Denuncian gaseros presunta extorsión y amenazas de servidores públicos de la FGR en el oriente del Edoméx

Denuncia Ciudadana.

Por. Juan Lázaro / Reporteros en Movimiento. Com.
Por. Reporteros en Movimiento. Com.
17:55 hrs.
Toluca, Estado de México, 08 de septiembre de 2026.- Empresarios y ciudadanos vinculados al sector gasero de la zona oriente del Estado de México denunciaron públicamente una presunta red de extorsión, amenazas y abuso de autoridad que, aseguran, involucraría a servidores públicos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Por temor a posibles represalias, los denunciantes solicitaron mantener su identidad y la de sus empresas bajo reserva. Señalaron que la situación se habría extendido, particularmente, a municipios como Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz, Chalco y Valle de Chalco, donde aseguran que han recibido presiones relacionadas con investigaciones ministeriales y posibles cateos.

De acuerdo con el testimonio entregado a este medio, de Reporteros en Movimiento, desde hace más de un año presuntamente se les han solicitado cantidades de dinero a cambio de evitar acciones ministeriales en sus inmuebles.
Los denunciantes identifican entre los servidores públicos que, según su versión, estarían relacionados con estos hechos a Sheila Ollervides Escobar, a quien señalan como agente del Ministerio Público Federal en la zona de Texcoco, así como a Prisco Adelfo Cortés Cruz, a quien atribuyen una relación jerárquica con la funcionaria.
Estas acusaciones, hasta el momento, no han sido acreditadas públicamente mediante una resolución judicial, ni por una investigación oficial dada a conocer por las autoridades, por lo que corresponde a las instancias competentes determinar si existe responsabilidad administrativa o penal.
Sin embargo, existe constancia pública de que Prisco Adelfo Cortés Cruz se desempeña como funcionario de la FGR en la zona oriente y ha participado durante 2026 en actividades de capacitación dirigidas a policías municipales. Recientemente impartió, junto con otro agente del Ministerio Público Federal, una capacitación a elementos de seguridad de Los Reyes La Paz sobre actuación del primer respondiente, flagrancia y elaboración del Informe Policial Homologado.
Los empresarios sostienen que precisamente esta circunstancia les genera preocupación, pues consideran contradictorio que funcionarios encargados de promover la capacitación y el respeto a los procedimientos legales sean señalados por ciudadanos por presuntas prácticas de intimidación y abuso.
En su denuncia, los afectados aseguran contar con mensajes, comunicaciones, registros de visitas y diversa documentación que, afirman, permitiría respaldar sus acusaciones y que estaría bajo resguardo para ser presentada ante las autoridades correspondientes.
También aseguran que, después de haber recurrido a las instituciones para denunciar lo que consideran actos de extorsión, las presuntas amenazas y presiones se habrían incrementado.
“Tenemos evidencia y documentación de los hechos”, señalaron los denunciantes, quienes manifestaron temor de que hacer públicos sus nombres pueda poner en riesgo su integridad y la de sus familiares.
Los empresarios afirman que su intención no es obtener privilegios, sino poder desarrollar sus actividades comerciales dentro de la legalidad y sin ser presionados por funcionarios que, de acuerdo con su denuncia, estarían utilizando su posición para intimidarlos.
“Nuestro delito no es querer salir adelante. Nuestro delito no es emprender”, expresaron.
Ante la gravedad de los señalamientos, solicitaron a las autoridades federales realizar una investigación seria, imparcial y transparente, así como establecer mecanismos para garantizar la seguridad de los denunciantes y sus familias.
También pidieron que, en caso de acreditarse alguna conducta irregular, se determine la responsabilidad de los servidores públicos involucrados y se evite cualquier acto de represalia contra quienes decidieron denunciar.
La denuncia ocurre además en un contexto en el que la FGR mantiene presencia y actividades de coordinación con corporaciones municipales de seguridad en distintos municipios del oriente mexiquense. En febrero pasado, por ejemplo, la Fiscalía participó en capacitaciones a policías de Los Reyes La Paz, mientras que posteriormente se realizaron actividades similares en municipios como Chicoloapan.
Por ahora, no existe información pública que permita confirmar las acusaciones de extorsión formuladas por los empresarios, por lo que serán las autoridades competentes las que deberán investigar la autenticidad de las evidencias que dicen tener, así como determinar si existieron amenazas, cobros indebidos, abuso de autoridad o cualquier otra conducta constitutiva de delito.
Los denunciantes insistieron en que decidieron hacer pública su inconformidad porque, aseguran, guardar silencio únicamente permitiría que las presuntas prácticas continuaran.