SAN LÁZARO: Políticas educativas en México cometen un verdadero Juvenicidio

*Políticas educativas en México cometen un verdadero Juvenicidio

* Presupuesto de Egresos debe garantizar sana alimentación

* Fugas de presos por corrupción en penales estatales: PAN

 

Es necesario garantizar constitucionalmente el derecho a la educación universitaria para todos los jóvenes de México, de manera obligatoria y gratuita, de otra manera se está cometiendo un “Juvenicidio” al marginar a este sector de ese derecho universal, afirmó Roxana Luna, al presentar una iniciativa que reforma el artículo 3° de la Constitución Política.

Con su propuesta, busca establecer que todo individuo tiene derecho a recibir educación, incluyendo el nivel superior, que impartirá el Estado de manera obligatoria y gratuita desde las instituciones autónomas y públicas.

Mencionó que sólo 10% de los matriculados en el sistema educativo nacional llega al nivel superior; destacó que entre 1980 y 1995, la matrícula pública de este nivel creció 49%, mientras que la privada lo hizo en 177.3.

De acuerdo con la UNAM, la actual cobertura en su nivel universitario es de apenas 33%, pero requiere llegar al 40%, ante la creciente demanda de espacios.

Informó que existen cuatro millones de jóvenes entre los 16 y 23 años excluidos de la educación media superior y superior, e indicó que este segmento de la población representa cerca de la quinta parte del total de habitantes.

La política educativa aplicada hasta ahora “ha cerrado las puertas a la educación de millones de jóvenes. Les ha arrebatado la esperanza. Esta política es de verdadero juvenicidio”, afirmó Luna Porquillo.

Lo anterior, agregó, produjo más de 11 millones de migrantes mexicanos en 2011.

Según la UNAM, de los más de 16 millones de jóvenes en edad de trabajar, millón y medio no encuentran empleo. De cada diez egresados universitarios, sólo siete obtienen un empleo.

Al referirse a la distribución del gasto educativo, aseguró que los gobiernos de los estados de Coahuila, México, Sonora, Veracruz, Quintana Roo, Jalisco, Baja California asignan el 50% del subsidio público a sus universidades.

En contraste, resaltó que Puebla asigna el 28% y Yucatán el 15%, lo cual refleja la diversidad de criterios en torno al apoyo a la educación superior.

La legisladora expuso que el Presupuesto de Egresos de la Federación contiene el Fondo para ampliar y diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior, cuyos recursos en 2012 fueron absorbidos en 55.1% sólo por siete universidades estatales.

La reforma turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales indica que corresponderá ahora a los integrantes de la LXII Legislatura recuperar la educación superior que imparte el Estado.

Recordó que la Auditoría Superior de la Federación reveló que en el informe de la Cuenta Pública de 2010 se establece que será hasta 2043 cuando se alcanzará la cobertura universal de la enseñanza media superior, lo que implica un retraso de 22 años respecto a lo que ordena la reforma constitucional en la materia.

 

SANA ALIMENTACIÓN

Es necesario crear un fondo en el PEF2013 para subsidiar la tortilla de maíz, ante el aumento de 38% de su precio en los últimos cuatro años, demandó el tricolor Héctor García García, por lo que exhortó al Ejecutivo Federal a que lo envíe en su propuesta, ya que según la Confederación Nacional de Productos Agrícolas de Maíz de México, el precio de este alimento pasó de 8 a 12, y hasta 14 pesos por kilo, en las grandes ciudades.

“Antes, a todos los mexicanos les alcanzaba para comprar 7.22 kilos de tortilla con el salario mínimo, mientras que para 2012 sólo pueden adquirir 5.19 kilos. El maíz y la tortilla son productos que nunca deben faltar en la mesa de los mexicanos”, agregó.

Precisó que en el primer trimestre de 2012, la tortilla aumentó de precio en 5.3% tan sólo en la Ciudad de México, porcentaje “muy superior al incremento salarial”.

García García resaltó que el progreso de México se encuentra muy ligado al bienestar social, por lo que no se puede hablar de un Estado de derecho cuando los ciudadanos no satisfacen sus necesidades mínimas de alimentación.

Mencionó que es fundamental retomar el Programa “Tortilla”, con la finalidad de beneficiar a la mayor cantidad posible de ciudadanos con un gasto máximo por kilo de 13 pesos.

Lo anterior, afirmó, “tomando como ejemplo que cada familia consuma un kilo cada dos días; el costo sería de 200 pesos por mes y dos mil 400 pesos por año; multiplicarlo por uno, dos, cinco o diez millones de personas, representaría un porcentaje mínimo en el total del Presupuesto de Egresos de la Federación”.

El diputado del PRI destacó que en los últimos años el alza en los productos de la canasta básica como luz, gasolina y gas natural han afectado a quienes ganan el salario mínimo.

Refirió que el Programa “Tortilla”, aplicado en 1984, tenía por objeto subsidiar el precio: para 1987 se logró beneficiar a más de un millón 83 mil 333 familias de escasos recursos. Sin embargo, agregó, el Programa fue cancelado en 2003 y se dejó sin apoyo a miles de familias.

Los costos operativos y la reducción de su presupuesto propiciaron la desaparición del Programa “Tortilla”. En 2000 tenía un presupuesto de mil 609 millones de pesos mientras que para 2003, fue sólo de 200 millones.

Ante la actual situación, subrayó, es necesario implementar una estrategia urgente para ayudar a que los ciudadanos ejerzan su derecho a una sana alimentación.

 

CORRUPCIÓN EN PENALES

En el actual sexenio de Felipe Calderón se han fugado más de mil presos de penales estatales y tan solo en el 2010, la cifra fue de 318 reos evadidos, afirmó el diputado bicolor Marcelo de Jesús Torres Cofiño, todo esto producto de la corrupción que es el común denominador detrás de estas fugas.

Por ello exhortó a los gobiernos estatales y del Distrito Federal para que establezcan medidas de seguridad más eficaces, así como constante vigilancia de los mandos penitenciarios.

Mencionó que para fugarse “los reos cuentan casi siempre con la complicidad de custodios corruptos y directores de penales ausentes o cómplices, que permiten estos hechos”.

Consideró inaceptable enfrentar una fuga por la “incapacidad y opacidad que se vive dentro de estas cárceles”.

Torres Cofiño enfatizó que la severa crisis del sistema penitenciario mexicano es producto de la falta de espacio y de la inadecuada impartición de la justicia. Se necesitan autoridades honestas y comprometidas con la protección de los mexicanos y no de los delincuentes, subrayó.

Sin embargo, aclaró que las fugas no se dan por sobrepoblación de los penales, ya que las entidades con mayor número de presos en custodia no presentan este tipo de situaciones.

Destacó la importancia de agilizar la construcción de más penales pero también garantizar que los custodios y autoridades encargadas de estos centros de rehabilitación sean funcionarios confiables, debidamente certificados en cada estado.

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