14:14 p.m. horas
#Ciudad de México — Las autoridades han endurecido las medidas legales contra quienes distribuyan agua potable mediante pipas sin contar con los permisos correspondientes. De acuerdo con la nueva disposición, cualquier persona que incurra en esta práctica será sancionada con penas que van de dos a seis años de prisión, además de multas que oscilan entre cincuenta y doscientos días.
La medida busca frenar el crecimiento de redes informales de distribución que operan sin supervisión técnica ni garantía de calidad sanitaria. Según expertos, el uso de pipas sin dictamen de factibilidad representa un riesgo para la salud pública, especialmente en zonas con escasez hídrica donde la población depende de estos servicios.
El dictamen de factibilidad y el permiso de distribución deben ser expedidos por la autoridad competente, y su ausencia constituye una violación a la normativa vigente. Las autoridades han señalado que se intensificarán los operativos de inspección y que se aplicará la ley con rigor para garantizar el acceso seguro al agua.
Organizaciones civiles han celebrado la medida como un paso hacia la regulación efectiva del suministro en contextos vulnerables, aunque también han pedido que se acompañe de estrategias de inclusión para pequeños distribuidores que operan por necesidad.
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