SAN LÁZARO

*Duros cuestionamientos a iniciativas preferentes de Peña Nieto

* No convertir Inmujeres en oficinas de entrega de despensas

* Exigen fiscalía contra la corrupción no simple comisión

JUAN HERNÁNDEZ

Las iniciativas preferentes de Peña Nieto han sido severamente cuestionadas por los legisladores en ambas cámaras del Congreso de la Unión, donde el PRI y sus satélites apoyan su aprobación, con la condescendencia del PAN en algunos temas, aunque en lo general también los avala.

Convertir al antiguo Palacio de Covián en una supersecretaría, más que avances, la oposición de izquierda lo considera un retroceso porque recordaron el manejo político de la policía y la desaparición de cientos de mexicanos cuyas familias aún los buscan.

Pero como las iniciativas “preferentes exprés” como las calificaron, tienen que ser aprobadas antes del 30 de noviembre, ni las formas legislativas se cumplieron en esta ocasión. Al viejo estilo las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública llamaron a sesión, aún cuando la Ley Orgánica y su reglamento establecen plazos para que las propuestas sean conocidas por sus integrantes antes de analizar y en su caso dictaminarlas.

Los retos del presente, dijo Fernando Belaunzarán, no pueden resolverse con recetas del pasado y fue claro al señalar que prefieren “una Secretaría de Gobernación al estilo de Jesús Reyes Heroles, que una dependencia al estilo de Fernando Gutiérrez Barrios, policía político del Estado”.

Las reformas propuestas cuestionaron otros diputados de la izquierda, están hechas con base en la política clientelar del tricolor por lo que llamaron a entrar al debate y no simplemente a imponer su mayoría mecánica sin razonamiento alguno.

Pero, como el tiempo apremia, las comisiones unidas aprobaron en lo general el dictamen con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con 22 votos a favor y 8 en contra de la Comisión de Gobernación y 19 a favor y 5 en contra de la Comisión de Seguridad Pública.

Sin embargo, todos los artículos fueron reservados por los opositores a la reforma exprés del de Atlacomulco, que mal empieza su camino por la federación.

 

NO QUIERE A LAS MUJERES

Y no es todo, en la Cámara Alta la reforma administrativa que pretende sectorizar en la Secretaría de Desarrollo Social al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), no es aceptado por las legisladoras que ven esto como un retroceso para convertir una dependencia que impulsa la transversalización de las políticas públicas en el país, en una simple oficina de entrega de despensas como “pasa en el Estado de México”.

En conferencia de prensa las senadoras Rosa Adriana Díaz Lizama, Silvia Guadalupe Garza, Gabriela Cuevas, Sonia Mendoza, Laura Rojas, María del Pilar Ortega y Martha Elena García, fueron contundentes en afirmar que no darán ni un paso atrás en este “golpe contra las mujeres de Peña Nieto”.

Recordaron que durante su gobierno en la entidad mexiquense, redujo a una simple oficina asistencialista el apoyo a las mujeres y demás sectores vulnerables, como hasta la fecha continúa.

“No redujo los feminicidios ni la violencia contra las mujeres, al contrario, le dio la espalda a las mujeres, y no quiere que exista un organismo autónomo que dirija la transversalidad de las políticas públicas en todas las dependencia y en todos los sectores. Quiere a toda costa que lo avanzado se pierda y por eso llamamos a todas las legisladoras a que se opongan a tal cambio”, puntualizaron.

Cabe mencionar que la ahora senadora Diva Gastelum, dirigente nacional de las mujeres del tricolor, fue una de las principales impulsoras del nacimiento del Inmujeres para que la equidad de género estuviera presente en todas las políticas públicas de los tres niveles de gobierno, pero ahora no ha dicho nada, de la propuesta de su presidente electo.

Las senadoras bicolores también recordaron que existe en San Lázaro una minuta aprobada por el Senado en marzo de este año, para crear la Fiscalía Nacional contra la Corrupción, que es un documento con el aval de todos los partidos, y que debe ser tomado en cuenta a la hora de discutir la otra iniciativa preferente.

 

MINUTA CONGELADA

El Senado aprobó entonces, reformas al artículo 102 de la Constitución para crear la Fiscalía Nacional contra la Corrupción, como responsable de prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de prácticas irregulares e ilícitas, así como de poner alto a quienes hacen mal uso de los recursos públicos en México.

Contrario a la propuesta de Peña Nieto, este organismo se encargaría de investigar y perseguir el lavado de dinero, labor que ahora realiza la Procuraduría General de la República (PGR).

El senador Ricardo García Cervantes, autor de la iniciativa, aclaró que no habría duplicidad de funciones, ya que la fiscalía desplazará a la PGR ante la absoluta ineficacia para combatir la corrupción en todas las esferas, poderes y niveles de gobierno.

Entonces dijo que la corrupción “ha tocado a funcionarios emanados de todos los partidos y por ello se requiere un ente sin trabas de competencia a escala federal, estatal y municipal, que combata ese lastre, este cáncer, este obstáculo para al desarrollo nacional”.

Pablo Gómez expresó entonces de que era “el momento importantísimo el paso que se da con la creación de la fiscalía, ya que la PGR, el Ministerio Público de la Federación y los ministerios de los estados no son representantes de la sociedad, sino empleados del poder, que no sirven al pueblo”.

El tricolor Fernando Baeza, entonces senador, mencionó “que se trata de la reforma constitucional que el país requiere, con el fin de otorgar al Ministerio Público independencia del Ejecutivo federal para que se erija en representante de la sociedad. Al quitar la titularidad al Presidente de la República se evitará la sospecha de que las averiguaciones previas se direccionen”.

El poblano presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Melquiades Morales, del PRI, subrayó entonces que si bien es cierto que la corrupción es un fenómeno universal, en el país ha generado graves y funestas consecuencias, porque no sólo daña el patrimonio nacional, sino también fomenta la criminalidad y la descomposición social.

Y detalló que el nombramiento del fiscal lo hará el Senado, mediante convocatoria, y lo elegirá con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.

Por si fuera poco, el priísta dijo que la reforma contempla crear el Registro Nacional de Situación Patrimonial de Servidores Públicos de los Poderes de la Unión, de las Entidades Federativas, los Municipios y los Organismos Constitucionalmente Autónomos, con la finalidad de fiscalizar la situación financiera y detectar los cambios injustificados.

Pero la minuta fue congelada en San Lázaro, para que el de Atlacomulco pudiera presentar su iniciativa de Comisión Nacional Anticorrupción, de la que los analistas han señalado sus omisiones y su falta de claridad para combatir este problema en México.

Por ello los gringos advierten a sus ciudadanos que no visiten 19 estados en manos de los criminales; dos tercios ¿y la Conago?

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