SAN LÁZARO: JUICIO POLÍTICO A CONSEJEROS DEL IFE PIDEN POR CASO MONEX

* Juicio político a consejeros del IFE piden por caso Monex

* Organismo obligado a limpiar el proceso electoral de 2012

* Show de Genaro García deja libre a Cassez e impune los delitos

Juicio político contra los consejeros del IFE y la remoción de su presidente, Leonardo Valdez, si el organismo electoral no resuelve con “objetividad” el caso Monex, anunció el PRD en San Lázaro.

La diputada Alfa Eliana González Magallanes exhortó al IFE a que sea imparcial al resolver el caso de presuntos rebases a topes de gastos de campaña por parte de la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM), durante la pasada campaña presidencial.

“Pedimos que actúen de manera imparcial, de no hacerlo así, nosotros procederemos por la vía legal y presentaremos un juicio político contra los consejeros… y, si resultara procedente, sería una consecuencia lógica la remoción del Consejero Presidente”, afirmó la legisladora del Sol Azteca.

Insistió en que el IFE debe proceder con objetividad en la resolución del denominado caso Monex, sin embargo indicó que no espera que el resolutivo modifique la declaración de legalidad de la elección presidencial pasada, ni favorezca al candidato de su partido.

“El presidente fue electo, no lo podemos revocar, es una resolución que ha quedado firme”, explicó.

Adelantó que su bancada presentará una reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de fiscalización, para que ésta no sea posterior a la elección y pueda perderse el registro de una candidatura cuando exista evidencia de rebase de topes de campaña.

OBLIGADOS A LIMPIAR PROCESO

En el Senado, Javier Corral, representante legislativo de Acción Nacional ante el IFE, llamó al Consejo General del Instituto Electoral a rechazar “con toda claridad, sin ninguna duda” el dictamen de la Unidad de Fiscalización que declara infundadas las quejas sobre el financiamiento ilícito de la campaña del Partido Revolucionario Institucional.

Señaló que los consejeros de esta institución tienen la obligación de “regresar este informe, en primer lugar porque no abona ni dice nada del origen de los recursos. Peor aún, del desarrollo del flujo de los recursos conforme a las propias reglas para el financiamiento que esta institución dio”.

Aseguró que el IFE está obligado a limpiar la elección del 2012, principalmente la sombra de duda que existe respecto a la “cascada de dinero que cayó sobre la campaña de Enrique Peña Nieto, en el caso específico de los monederos de Monex y la turbia triangulación que se ha realizado a través de empresas mercantiles que en algunos años ni siquiera reporte fiscal tienen y en la mayoría de los casos sus socios ni siquiera tienen capacidad de solvencia económica, ni mucho menos se dedican a lo que el objeto social de las empresas la constituyen”.

Dijo que la tarea vital del Instituto Federal Electoral después de unos comicios, es la de la fiscalización, por lo que “los ciudadanos esperan hoy del IFE una respuesta honesta, transparente, rigurosa, profesional, legal y autónoma. Actuar bajo un supuesto contrario es suicida para el IFE porque atenta contra su credibilidad, porque rompe el vínculo de la confianza en la que el ciudadano construye su afecto por esta institución”.

Corral puso en claro que no se trata de entrar en una discusión sobre la legitimidad o  no del hoy presidente de la República, sino de no dejar impunes las conductas irregulares, los ilícitos, las trampas, las formas en que se simula el proceso democrático para ganar los votos.

“Aquí está el mayor reto del IFE, atajar con toda fuerza la inequidades y las formas tramposas de financiamiento del partido que sea”, indicó.

OH PARIS, SE FUE CASSEZ

Las deficiencias en el proceso que enfrentó la francesa Florence Cassez, sentenciada a 60 años de cárcel por secuestro, fueron contundentes para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictara su libertad absoluta, afirmaron legisladores del PRI, PAN y PRD.

El senador tricolor Arturo Zamora Jiménez, señaló que su bancada respeta el fallo de la SCJN y subrayó que esta sentencia definitiva deja en una buena posición a la justicia mexicana.

Por el contrario, subrayó que ahora el reto es recuperar la credibilidad de los órganos policiacos y de procuración de justicia.

“La Corte toma esta decisión en función de la valoración de todas las pruebas, sin duda alguna en el resultado devienen las declaraciones certeras de los ministros, en el sentido de que hubo violaciones a derechos humanos y garantías consagradas en tratados internacionales”, dijo.

A su vez, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el bicolor Guillermo Anaya Llamas, indicó que la SCJN deberá explicar cuáles fueron los criterios para determinar la inocencia de Cassez, luego de que la declarara culpable en marzo de 2012.

“Todos esperamos a estudiar los diferentes criterios que tuvo la Suprema Corte de Justicia, que no podemos pensar que tuvo razonamientos políticos sino solamente razonamientos jurídicos y un cambio de criterio”, comentó.

Consideró que no hubo un fracaso en la impartición de justicia durante el sexenio del Felipe Calderón porque fue el Poder Judicial, no el Ejecutivo, el que primero tuvo valoraciones para enjuiciar a Cassez y después modificó su postura.

Para el senador Roberto Gil Zuarth el decretar la SCJN la insolvencia de las pruebas respecto a la acusación contra Florence Cassez, deja sin resolver los crímenes que le habían sido imputados.

“Ha quedado impune un delito; víctimas quedarán sin la satisfacción de la justicia y, evidentemente, tiene que ver con una indebida actuación de ciertas autoridades que no cuidaron correctamente su investigación, que no custodiaron correctamente las pruebas”, dijo.

Afirmó que la Función Pública y el propio Ministerio Público deberán ser las que investiguen y se pronuncien sobre si hubo negligencia dolosa por parte de funcionarios públicos en la obtención y resguardo de las pruebas.

El senador Mario Delgado Carrillo del PRD consideró que el fallo de la SCJN es una llamada de atención a la forma en que se ejerció la procuración y administración de justicia durante el gobierno de Felipe Calderón.

Indicó que Florence Cassez, como inculpada, tuvo un gobierno extranjero que la defendió, “respaldo que no tienen los mexicanos en la misma situación”.

Consideró que las autoridades deben investigar para encontrar a los culpables de que se haya manipulado una escena del crimen y haber conducido de manera errónea un proceso penal.

«Nos falta el responsable de quién manipuló, simuló, alteró y violó derechos humanos; y nos faltan también los responsables de los secuestros que en los que, aparentemente, ella había participado”, concluyó Mario Delgado.

Algunos piden que se procese a Genaro García Luna quien armó el show para las televisoras y dejó impune los delitos.

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