El desafío de contar a nuestros muertos

México D.F., 14 de septiembre de 2012 (Sandra Ley / LL).- En diciembre de 2006, Felipe Calderón declaró una “gran batalla contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”. Tras esta declaración, las ejecuciones se dispararon considerable y rápidamente. Ante la falta de información oficial al respecto, se han hecho grandes esfuerzos por documentar el fenómeno de la violencia  por diversas vías, desatando una guerra de cifras que hasta la fecha no ha dejado sino más preguntas.

En un inicio, los periódicos nacionales realizaron conteos de las muertes relacionadas con el fenómeno del narcotráfico. Cada semana, nos encontrábamos con tablas comparativas de las cifras de ejecuciones que registraba cada diario. Desafortunadamente, estos “reportes”  no se tradujeron en una discusión pública sobre la metodología que había detrás de estos números. ¿Cuáles son  los criterios de los periódicos para que una muerte sea considerada una ejecución atribuible al crimen organizado? ¿Y qué hay de aquellas en las que las mismas fuerzas del orden están involucradas? ¿Cuáles son los criterios de publicación de esas notas y qué tanta información puede o no un periodista proveer al respecto? En un país donde la libertad de expresión de los periodistas está en riesgo constante, las respuestas a estas preguntas no son ni simples ni evidentes.

Otras fuentes oficiales disponibles tienen mayor claridad en sus criterios, pero sus limitaciones no son menores. Por un lado está la base de defunciones por homicidios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), basada en actas de defunción, y que incluye lo mismo muertes por balas o atropellamientos. Ante la imposibilidad de desagregar las razones de muerte, esta base no nos puede decir mucho sobre las muertes resultantes por el crimen organizado. Por el otro lado, está la base de homicidios dolosos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la cual se basa en denuncias en procuradurías locales. Si bien este dato se actualiza cada mes, para que este número sea más realista y preciso, es fundamental  que los tres órdenes de gobierno suministren información completa. Sobra decir que las autoridades no siempre tienen incentivos para ser honestos al respecto.

Tomó cuatro años tener información oficial sobre el ‘saldo’ de la “batalla contra la delincuencia”. El 12 de enero de 2011, Alejandro Poiré, entonces Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional y Vocero en materia de seguridad, presentó la “Base de Datos de Presuntos Homicidios Relacionados con la Delincuencia Organizada”. Esta base engloba fallecimientos resultantes de ejecuciones[1], enfrentamientos (contra la autoridad y entre delincuentes)[2] y agresiones hacia la autoridad[3]. La información proviene de diferentes instancias como las secretarías  de  Defensa  Nacional,  Marina,  Seguridad  Pública  Federal  y  Gobernación. A su vez, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) concentra toda la información,  realiza los procesos de captura y la valida.