EDOMEX CON MAYOR PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN EL PAÍS

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México • Uno de cada tres hogares mexicanos fue víctima de algún delito en 2011, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El estudio revela que costo de la inseguridad y el delito ascendió a 211.9 mil millones de pesos, es decir, 1.38 por ciento del PIB. El monto representa también el doble del presupuesto que ejercen las cuatro instancias de gobierno encargadas de seguridad.

Este año las secretarías de Marina, de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República recibieron recursos por 119.9 mil millones de pesos. En tanto, Educación Pública tuvo 238.8 mil millones de pesos.

El INEGI precisó que 71.1 por ciento de los 211.9 mil millones de pesos son pérdidas económicas por delitos ocurridos en los hogares, mientras que 24.8 por ciento (52. 4 mil millones de pesos de 2011) fueron gastos en medidas preventivas.

De esta última cifra, 21.5 por ciento de los gastos tienen que ver con cambiar o colocar cerraduras y candados, mientras que 11.8 por ciento de los hogares erogaron recursos para cambiar puertas o ventanas.

El director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, Adrián Franco Barrios, informó lo anterior al presentar los resultados de la encuesta nacional 2012.

La Envipe revela que en 2011 ocurrieron 22.4 millones de delitos del fuero común, que afectaron a 18.6 millones de personas, lo que significa que 24 por ciento de la población mayor a 18 años sufrió al alguna agresión.

En el estudio del INEGI se indica que en 91.6 por ciento de los delitos cometidos en el país durante 2011 no hubo denuncia ni se inició averiguación previa.

Destaca que 63.2 por ciento de los encuestados dijo que no presentó denuncia por deficiencias de las autoridades (principalmente pérdida de tiempo) y desconfianza en la misma.

De los delitos denunciados, 61 por ciento de los encuestados reveló que en su caso “no pasó nada” o “no se resolvió”.

A partir de estos datos se calcula que en 30.6 por ciento de los hogares del país hubo al menos una víctima de delito en 2011.

Por entidades

Respecto a la distribución de los delitos por zona geográfica, el Distrito Federal ocupa el primer lugar en número de víctimas de algún delito, con 33 mil 256 personas afectadas por cada 100 mil habitantes.

En segundo lugar está el Estado de México, con 31 mil 18 víctimas de la delincuencia por cada 100 mil habitantes, seguido de Chihuahua y Baja California, donde uno de cada tres habitantes sufrió los embates de la delincuencia.

La encuesta revela también que el Estado de México es la entidad con mayor índice de percepción negativa de inseguridad, con 84.6 por ciento de los encuestados, seguida de Chihuahua (82.7) y Morelos (81.2).

La encuesta indica que 83.1 por ciento de la población encuestada tiene una percepción negativa de las autoridades, siendo la policía de Tránsito la peor calificada. En segundo lugar está la policía preventiva o municipal (71.6 por ciento) y en tercero la Policía Ministerial o Judicial (69.7 por ciento). En todos los casos los ciudadanos aseguran que los agentes son corruptos.

Respecto a otros puntos de la encuesta, se señala que 57.5 por ciento de la población mayor a 18 años manifestó como principal preocupación el tema de la inseguridad, seguido del desempleo (49.3) y la pobreza (34).

Adrián Franco Barrios precisó, sin embargo, de entre 2011 y lo que va de 2012 la percepción de la población adulta mejoró en los niveles de “colonia o localidad”, “municipio o delegación” y “entidad federativa”.

No obstante, reconoció que la inseguridad ha modificado los hábitos de la gente, dado que 63 por ciento dejó de usar joyas para no ser víctima de algún delito, 62 por ciento ya no permite o permite menos que sus hijos menores salgan a la calle, y 55 por ciento dejó de salir de noche.

Acusan a jueces de “corruptos”

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconoció que en México existe una crisis de justicia asociada a la inseguridad, situación que debe ser superada por los Poderes de la Unión.

Cuestionado sobre la encuesta del INEGI, en la que se revela que 66.3 por ciento de la población considera que los jueces son corruptos, el ministro respondió:

“Estas encuestas, lamentablemente, no reflejan las distinciones entre diferentes tipos de jueces. Me parece que la realidad del Poder Judicial federal no es la misma que la de algunos tribunales locales.

“Incluso dentro del propio Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una función muy específica, en la que quizá si se hiciera un análisis exclusivo de su función el resultado podría ser otro.”

Durante una comida que ofreció a los medios de comunicación para anunciar que a partir del próximo lunes dejará la presidencia de la primera sala de la Corte, tras cumplir su encargo de dos años, el ministro subrayó que no se gana nada negando el valor de las encuestas, pero que hay que ser autocríticos.

“Hay que reconocer que tenemos un problema de percepción de la justicia, porque todavía tenemos una crisis de justicia aunada a la crisis de seguridad.”
(Rubén Mosso/México)