· Legalizar el aborto, una polémica para el Edomex
· Presenta el PAN proyecto de reforma para evitarlo
· EL DF, un ejemplo de las organizaciones de izquierda
La propuesta de reformas presentada por la bancada panista en la LVIII legislatura al artículo 5, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México para tutelar el derecho a la vida y establecer su protección a partir del momento de la concepción, representa una acción preventiva a lo que habían anunciado tanto el PT como el PRD de analizar y enviar una iniciativa para legalizar el aborto.
La lógica panista es defender la vida desde la concepción y es correcto, sin embargo, habría que analizar bien esta polémica porque desde hace tres legislaturas los partidos de izquierda han querido enfrentar esta situación con la sociedad mexiquense, no obstante, su estrategia no ha tenido los resultados esperados.
El ejemplo que dan siempre los de izquierda es colocar al DF como una de las entidades donde quedó despenalizado el aborto, según los analistas ha dado buenos resultados, sobre todo para quienes tiene que practicarse esa operación ante la falta de planeación para tener o no hijos.
Sin embargo, a cinco años de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) despenalizara el aborto voluntario durante el primer trimestre de gestión en la Ciudad de México. Las cifras del gobierno capitalino revelan que, en este tiempo, 77 mil 524 mujeres se han practicado un aborto en las clínicas del DF, de las cuales el 23 % (17 mil 830) eran residentes del Estado de México. Estas acciones revelan que dentro de la sociedad mexiquense hay un sector que está a favor de esta actividad.
Todos los códigos penales estatales consideran legal el aborto en casos de violación, y todos salvo los códigos de Guanajuato, Guerrero y Querétaro lo permiten cuando hay riesgo para la vida de la mujer; catorce de los treinta y uno extiendes estos casos para incluir deformidades fetales graves; y el estado de Yucatán desde 1922 incluye factores económicos cuando la mujer ya ha dado a luz a tres o más niños.
Sin embargo, según Jo Tuckman del periódico The Guardian, en la práctica hay pocos estados que faciliten el aborto inducido en estos casos, aunque tampoco procesan a los médicos que ofrecen abortos seguros ilegales ni a los médicos clandestinos más baratos. En algunos estados, como Guanajuato, la práctica del aborto se castiga con penas de prisión de hasta 30 años.
Más de la mitad de las constituciones estatales han sido enmendadas, las cuales ahora definen un óvulo fertilizado como una persona con el derecho a la protección legal. Desde el 15 de octubre del 2009, ningunos de esos estados ha removido sus excepciones al aborto para reflejar los cambios en su constitución, pero según Human Rights Watch y una ONG y una local, durante los últimos ocho años el estado de Guanajuato, que tiene tendencia políticas al derecho, “ha negado cada petición por una víctima de una violación embarazada para los servicios del aborto” y aproximadamente 130 de sus residentes han sido condenados por buscar o proveer el aborto ilegal.
En septiembre de 2011 se intentó detener en la Suprema Corte de Justicia el blindaje constitucional a la vida prenatal en los estados de Baja California y San Luis Potosí, pero los abortistas perdieron por cerrada votación.
En este sentido, la posición del PAN es muy clara, blindar las reformas para evitar que los partidos de izquierda retomen en proyecto y promuevan entre la sociedad mexiquense la legalización del aborto. Sabemos que esta iniciativa de reformas a la Constitución local presentada por los panistas prosperará, muy a pesar de los grupos opositores que impulsaron la legalización de esta práctica en el DF. Al tiempo… hasta el próximo lunes.


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