia en su dictaminación por su importancia social.
Diva Gastélum Bajo, titular de la Comisión de Igualdad de Género destacó que el estudio de homicidios relata una realidad muy seria que “tenemos las mujeres en el país” y expresó su preocupación por el hecho de que de cinco mujeres encuestadas, tres hayan referido que sufrieron violencia, por lo que éste es una consulta obligada de los legisladores para revisar lo que sucede en las zonas donde la violencia no era un sello distintivo y donde el crecimiento ha sido exponencial.
La violencia de género, dijo, no debe ser una forma de vida, “no debemos perder la capacidad de asombro a tanta violencia que viven niñas y mujeres en el país”, de ahí que se pronunció por mejorar el marco jurídico y la generación de políticas públicas que den seguridad a la vida de las mujeres.
La bicolor Luisa María Calderón Hinojosa propuso integrar en la agenda del Pacto por México la perspectiva de género en el rubro de las comunicaciones. Debemos meter este capítulo en los contenidos de los medios de comunicación y en la mercadotecnia, recalcó.
