7 mayo, 2026

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tlakoa* Son Inconstitucionales y atentan contra los Derechos Laborales y Humanos: Afirman Juristas

* “El ISSEMyM está en quiebra porque gastaron el dinero en la campaña de Peña Nieto: Felipe Rodríguez

* Hay amparos del SMSEM, SUMAEM, y otras organizaciones sociales y magisteriales.

Ciudad Nezahualcóyotl, Méx.- La Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), organización social con fuerte presencia en gran parte de los municipios del Estado de México, interpuso un amparo en contra de las recientes reformas a la Ley de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado de México y Municipios.

Propuestas por el gobernador Eruviel Ávila y aprobadas por la Legislatura Local, dichas reformas establecen la jubilación a los 35 años de servicio o 65 años de edad, para todos los trabajadores burocráticos. Además incrementa en un 50 por ciento las cuotas por el servicio médico, que presta el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado y Municipios (ISSEMYM).

“Dicha reforma –indicó el ex diputado Felipe Rodríguez Aguirre-, publicada en la Gaceta de Gobierno el 19 de diciembre, afecta a los casi 340 mil trabajadores del gobierno estatal, maestros, policías, burócratas y trabajadores municipales, así como a los jubilados y pensionados que de por sí perciben una miseria quincenalmente”.

Agregó el también dirigente de la UPREZ que “En su exposición de motivos, la reforma argumenta que el Instituto (ISSEMYM) está en quiebra debido a la longevidad de los trabajadores, aunque cotizan quincenalmente los 340 mil, en tanto solo 37 mil son jubilados o pensionados, quienes además se quejan de que prevalece el mal servicio y les recetan solamente medicamentos genéricos. La realidad es que el dinero se lo gastaron en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto”.

Aseveró que “No es casual que hasta los diputados perredistas hayan votado en favor de la reforma, traicionando sus principios de izquierda y a sus militantes que fueron puestos en estado de indefensión, como lo hizo en 2002 el entonces diputado Valentín González Bautista, quien logró la aprobación de la iniciativa enviada por Arturo Montiel para reformar la Ley del ISSEMYM, a pesar de las protestas sociales que se dieron”.

El pasado 31 de enero, fue presentada por Felipe Rodríguez la petición de amparo de la justicia federal, en contra de dichas reformas, en representación de varios centenares de trabajadores de la educación. Dicho recurso se interpuso ante el juzgado sexto de distrito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl

Por su parte, Daniel Reséndiz Barajas, abogado constitucionalista y coordinador del equipo de abogados que elaboraron el amparo, precisó que “dichas reformas son inconstitucionales porque hacen nugatorio el derecho a la salud y a la jubilación, violan los derechos humanos y ocasionan graves perjuicios a los derechos laborales de los burócratas mexiquenses”.

Indicó el jurista que la reforma “pretende la desaparición, en la práctica, del derecho a la salud y la jubilación, aplicándolas retroactivamente y contra derecho, a los trabajadores contratados con anterioridad y que están apunto de jubilarse. Además de hacer la proyección del reajuste de las cuotas cada ocho años, según la exposición de motivos”.

Aseveró el litigante que la demanda exige la declaración de inconstitucionalidad de las reformas publicadas en la Gaceta de Gobierno del 19 de diciembre pasado, en beneficio de varias centenas de amparistas a los cuales ya les comenzaron a descontar las nuevas cuotas por servicio médico, incrementadas en un 50 por ciento.

Trascendió que los dos sindicatos magisteriales de la entidad, el SMSEM (Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México), así como el SUMAEM (Sindicato Único de Maestros y Académicos del Estado de México), y otras organizaciones sociales y magisteriales, también interpusieron amparos en demanda de anular las reformas.

La UPREZ realizará una manifestación el día de mañana viernes primero de febrero en la Ciudad de Toluca, para exigir el gobernador dar marcha atrás a las reformas y la suspensión del descuento de las nuevas cuotas por servicio médico y de pensiones.

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