• El Grupo Parlamentario del PVEM (GPPVEM), coordinado por el diputado Alberto Couttolenc, propuso al Congreso mexiquense establecer que los ‘corralones’ concesionados se hagan responsables de las afectaciones a los vehículos bajo su resguardo.
• La iniciativa presentada por el parlamentario Isaías Peláez (PVEM) plantea que las personas concesionarias del servicio de grúas trasladen directamente los automotores al depósito autorizado más cercano al lugar donde se haya solicitado, sin realizar desvíos o escalas injustificadas.
• La propuesta expone que, entre 2023 y junio de 2026, la Secretaría de Movilidad recibió mil 346 inconformidades relacionadas con tarifas excesivas, dificultades para liberar unidades de los depósitos, daños, extorsión y robo de autopartes.
A nombre del Grupo Parlamentario del PVEM, el diputado Isaías Peláez Soria propuso al Congreso mexiquense establecer que las personas concesionarias de ‘corralones’ sean responsables de las afectaciones a los vehículos bajo su resguardo, no los retengan por causas distintas a las legales y se abstengan de aplicar cobros no autorizados.
Además, propuso que, en el servicio de grúas, se remitan directamente los automotores al depósito autorizado más cercano al lugar donde se haya solicitado el servicio, sin realizar desvíos o escalas injustificadas; se entregue factura fiscal por su prestación, con el desglose de conceptos y costos; y no se exijan a las personas usuarias contraprestaciones distintas de las autorizadas.
Al exponer en sesión deliberante la iniciativa de la bancada coordinada por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, el parlamentario Isaías Peláez reconoció que la entidad cuenta con disposiciones para regular estos servicios, aunque existen áreas de oportunidad para fortalecer su aplicación.
Detalló que, entre 2023 y junio de 2026, la Secretaría de Movilidad recibió mil 346 inconformidades por cobros excesivos, dificultades para liberar vehículos, daños, extorsión, robo de autopartes y desaparición de unidades.
Para el congresista, se trata de un problema que afecta directamente la economía, el patrimonio y la tranquilidad de las familias mexiquenses.
La iniciativa para reformar el Código Administrativo estatal dispone que los depósitos vehiculares serán responsables de los daños, deterioros, faltantes de autopartes, accesorios u objetos inventariados que se produzcan durante el tiempo en que el vehículo se encuentre bajo su custodia, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan.
Asimismo, establece que no podrán condicionar, retrasar o impedir la entrega del vehículo por conceptos, requisitos o pagos distintos de los previstos en la legislación y las tarifas autorizadas; que solo podrán cobrar los conceptos y montos autorizados en las tarifas vigentes y deberán entregar a las personas usuarias un desglose de cada cargo.
Igualmente, deberán prestar el servicio con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, integridad, transparencia, imparcialidad y respeto a los derechos de quienes lo requieran.
En cuanto al servicio público de arrastre y salvamento, establece que se realice sin desvíos, escalas o traslados adicionales que no se encuentren debidamente justificados y autorizados por la autoridad competente, sin costos adicionales y registrando la fecha, hora y lugar de ingreso al depósito correspondiente.
Por último, establece que las personas concesionarias extiendan factura fiscal en la que se desglosen los conceptos y tarifas, así como, en su caso, impuestos retenidos, correspondientes exclusivamente a los conceptos y montos autorizados por la autoridad; y se abstengan de exigir, solicitar o recibir de las personas usuarias cantidades, dádivas, gratificaciones o cualquier otra contraprestación distinta de las tarifas, cuotas y conceptos legalmente autorizados.
https://www.congresoedomex.gob.mx/boletines/36e0df25-3493-4887-89b5-3c91d64cc7d9
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