Por. Raymundo Medellín.
06 de mayo de 2026.
El delincuente Rubén Rocha Moya pidió licencia y no se le detiene, la salida del gobernador de Sinaloa no tiene origen en alguna acusación de las autoridades mexicanos, tuvo que ser bajo la presión de los Estados Unidos que lo pidieron para enjuiciarlo allá; los aplaudidores de la 4T afirman que no se le puede detener porque sigue teniendo fuero.
Pues pueden seguir aplaudiendo como focas, pero en la realidad el llamado “fuero”, en referencia al gobernador con licencia, Rocha Moya y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, perdieron el fuero, ya que este es una garantía que aplica únicamente durante el ejercicio del cargo, con el objetivo de evitar procesos penales sin autorización previa de la Cámara de Diputados, de acuerdo con el artículo 111 constitucional.
El fuero es una protección, pero no es para la persona, sino para la función pública, por ello, al solicitar licencia Rocha Moya y dejar de ejercer el cargo como servidor público en el gobierno de Sinaloa, pierde dicha inmunidad.
En ese sentido, quienes se separan de su puesto, pueden ser sujetos a detención y a procesos legales como cualquier ciudadano, al ya no contar con esa protección constitucional.
Existen precedentes del Poder Judicial que respaldan esta interpretación y ayuda a corregir versiones imprecisas difundidas en algunos medios sobre el alcance del “fuero”.
Cuando un país solicita la extradición, el país que recibe la solicitud lleva a cabo la detención provisional con fines de extradición, si ésta se encuentra fundada, entonces se procede a la detención y se abre un plazo de 60 días para entonces sí, poder formalmente presentar la solicitud formal de extradición.
Pero ¿Por qué el gobierno mexicano no lleva a cabo la detención de Rocha Moya y lo sujeta a una investigación?
La única respuesta sería que es porque se quiere seguir protegiendo a varios narcopolíticos relacionados con las mafias del crimen organizado, al respecto la presidenta con “a” Claudia Sheinbaum ha pedido que toda acusación que haga el gobierno de los Estados Unidos, aporte pruebas contundentes, pero las pruebas son más que evidentes y que el simple señalamiento debería ser motivo de investigación, por parte de la Fiscalía General de la República.
Para las autoridades mexicanas no significa gran cosa el que durante la gestión del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, los homicidios dolosos, la extorsión y las desapariciones registraron un considerable aumento.
En 2022 hubo 478 víctimas, mientras que, en 2025, mil 656, un aumento de mil 178.
De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el último bimestre de 2021 se documentaron 86 víctimas; en 2022, 478; en 2023, 531; en 2024, 994; en 2025, mil 656, y en el primer trimestre de 2026, 293. Es decir, en promedio mensual son privadas de la vida 76 personas.
Se hace necesaria una intervención federal más efectiva en las áreas de gobierno, seguridad y justicia, para garantizar la estabilidad del estado de Sinaloa y de gran parte del país, porque se está provocando una posible intervención militar de Estados Unidos, al estilo Venezuela con Nicolás Maduro… Ya lo hicieron con Ismael El Mayo Zambada de una manera más clandestina, al estilo de la Agencia Central de Inteligencia. En México a Rocha Moya el gobierno le puso seguridad para evitar un atentado, cuando lo que merece es ser procesado en los Estados Unidos.
Y que no vengan que hay que defender la soberanía de México, porque en la actualidad los últimos gobiernos entregaron la soberanía al crimen organizado.
Es lamentable que los mexicanos, salvo los de la 4T, vean como una esperanza para la tranquilidad del país a Donald Trump, pero a eso han llevado a los mexicanos los gobiernos de Andrés Manuel López obrador y Claudia Sheinbaum.
Y ahí viene otra bomba por parte de los Estados Unidos, ya que Simón Levy presentó una denuncia en contra de la presidenta con “a” y afirma haber aportado todas las pruebas necesarias.
Ya veremos.