OPINIÓN: ¿QUÉ GRUPO PARLAMENTARIO DEL EDOMEX LE PONDRÁ EL CASCABEL A LOS CORRALONES?

REPORTEROS EN MOVIMIENTO

JUAN LÁZARO SANTIAGO

En el estado de México son intocables los corralones concesionados por el mismo gobierno estatal, que de alguna forma ha protegido ese tipo de negocios en los cuales están amafiados funcionarios de la Secretaría de Transporte, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM) con los concesionarios, para “desplumar” a los automovilistas o transportistas que llegan a caer en su poder.

Hay historias, miles de historias de mexiquenses, que de alguna u otra forma han sido víctimas de los concesionarios de los corralones y sus cómplices. Muchas veces tienen que pagar miles de pesos para poder liberar sus vehículos que con trabas burocráticas se quedan el mayor tiempo en esos “desplumaderos”, con el único fin de esquilmar lo más que se pueda al propietario de algún vehículo.

Otros, prefieren dejar abandonados sus autos o camiones en los corralones porque los cobros son excesivos –llegan a deber 25 mil o 50 mil pesos por los años que pasa el automotor encerrado-, lo que ha originado que con el paso del tiempo queden en calidad de chatarras.

Para ilustrar les platicare dos casos: Juan Sánchez, un automovilista de Valle de Chalco, fue alcanzado por otro vehículo que se salió de la autopista México-Puebla, a la altura de Puente Rojo.

El vehículo accidentado cayó sobre el auto Tsuru de Juan Sánchez, quien no tenía nada de responsabilidad, al contrario fue víctima de un percance vial; sin embargo, su auto fue trasladado al corralón de Tlalpizahuac, donde, después de dos meses que duró el problema legal, ya le debía al corralón más de lo que valía su auto compacto.

Y como no tenía suficiente dinero para sacar su vehículo del corralón, tuvo que abandonarlo y ahora, se traslada en autobús de su fuente laboral a su hogar en el municipio de Valle de Chalco.

Otro caso de un transportista de Texcoco, que por ser detenido en la carretera Texcoco-Lechería en un operativo policiaco, le dijeron que su camión tortón “era robado” y lo enviaron al corralón.

El litigio duró más de seis meses en la fiscalía de Texcoco y después en Tlalnepantla, donde le exigieron diferentes “mordidas” para agilizar el trámite; sin embargo, pasaron los meses y cuando se dio cuenta ya le debía más de 25 mil pesos al corralón.

Tuvo que desembolsar esa cantidad, ya que su camión tortón valía más de un millón de pesos y lo necesitaba para su negocio de transporte de materiales.

Ambos mexiquense fueron víctimas de esa cadena de corrupción entre los concesionarios de los corralones y funcionarios del gobierno del estado de México que lo único que buscan es ampliar sus ganancias con los “entres” o “mochadas” que les dan los propietarios de los corralones.

Ese negocio es ampliamente conocido hasta en los primeros círculo del gobernador Eruviel Ávila Villegas, donde la corrupción es “En Grande”, ya que es parte del engranaje de los negocios ilícitos que se desarrollan al amparo del poder público.

Y el comentario viene al caso porque recientemente se realizó un operativo policiaco en el corralón de los Reyes la Paz, en Grúas Castillo, donde supuestamente había 60 vehículos reportados como robados y se detuvieron a 21 personas, todos trabajadores del corralón, pero ningún miembro de la familia Castillo, dueños de esa concesión.

Algunos lectores de reporterosenmovimiento.wordpress.com, se alegraron de ese operativo porque ese corralón de mala fama, era uno de los que más abusaba de los automovilistas; otros, informaban que durante 20 años Grúas Castillo, se había enriquecido con tantas transas contra los propietarios de vehículos.

Pero además, también un ciberlector, dejó un dato que llamó la atención: Grúas Castillo, como otros concesionarios de corralones, “le entraban” o “pagaban renta” a la PGJEM, por protección u complicidad.

Los concesionarios de Grúas Castillo creen que el operativo es más político que de una investigación seria para detectar vehículos robados, pero en fin, los que se sacaron la foto del operativo fueron el secretario de Seguridad Ciudadana, Salvador Neme y el procurador Miguel Ángel Contreras Nieto, quienes presumieron de un operativo que cayó en la inmediata sospecha de que solo era un pretexto.

Pero también resultó irónico ese llamado operativo policiaco, ya que presumieron que localizaron 60 autos con reportes de robo; sin embargo, es público que en ese corralón y en otros, todos los días, se cometen ilícitos y abusos contra los automovilistas.

Los robos son diarios en los accesorios de los autos hasta en el chantaje de los policías ministeriales cuando le dan largas a una investigación para no liberar aún vehículo, incluso, los que están en calidad de recuperados por robo, los dueños no los pueden recuperar si antes no entregan una “mochada” a peritos o agentes ministeriales de la PGJEM.

.Antes de que Eruviel Ávila llegara al poder estatal, era común y abierta la complicidad de elementos de la antigua Agencia de Seguridad Estatal (ASE) con los concesionarios de corralones, ya que con cualquier pretexto, llevaban autos al corralón para llevarse su “tajada” o extorsionar al automovilistas hasta por 10 mil pesos, según el caso.

Esta situación duró en los últimos gobiernos de Ignacio Pichardo Pagaza, Emilio Chuyfet Chemor, César Camacho Quiroz, Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto, quienes no movieron ni un dedo, para evitar tanta extorsión en las carreteras mexiquenses.

Hay que reconocer que Eruviel Ávila recogió esas quejas durante su campaña política como candidato a gobernador y en su primer año de gobierno, logró que se evitara tanta “ratería” en las vialidades y corralones que obligó a evitar que los policías estatales usaran los corralones para sus extorsiones, pero no se terminó la corrupción.

Su plan tuvo éxito de manera temporal, pero luego las mafias internas en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se dieron a la maña de utilizar el pretexto de ser “policías del transporte” para seguir sus actividades ilícitas, pero de manera más discreta.

La extorsión en las carreteras mexiquenses sigue vigente, con diferentes modalidades, porque la corrupción en el gobierno de Eruviel no se puede evitar, por más que quiera un gobernador.

Ahora, toca a los legisladores mexiquenses –de todos los partidos políticos- terminar con los abusos y las complicidades en los corralones, donde en verdad, los concesionarios se hacen millonarios con el pretexto de la “guarda” de autos ordenados por diferentes dependencias del gobierno estatal.

Pregunto: ¿Qué grupo parlamentario le pondrá el cascabel a los corralones?

Es momento que los señores diputados reflexiones sobre la situación de los corralones ¿Vale la pena que estén en poder de algunas familias ligadas al poder político? ¿No será posible que esos ingresos económicos que generan los corralones sean para el mismo gobierno estatal o para los municipales para fortalecer sus finanzas? ¿Vale la pena que ese negocio sea compartido con funcionarios estatales que dan largas a la solución de accidentes automovilísticos, robos de autos o vehículos investigados para que los propietarios paguen más de sus capacidades económicas?

¿Por qué que no se plantea la necesidad de hacer públicas las listas de los autos encerrados en un corralón? ¿Saben que preguntaban los ciberlectores de reporterosenmovimientos.wordpress. com ¿No estará mi auto en ese corralón? Cuando se hizo el operativo en los Reyes la Paz.

PARA EL ARCHIVO…

Como un claro ejemplo de la corrupción institucional en las secretarías, les dejo un dato: Fernando Ángel Sánchez Gática, quien ocupa la dirección general de Operaciones del Transporte en la Zona IV, es uno de los más viejos funcionarios de la Secretaria del Trabajo; él estuvo más de 10 años en la delegación de Nezahualcóyotl, donde hacía pingues negocios.

Uno de ellos que fue denunciado en su oportunidad, fue que junto con Zoila Bautista Cruz, de la agrupación Siglo XXI, falsificaron firmas de personas que habían fallecido para apoderarse de sus concesiones en el municipio de Ixtapaluca.

La investigación quedó radicada en la averiguación previa Ixta/1684/2012 iniciada por la señora Irene Salazar Díaz, viuda del trabajador del volante, Rubén Ortega Sánchez, quien falleció en el 2005, pero según documentos, “vendió su concesión en el 2008” gracias a las triquiñuelas de Gática.

Este funcionario, al igual que otros, seguirán con su misma dinámica de corrupción en el estado y en la Secretaría del Transporte, donde recién llegó Ismael Ordoñez Mancilla, un político del sistema priista, no hará nada para sacudirse de este tipo de funcionarios.

. Otro dato, José Manzur, dueño de las grúas Manzur, está ligado al poder político del estado de México, llegó a coordinar la Legislatura local y ahora es coordinador del grupo parlamentario del PRI en San Lázaro. Las grúas y el dinero que se genera en ese tipo de negocios dan poder.